El miércoles 26 de noviembre dos miembros de la Guardia Nacional de West Virginia fueron atacados a tiros a dos cuadras de la Casa Blanca, cerca de la estación Farragut West, en el marco del despliegue federal ordenado por Donald Trump bajo la “emergencia por crimen” en Washington. La emboscada, descrita por las autoridades como un ataque dirigido, dejó muerta a Sarah Beckstrom y gravemente herido al sargento Andrew Wolfe. El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que llegó a EE. UU. en 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome y que había trabajado en una unidad “Zero” apoyada por la CIA en Afganistán, fue detenido tras ser herido y enfrenta cargos por intento de homicidio y delitos con arma de fuego; el móvil sigue bajo investigación.

Desde Florida, Trump calificó el hecho como “acto de maldad” y “acto de terror”, y lo presentó como un ataque terrorista contra tropas desplegadas para “proteger” la capital. Ordenó el envío de 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional a Washington —que se suman a unos dos mil 200 ya desplegados—. En sus mensajes públicos, el presidente culpó directamente a los fallos de “falta de control” en los procesos migratorios y de asilo durante la presidencia de Joe Biden, usando el caso para reforzar su narrativa de que la criminalidad en las ciudades demócratas está ligada a una inmigración “mal controlada”.

La reacción del gobierno se tradujo rápidamente en un giro de política: la Casa Blanca anunció una revisión masiva de los casos de asilo aprobados bajo Biden, la suspensión indefinida de la tramitación de visados y asilo para afganos y un plan para pausar de forma permanente la inmigración desde los llamados “países preocupantes”. El Departamento de Seguridad Nacional y el empezaron a reexaminar green cards y beneficios migratorios ya concedidos, mientras Trump habló incluso de retirar la ciudadanía a personas consideradas “riesgo para el orden público”. Organizaciones como #AfghanEvac advirtieron que se está usando un ataque individual para castigar colectivamente a comunidades refugiadas y socavar el derecho de asilo reconocido en el derecho internacional.