Entre el lunes 22 y el jueves 25 de junio, cuatro decisiones judiciales federales bloquearon de manera sucesiva pilares centrales de la estrategia del gobierno para incrementar el control federal sobre las elecciones legislativas de noviembre de 2026. El lunes 22 de junio, la jueza Sparkle Sooknanan en Washington emitió un fallo que bloqueó el uso del sistema SAVE como herramienta electoral. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había reconvertido ese sistema federal de verificación de ciudadanía e inmigración —en uso desde 1986— para que los estados pudieran cruzar sus padrones de votantes con datos de la Seguridad Social e identificar posibles no ciudadanos. Sooknanan determinó que el gobierno “transgredió deliberadamente los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una forma que amenaza el sagrado derecho al voto” y que el sistema presentaba inexactitudes que habían llevado a la cancelación indebida del registro de ciudadanos naturalizados.

El miércoles 24 de junio, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito rechazó por dos a uno los pedidos del Departamento de Justicia de acceder a los padrones electorales no redactados de Míchigan —incluyendo números parciales de Seguridad Social y fechas de nacimiento—, marcando la primera derrota del gobierno en un tribunal de apelaciones en diez casos consecutivos perdidos desde que inició en 2025 su campaña contra estados que se negaron a entregar sus datos electorales. Ese mismo día, la jueza Denise Casper en Boston bloqueó de manera permanente el primer decreto electoral de Trump (de marzo de 2025), que exigía prueba de ciudadanía para registrarse a votar; su fallo determinó que la Constitución “no otorga al Presidente ningún poder específico en materia electoral”.

El jueves 25 de junio llegó el golpe más directo sobre las elecciones de noviembre: la jueza Indira Talwani, también en Boston, bloqueó el segundo decreto electoral de Trump (de marzo de 2026), que instruía al Departamento de Seguridad Nacional a elaborar listas federales de votantes habilitados y al Servicio Postal a entregar boletas de voto en ausencia únicamente a quienes figurasen en ellas. En una resolución, Talwani, al igual que Casper, estableció que la Constitución no otorga al presidente poderes sobre las elecciones y que ninguna ley del Congreso delega al Servicio Postal la autoridad de controlar el voto por correo; la medida cautelar cubre 23 estados y el Distrito de Columbia que demandaron al gobierno. La decisión llegó un día después de que el director del Servicio Postal, David Steiner, revelara ante el Congreso que la agencia se negaría a entregar boletas electorales en los estados que se negaran a compartir sus padrones con el gobierno federal, exponiendo por primera vez en un testimonio público el alcance real del decreto. En paralelo, y como señal del peso político que el presidente asigna a su agenda electoral, Trump canceló la firma de la ley de vivienda bipartidista conocida como 21st Century ROAD to Housing Act —aprobada con amplias mayorías en ambas cámaras— hasta que el Congreso no apruebe primero la SAVE America Act, que impondría requisitos de identificación y prueba de ciudadanía para votar; en redes sociales, Trump calificó esa condición de “emergencia nacional”.