El general retirado Mario Fernandes, exintegrante de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Jair Bolsonaro, confesó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) haber redactado un documento que proponía el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del ministro Alexandre de Moraes. Actualmente detenido desde noviembre de 2024, Fernandes integra el grupo de militares conocido como los “kids pretos”, alineado bajo el liderazgo del general Walter Braga Netto, señalado como una pieza clave en la intentona golpista del 8 de enero de 2023. Durante su declaración, el general afirmó que el archivo —titulado “Punhal Verde e Amarelo”— era un análisis personal que nunca fue compartido y que habría sido destruido tras su impresión.
Sin embargo, su testimonio generó dudas tras revelarse que se imprimieron tres copias del documento en una impresora del Palacio del Planalto, minutos antes de que Fernandes se dirigiera al Palacio de la Alvorada, residencia oficial del entonces presidente Bolsonaro. Ante estos indicios, el general intentó justificar la coincidencia responsabilizando a la configuración automática de la impresora por la cantidad de copias y calificando su desplazamiento posterior como una mera casualidad. La defensa del militar insiste en que el contenido del documento no fue presentado a ningún funcionario, aunque las circunstancias y los registros materiales contradicen esa versión y alimentan la hipótesis de un plan articulado en círculos del poder para impedir la continuidad institucional tras la derrota electoral de Bolsonaro.
El caso forma parte de la fase final del juicio contra los implicados en la tentativa de golpe de Estado del 8 de enero. Fernandes pertenece al “Núcleo 2” del proceso, que reúne a quienes habrían operado logísticamente en la planificación del golpe. Por su parte, el “Núcleo 1”, encabezado por el propio Bolsonaro y otros siete acusados, ya concluyó la etapa de interrogatorios y se encuentra en la fase de alegatos finales, con una sentencia prevista para septiembre. La Procuraduría General de la República ha dividido la acusación en cuatro bloques, y el avance simultáneo de estas causas pone en evidencia la profundidad y gravedad del intento de ruptura democrática por parte de sectores del bolsonarismo, incluidos altos mandos militares.
