El Senado de Brasil prepara un nuevo proyecto de ley sobre crímenes de responsabilidad aplicables a ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) y otras autoridades, incluido el presidente de la República. El movimiento responde a una decisión reciente del ministro del STF Gilmar Mendes, quien consideró inconstitucionales partes de la Ley del Impeachment. Su fallo blindó a los ministros de procesos de destitución al elevar el quórum necesario para abrir un proceso y al establecer que únicamente el procurador general de la República puede presentar pedidos de impeachment contra ellos.
La actual conducción del Senado, encabezada por Davi Alcolumbre (Unión Brasil-AP), pretende llevar la iniciativa a votación antes del receso parlamentario. Para ello, Alcolumbre dialogó con el senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator del proyecto, con el objetivo de que presente su parecer en los próximos días. La expectativa es que el texto sea debatido en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) la semana próxima.
Entre los aspectos controversiales que frenaron la discusión se encuentra la propuesta de fijar un plazo para que el presidente de la Cámara de Diputados decida si acepta o rechaza una denuncia por crimen de responsabilidad contra el presidente de la República. Actualmente, los pedidos pueden permanecer indefinidamente sin despacho. El proyecto también amplía el conjunto de autoridades que pueden ser procesadas por este tipo de delito, incorporando a jueces, desembargadores y miembros del Ministerio Público. Además, habilita a partidos políticos, sindicatos y a la Orden de Abogados de Brasil (OAB) a presentar denuncias.
En paralelo, sectores de la oposición buscan reactivar propuestas de enmienda constitucional para limitar las decisiones monocráticas de los ministros del STF y para permitir que el Congreso suspenda juicios de la Corte. Sin embargo, parte de la Cámara de Diputados sostiene que es preferible avanzar sobre el proyecto de ley ya aprobado esta semana, que regula las decisiones individuales de los ministros y restringe el acceso directo de los partidos al STF.
Por otra parte, el escenario electoral hacia 2026 en Brasil muestra movimientos simultáneos en el campo jurídico-electoral y en las articulaciones políticas de la derecha. En São Paulo, el Tribunal Regional Electoral (TRE-SP) confirmó la inelegibilidad por ocho años del empresario Pablo Marçal, candidato a la alcaldía paulistana en 2024. El tribunal consideró que utilizó de manera indebida medios de comunicación mediante concursos y “cortes” con oferta de premios vinculados a la etiqueta #prefeitomarçal, lo cual configuraría ventaja económica prohibida en propaganda digital. También se mantuvo una multa de 420 mil reales por desobedecer una orden judicial. Aunque parte de sus condenas por abuso de poder económico y gastos ilícitos fue revertida, la decisión colegiada activa los efectos de la Ley de Ficha Limpia, afectando su participación en futuras elecciones —aunque aún cabe recurso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Asimismo, dentro del campo conservador avanzan definiciones sobre quién disputará la presidencia en 2026 tras la inelegibilidad y prisión de Jair Bolsonaro. Diversos líderes evangélicos han convergido en apoyar al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como principal opción competitiva. Aunque Tarcísio mantiene oficialmente su intención de buscar la reelección estatal, multiplica gestos hacia el electorado religioso, un espacio donde Bolsonaro era dominante.
Liderazgos evangélicos de alta influencia —como Estevam Hernandes, Juanribe Pagliarin, Edson Rebustini, César Augusto, Robson Rodovalho y Valdemiro Santiago— han manifestado respaldo a una eventual candidatura presidencial de Tarcísio, incluso mencionando cómo “unanimidad” en el segmento. También se discuten fórmulas posibles, como una chapa con Michelle Bolsonaro como vice, o alternativas con Tereza Cristina o Ciro Gomes. Tarcísio, católico con sólida formación bíblica y alto nivel de aceptación en iglesias pentecostales y neopentecostales, se proyecta así como el nombre más viable para canalizar el espacio bolsonarista en 2026, en un contexto en que otros gobernadores de derecha también son citados, pero sin la misma adhesión del liderazgo religioso.
A esto se suma, un nuevo revés para el bolsonarismo. La Justicia de Argentina aprobó la extradición de cinco ciudadanos brasileños condenados por su participación en los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando las sedes de los tres poderes fueron asaltadas. Los condenados —identificados como Joelton Gusmão de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, Joel Borges Correa, Wellington Luiz Firmino y Ana Paula de Souza— recibieron penas de entre 13 y 17 años de prisión. Habían huido a Argentina tras las condenas y enviado pedidos de asilo político ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), aunque esos pedidos aún no habían sido respondidos en el momento de su detención.
El juez federal de Buenos Aires que resolvió su caso, Daniel Rafecas, concluyó que se cumplen los requisitos del tratado bilateral de extradición entre ambos países, por lo que autorizó su retorno a Brasil para que cumplan pena. Sin embargo, la decisión todavía puede ser apelada ante la Corte Suprema de Argentina y la ejecución definitiva dependerá además de un acto del gobernante argentino, Javier Milei.
