Human Rights Watch (HRW) documentó en un informe de 105 páginas titulado “Una alianza peligrosa” graves violaciones de derechos humanos vinculadas a la profundización de la cooperación en seguridad entre Ecuador —donde rige un estado de conflicto armado interno— y Estados Unidos. Entre el 1 y el 6 de marzo, fuerzas militares ecuatorianas realizaron una operación conjunta con Washington en la comunidad fronteriza de San Martín, donde soldados incendiaron tres propiedades, bombardearon dos de ellas, detuvieron arbitrariamente a cuatro trabajadores de una finca lechera y los torturaron. “Me torturaron con electricidad, con un taser (…) me desmayé dos veces al menos», relató una de las víctimas a la organización, que no halló evidencia creíble de vínculos entre las propiedades destruidas y grupos armados, pese a que el jefe del Comando Sur de EE. UU., general Francis L. Donovan, calificó la operación como “profesional” ante el Senado estadounidense.

El informe documenta además el ataque con drones de origen no esclarecido contra dos embarcaciones pesqueras y la desaparición de una tercera junto con ocho tripulantes, el 20 de enero. Sobrevivientes relataron haber sido interceptados por un buque con bandera estadounidense cuya tripulación armada los entregó a la Guardia Costera salvadoreña. “La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, que pidió al Congreso estadounidense investigar el rol de Washington en ambos episodios.

El hallazgo se inscribe en un giro más amplio de la estrategia bilateral: desde que Ecuador catalogó en enero de 2024 a 22 bandas como organizaciones terroristas, la cooperación con Washington se profundizó hasta incluir una oficina permanente del FBI en Quito y la adhesión ecuatoriana a la iniciativa “Escudo de las Américas” impulsada por Donald Trump. La internacionalista Grace Jaramillo advirtió que ese cambio de enfoque —de combate al crimen organizado a “guerra contra el terrorismo”— habilita una lógica de defensa nacional antes reservada a conflictos armados, mientras el constitucionalista André Benavides alertó sobre la opacidad de autoridades que invocan la seguridad nacional para no informar. En mayo, Amnistía Internacional ya había cuestionado los cerca de 200 muertos en ataques similares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.