El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que su gobierno iniciará la derogatoria de las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura impulsada durante la administración de Gustavo Petro que restringe en ciertos territorios el desarrollo de actividades no agroindustriales como la minería o el urbanismo. La instrucción fue impartida al ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, para que una vez se posesione inicie el proceso de revisión y derogación. El nuevo Ejecutivo sostiene que la medida busca eliminar restricciones que afectan injustificadamente el uso productivo de la tierra, devolver confianza a productores e inversionistas y fortalecer la economía del campo. El anuncio se produce semanas después de que tres congresistas de su bloque enviaran una carta al ministro designado solicitando la revisión de las APPA, argumentando que estas figuras “atropellan la autonomía de los concejos municipales, el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa”, y señalando que el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 (el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro) convirtió una herramienta temporal en un poder permanente del Ministerio para decidir el uso de las tierras sin participación local.
Las APPA, creadas mediante ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, modificaron la Ley 388 de 1997 para delimitar suelos rurales de forma exclusiva a la producción de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria. La administración saliente identificó Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en regiones como La Guajira, Antioquia, Tolima y el área de Sabana Centro en Cundinamarca. Sin embargo, la aplicación de la norma generó discrepancias con gremios del sector agropecuario y autoridades locales, que señalaron restricciones a actividades productivas en municipios como Sopó y Nemocón, donde se prohíben proyectos industriales, mineros y ciertos usos del suelo rural. La controversia llegó incluso a instancias judiciales: actualmente, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional tramitan demandas que buscan determinar si el Ejecutivo vulneró la autonomía de los municipios, y el año pasado la Procuraduría pidió a la Corte declarar inexequible el artículo al considerar que desconoce las facultades de los concejos municipales.
La decisión, sin embargo, no ha estado exenta de una fuerte reacción oficialista. El presidente Gustavo Petro calificó la medida como “política de la muerte”, advirtiendo que la eliminación de las zonas de protección ocurre justo cuando se avecina una megasequía que afectará la producción de alimentos, y señaló que el objetivo real sería abrir las tierras a la minería del carbón, el cobre y el oro. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se sumó a las críticas al afirmar que la derogatoria representa un primer paso hacia una “contrarreforma agraria”, mientras que la exministra de Agricultura, Martha Carvajalino, rechazó que se revoque “la protección del suelo agropecuario”. El gobierno entrante de De la Espriella, por su parte, defiende su postura alineada con su propuesta de desarrollo rural, que otorga un papel central a la protección de la propiedad privada y al aprovechamiento de la tierra. El proceso de derogatoria comenzará una vez el nuevo mandatario tome posesión el próximo 7 de agosto en medio de un debate abierto entre quienes ven en las APPA una herramienta esencial para la soberanía alimentaria frente al cambio climático y quienes las consideran un obstáculo para la inversión y el desarrollo productivo en el campo colombiano.
