El presidente Donald Trump firmó el jueves 6 de agosto de 2026 dos órdenes ejecutivas destinadas a limitar el alcance de la ciudadanía por nacimiento y a endurecer las restricciones contra el denominado “turismo de nacimiento”. La medida llega semanas después de que la Corte Suprema, en un fallo de seis votos contra tres, rechazara el intento previo del mandatario de poner fin a la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados mediante una orden ejecutiva firmada en su primer día de gobierno.
La primera de las nuevas órdenes excluye de la ciudadanía automática a los hijos de personal que trabaja para gobiernos extranjeros en Estados Unidos, así como a quienes el gobierno clasifique como “enemigos extranjeros” o miembros de organizaciones terroristas designadas, según explicó el asesor de política interna Stephen Miller. La segunda apunta al negocio del turismo de nacimiento y prevé negar visas a personas de las que se sospeche que buscan dar a luz en suelo estadounidense únicamente para obtener la ciudadanía de sus hijos. Una tercera categoría, referida a los nacidos en territorios estadounidenses, quedó fuera de las órdenes porque requeriría antes una acción del Congreso.
Trump defendió la medida calificando el fallo de la Corte Suprema de “muy, muy desafortunado” y sosteniendo que “cientos de miles” de personas se benefician actualmente de la ciudadanía por nacimiento. Esa cifra contrasta con estimaciones citadas por analistas especializados en migración, según las cuales el turismo de nacimiento representa una porción marginal del total de nacimientos registrados anualmente en el país.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) anticipó una nueva batalla judicial: su subdirector para temas migratorios, Cody Wofsy, sostuvo que la Corte Suprema “ya decidió este tema” y que ninguna orden ejecutiva puede modificar el significado de la Constitución. Juristas y organizaciones de defensa de inmigrantes coinciden en que categorías como la de “enemigos extranjeros” ya fueron cuestionadas en tribunales inferiores en otros litigios migratorios de la administración, lo que anticipa nuevos desafíos legales antes de que las órdenes puedan aplicarse en la práctica.
