El gobierno del presidente Javier Milei postergó el tratamiento legislativo del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que agrava las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur, incluidas las islas Malvinas, y crea un Consejo de Seguridad Nacional. El oficialismo no logró incluir el texto en la última sesión de la Cámara de Diputados, y el plenario de comisiones previsto para el martes 20 de octubre fue cancelado luego de cuatro reuniones sin acuerdo. Existe consenso sobre las penalidades a las empresas que exploten recursos en la zona, y la oposición solo está dispuesta, por ahora, a acompañar esa parte de la iniciativa. La Libertad Avanza considera muy improbable un acuerdo para sesionar el miércoles 28 de octubre, y no hay una fecha definida para el tratamiento.

Las críticas internas se concentran en dos puntos. El artículo 111 prevé penas de cinco a 12 años de prisión por injerencia extranjera en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación; el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y organizaciones civiles consideran su redacción demasiado amplia, y la oposición lo lee como una herramienta contra el periodismo. El otro punto es el Consejo de Seguridad Nacional, que integrarían únicamente miembros del Ejecutivo: bloques aliados y opositores critican la “concentración de poder” en ese órgano y reclaman más participación del Poder Legislativo.

En el frente externo, el jueves 22 de octubre, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, admitió que su país sigue “con interés” los alcances de la ley: “Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo”. Según trascendió, funcionarios estadounidenses manifestaron su preocupación por penalidades que podrían alcanzar a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores. Entre ellos, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, había transmitido a miembros del gobierno argentino la inquietud de Washington y de empresas estadounidenses por el alcance del título I. El miércoles 21 de octubre, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo recibió en la Casa Rosada para tratar el proyecto Corredor Andes-Atlántico. El canciller Pablo Quirno, por su parte, defendió la iniciativa al sostener que la ley vigente “no le da a la Argentina las herramientas necesarias” para defender sus intereses en Malvinas y que la nueva norma “no va en contra de ninguna empresa en particular”.

Al día siguiente, Milei recibió a Landau en la Casa Rosada. Tras las conversaciones con el PRO, otros bloques aliados y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, el oficialismo prometió tres cambios: limitar las sanciones a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de proyectos ilegales; crear una comisión bicameral que audite las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional; y modificar el artículo 111 para excluir expresamente al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.

El alineamiento del gobierno de Milei con Washington también generó cuestionamientos por sus implicancias para el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas. Sectores de la oposición interpretaron como un gesto hacia Estados Unidos la abstención de la Argentina, el jueves 15 de octubre, en dos de los 23 proyectos de la Cuarta Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre descolonización. Ese mismo día, el país norteamericano propuso disolver el Comité de Descolonización, foro en el que la Argentina sostiene su reclamo desde 1965. Quirno justificó la abstención por “razones técnicas” y calificó el reclamo de “innegociable”, mientras que Landau enmarcó la propuesta en una reforma general de la ONU.