Por primera vez en la historia política de Costa Rica, un mandatario en funciones debió comparecer ante una comisión legislativa para defenderse de una solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General y respaldada por la Corte Suprema. El objetivo de esta petición es retirarle la inmunidad y permitir que sea procesado por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral.
La acusación sostiene que el presidente Rodrigo Chaves presionó a un contratista del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para desviar parte de los fondos hacia un ex asesor de su campaña electoral. De acuerdo con la Fiscalía, este hecho estaría vinculado a un esquema de financiamiento ilícito y posible cohecho durante los comicios de 2022. El caso también incluye señalamientos contra el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.
El pasado viernes 22 de agosto, durante su comparecencia, el presidente rechazó los señalamientos. Calificó el proceso como un “montaje judicial” y acusó al fiscal general Carlo Díaz, así como a sectores de la élite política y judicial, de intentar ejecutar lo que denominó un “golpe de Estado judicial”. Según Chaves, no existen pruebas concretas en su contra y el verdadero objetivo es debilitar a su gobierno.
Al salir de la Asamblea Legislativa, el mandatario se dirigió a un grupo de simpatizantes y reiteró que sus adversarios buscan manipular la opinión pública para deslegitimar su gestión. “Pretenden arrebatarme la inmunidad porque no pueden derrotarnos en las urnas”, afirmó, en referencia al apoyo ciudadano con el que asegura contar.
La situación ha generado un ambiente de tensión institucional en Costa Rica que se arrastra hace meses. El Poder Judicial afirma estar defendiendo la independencia de sus actuaciones, mientras varios legisladores han pedido prudencia y respeto a los procedimientos establecidos por la Constitución.
La comisión legislativa encargada del caso debe elaborar un informe con sus conclusiones, que posteriormente será sometido a votación en el pleno del Congreso. Si la Asamblea Legislativa aprueba el desafuero, el presidente quedará habilitado para enfrentar un proceso judicial ordinario, lo que marcaría un hecho inédito en el país.
El desenlace de este proceso sigue siendo incierto. Aunque el presidente no puede optar por la reelección en las elecciones nacionales del 1 de febrero de 2026, la decisión de la Asamblea Legislativa en los próximos meses será determinante para el futuro de su mandato y la estabilidad institucional de Costa Rica.
