En menos de una semana, dos operativos de detención vehicular del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dejaron dos hombres muertos en estados distintos. El martes 7 de julio, agentes del ICE mataron a Lorenzo Salgado Araujo, un albañil mexicano de 52 años que llevaba más de tres décadas viviendo en Houston. El lunes 13, un episodio similar ocurrió en Biddeford, Maine: Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años con autorización de trabajo y número de seguridad social, murió al intentar huir de un control vehicular del ICE. En ambos casos, la agencia argumentó que actuó en legítima defensa; las personas fallecidas no eran el objetivo de los operativos y los agentes no portaban cámaras corporales.
Los dos incidentes forzaron una medida inusual: el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ordenó el martes 14 de julio la suspensión de la mayoría de los controles vehiculares para revisar procedimientos. La pausa duró menos de 24 horas. El miércoles 15, el presidente Donald Trump revirtió la directiva vía Truth Social y ordenó al ICE retomar los controles, calificándolos de “una de las herramientas más importantes y efectivas” de la agencia. Mullin respaldó la posición presidencial de inmediato.
La respuesta política fue heterogénea. Los demócratas reclamaron investigaciones independientes y cuestionaron que el ICE recibiera miles de millones en el presupuesto sin equipar a sus agentes con cámaras. Pero también la senadora republicana Susan Collins, de Maine, mantuvo su llamado a detener los controles “no violentos” incluso tras la reversión de Trump. Las fiscalías de Maine y del condado de Harris, en Texas, abrieron investigaciones independientes.
Los dos casos se inscriben en un patrón de incidentes similares: entre julio de 2025 y enero de 2026 se registraron más de una docena de situaciones en las que agentes del ICE dispararon contra personas dentro de vehículos. El debate sobre los límites del uso de la fuerza en operativos migratorios (agravado por la ausencia sistemática de cámaras y la negativa de la agencia a divulgar sus tácticas) se consolida como uno de los flancos más sensibles de la política migratoria de Trump en su segundo mandato.
