El gobierno de Gustavo Petro presentó el borrador del proyecto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa que busca, según el propio presidente, “profundizar la democracia” y abrir un espacio de participación popular que permita reformar estructuras del Estado que considera bloqueadas por los poderes tradicionales. El texto, elaborado por el ministro de Justicia Luis Eduardo Montealegre y entregado al Congreso, propone una asamblea integrada por 71 delegatarios y una convocatoria mediante iniciativa popular, respaldada por la recolección de firmas ciudadanas. La Casa de Nariño ha insistido en que el objetivo no es reemplazar la Constitución de 1991 sino ajustarla a los “cambios sociales y económicos pendientes”, fortaleciendo derechos sociales, la justicia ambiental y el papel de las comunidades en la toma de decisiones.

El Ejecutivo busca movilizar respaldo mediante marchas y actos culturales, entre ellos un gran evento en la Plaza de Bolívar, donde se combinaron manifestaciones y conciertos con la recolección de firmas y un mensaje del presidente. El borrador contempla la creación de un comité pro constituyente conformado por organizaciones sociales y comunitarias, encargado de coordinar la logística y la validación del proceso. Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas en distintos sectores políticos y jurídicos. Voces de la oposición y del Congreso han advertido que la iniciativa podría constituir un intento de reformar la Constitución sin seguir los mecanismos previstos, e incluso se ha señalado que abriría un camino de confrontación institucional.

Juristas y analistas destacan que el trámite enfrentaría obstáculos significativos: para concretarse, la Constituyente requeriría alrededor de 13 millones de votos o apoyos ciudadanos, cifra que muchos consideran difícil de alcanzar en el último año de mandato. Además, el debate jurídico sigue abierto respecto a si el Ejecutivo puede promover directamente un proceso constituyente o si debe limitarse a impulsar una reforma vía Congreso. Mientras tanto, Petro ha reafirmado que la convocatoria se basa en el principio de soberanía popular y que será la ciudadanía, no el gobierno, quien decida si el país necesita una nueva Asamblea. El desenlace dependerá tanto del éxito de la movilización social como de la respuesta institucional frente a una de las iniciativas políticas más ambiciosas de su administración.