El proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal será remitido al Parlamento el 31 de agosto y consta de unas 300 páginas de exposición de motivos y cerca de 700 artículos. Su ingreso formal en la Cámara de Diputados está previsto para el 2 de septiembre, iniciando así el plazo constitucional de 45 días por cámara, que se cumplirá el 17 de octubre. La propuesta define el rumbo de la administración de Yamandú Orsi para los próximos cinco años, marcando prioridades en infancia, seguridad, salud y crecimiento económico, y plantea un incremento presupuestal que llegará a 240 millones de dólares hacia el final del período.

El presidente Yamandú Orsi abrió el último Consejo de Ministros con un mensaje de respaldo a sus jerarcas, pidiéndoles evitar el “ruido político” y enfocarse en la concreción de los compromisos asumidos. Según datos de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, ya se están ejecutando 32 de los 63 compromisos establecidos al inicio de la gestión, es decir, más de la mitad. El incremento presupuestal permitirá acelerar casi la totalidad de estas medidas.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, explicó que el presupuesto quinquenal representa 140 millones de dólares de incremento inicial, llegando a 240 millones al final del período. La distribución de estas partidas refleja las prioridades del gobierno: 40% destinado a infancia y adolescencia, 12% a seguridad pública, 12% a salud (con foco en primera infancia y salud mental), cerca del 12% a crecimiento económico, 10% a vulnerabilidad social y 14% a otros rubros como la emergencia habitacional.

El énfasis en infancia no es menor: 4 de cada 10 niños y adolescentes en Uruguay sufren algún tipo de violencia en sus hogares, según la última encuesta de UNICEF. Esta realidad, que afecta a más de 220 mil menores, ratifica la urgencia de orientar recursos hacia políticas de protección, acompañamiento y desarrollo integral.

En seguridad, el plan contempla la creación de 2 mil nuevos cargos policiales y la ampliación del sistema de videovigilancia de 13 mil a 18 mil cámaras, junto con mejoras en la justicia. En salud, además de la atención en infancia y salud mental, se incluyen programas de innovación y fortalecimiento de la investigación para apuntalar el crecimiento económico.

El proceso legislativo se iniciará formalmente el 2 de septiembre en la Cámara de Diputados, con un plazo constitucional de 45 días por cámara para su análisis, lo que coloca la fecha límite en el 17 de octubre. Oddone reconoció que la aprobación es un desafío político central, dado que el Frente Amplio carece de mayoría propia en una de las cámaras.

Por ru parte, el PIT-CNT valoró la prioridad otorgada a la pobreza infantil, aunque cuestionó la ausencia de su propuesta de gravar con un 1% al más rico del país. De todos modos, la central sindical destacó como positivo que el presupuesto contemple un porcentaje relevante para atender la vulnerabilidad social.