El asesinato de Alex Pretti el 24 de enero en Minneapolis, ejecutado por las fuerzas de ICE, marcó la agenda local de la semana. Un ciudadano estadounidense y enfermero de cuidados intensivos que, según su familia y videos difundidos, no estaba empuñando un arma al momento de ser reducido: sostendría su teléfono y habría intentado proteger a otra persona cuando fue rociado con gas pimienta. El episodio reactivó la crisis política y social abierta por el caso previo de Renée Good, con protestas que pasaron de la denuncia local a la coordinación nacional.
Luego apareció el relato oficial más detallado hasta ahora: un reporte de CBP (U.S. Customs and Border Protection) compartido con el Congreso sostiene que, durante un forcejeo, se oyó el grito de “tiene un arma” y dos agentes dispararon (un agente de Border Patrol y un oficial de CBP), y que luego un agente tomó posesión del arma de Pretti; el mismo documento no afirma que Pretti haya intentado alcanzar su arma, diferenciándose de caracterizaciones iniciales difundidas desde el Ejecutivo. El caso quedó bajo revisión interna y con investigación formal en curso.
El costo político inmediato fue la remoción de Greg Bovino de su rol como “commander at large” de Border Patrol y su salida de Minnesota, presentada como parte de un reacomodamiento del dispositivo federal tras la controversia por sus declaraciones públicas defendiendo el accionar de los agentes e impulsando una narrativa de amenaza que fue ampliamente discutida por la evidencia audiovisual. La Casa Blanca, además, formalizó el desplazamiento del foco operativo hacia una conducción más centralizada en la figura del “border czar” Tom Homan para el frente de Minnesota, quien planea reducir las operaciones.
El frente judicial escaló en conjunto con el clima social: un juez federal en Minnesota ordenó que el director interino de ICE, Todd Lyons, comparezca personalmente para explicar por qué no debería ser declarado en desacato por presuntos incumplimientos de órdenes judiciales ligados a detenciones y litigios derivados del operativo. En paralelo, se convocaron paros, walkouts y protestas coordinadas para el viernes 30 de enero en decenas de estados, mientras ICE emitió guía interna para evitar la “interacción innecesaria” con “agitadores”.
