Estados Unidos envió esta semana su primer grupo de deportados a Liberia: 20 personas llegaron el jueves al aeropuerto de Roberts, cerca de Monrovia, en el marco de un acuerdo que permite a ese país recibir hasta mil 200 personas que no son ciudadanos liberianos, provenientes de África, América del Norte, América del Sur y el Caribe. Según la organización Third Country Deportation Watch, Washington ya firmó acuerdos de este tipo con al menos 35 países —14 de ellos africanos— y más de 23 mil personas fueron deportadas a 26 naciones bajo estos pactos, que abogados de inmigración cuestionan por permitir el envío de migrantes a lugares donde no tienen vínculo alguno ni garantías de seguridad.

En paralelo, Estados Unidos deportó a casi dos mil 300 mexicanos a Guatemala este año y a otros cientos a Honduras, en lugar de enviarlos directamente a México, un giro respecto del inicio de la segunda gestión de Donald Trump, cuando esos traslados eran mínimos. El Instituto Nacional de Migración de México (INM) confirmó los envíos, que ocurren principalmente desde abril y son luego trasladados en bus hacia el sur mexicano, y explicó que Washington busca así evitar que los deportados vuelvan a cruzar la frontera. La cancillería mexicana expresó formalmente su rechazo a la práctica, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que utiliza “todas las opciones legales” disponibles para su operativo de deportaciones.

A esto se sumó el fallo de un juez federal en Boston, quien el martes 18 de agosto autorizó al gobierno a terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de unos 5 mil etíopes, al levantar el último obstáculo judicial pendiente tras un fallo de la Corte Suprema en junio que había habilitado medidas similares para ciudadanos de Haití y Siria. La decisión se inscribe en una serie de fallos que ya eliminaron protecciones equivalentes para inmigrantes de Somalia, Myanmar y otros países, en momentos en que el DHS instó públicamente a los beneficiarios del TPS a abandonar el país de inmediato.