La Corte Suprema resolvió el 20 de febrero de 2026 que la base legal usada para imponer los llamados “aranceles recíprocos” no habilitaba al Ejecutivo a fijar aranceles de esa magnitud y alcance invocando poderes de emergencia. En una decisión 6–3, el tribunal sostuvo que la ley invocada —la IEEPA— no delega de manera clara el poder de crear aranceles (una potestad tributaria propia del Congreso), y que leerla como una autorización “ilimitada” para rediseñar la política arancelaria excede lo que el texto permite. El voto principal fue redactado por el presidente del tribunal, John Roberts; Elena Kagan coincidió en el resultado pero marcó diferencias sobre el uso de la doctrina de “cuestiones mayores”, mientras que hubo disidencias —incluida la de Brett Kavanaugh— que defendieron una lectura más amplia de esas facultades en contextos de emergencia.
En lo práctico, el fallo desarma el andamiaje jurídico de esos aranceles “recíprocos” tal como fueron aplicados y abre una etapa de incertidumbre operativa: qué parte del régimen cae de inmediato, cómo se instrumenta la baja, y especialmente qué pasa con pagos ya efectuados (potenciales reclamos y devoluciones) y con contratos que se armaron bajo ese esquema.
