La presidenta Dina Boluarte fue destituida por una abrumadora mayoría en el Congreso, controlado por un grupo de partidos de derecha que la habían sostenido en el poder desde su asunción luego de la salida de Pedro Castillo. Por 121 votos de un total de 130, el Legislativo declaró su incapacidad moral permanente para enfrentar la creciente inseguridad y al crimen organizado que azotan al país. El derechista José Jeri es el nuevo presidente interino del país.
Entre los antecedentes que desencadenaron este resultado, en estos días el sector del transporte se movilizó a nivel nacional en rechazo al aumento de las extorsiones protagonizadas por el crimen organizado contra los conductores. Al respecto, se documentó que, en lo que va del año, las mafias asesinaron a 180 trabajadores de autobuses que se negaron a pagar las extorsiones demandadas por los criminales.
En respuesta, las declaraciones gubernamentales sobre este tema resultaron lamentables, como la del Ministro del Interior Carlos Maláver, quien minimizó el asesinato de un chofer por su nacionalidad, y las ideas absurdas como la de recomendar a la ciudadanía que «no contesten las llamadas de extorsión«.
En simultáneo, la crítica situación de inseguridad se agudizó drásticamente con el ataque a balazos contra la orquesta de cumbia Agua Marina en Chorrillos. Este atentado, parte de una serie de ataques contra grupos musicales, generó una reacción generalizada en agrupaciones musicales que reclamaron al gobierno de Boluarte por la falta de seguridad.
El grave atentado contra la orquesta Agua Marina catalizó una inmediata reacción política en el Congreso, donde congresistas y políticos se pronunciaron sobre la violencia. El ataque impulsó la presentación de una moción de vacancia contra Boluarte, siendo Renovación Popular el primer partido en comenzar a recolectar firmas. Esta moción se fundamenta en la incapacidad del gobierno para manejar la crisis de seguridad. El Congreso también tomó acciones contra los miembros del Ejecutivo, citando de urgencia al Consejo de Ministros.
Aún con Boluarte destituida, el descontento social se mantiene con un nuevo paro nacional anunciado para el 15 de octubre por diversas organizaciones sociales y gremios, consagrando así un escenario de presión social sumamente delicado para la ya endeble institucionalidad del país.
