El 1 de abril, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó los argumentos sobre la orden ejecutiva con la que la Casa Blanca busca negar la ciudadanía automática a hijos nacidos en territorio estadounidense cuando sus padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes. La presencia del presidente Trump en la sala —la primera de un presidente en funciones en una audiencia de este tipo— le dio una carga política extra a un caso ya sensible, pero no alteró una impresión central: varios jueces, incluidos algunos conservadores, se mostraron escépticos ante la solidez constitucional de la medida.

El eje del litigio está en la interpretación de la Enmienda 14, que desde hace más de un siglo sostiene la ciudadanía por nacimiento para casi todas las personas nacidas en el país. La administración Trump argumentó que esa garantía no debería alcanzar a hijos de inmigrantes indocumentados o con estadías temporales, bajo una lectura más restrictiva de la frase “subject to the jurisdiction” de Estados Unidos. Durante la audiencia, sin embargo, jueces de distintos bloques cuestionaron tanto la base histórica de ese planteo como su viabilidad práctica, en un caso que podría afectar unas 250 mil inscripciones de nacimiento por año.

Más que una simple disputa migratoria, el caso se convirtió en una prueba sobre los límites del poder presidencial para reinterpretar por decreto un principio constitucional asentado. Trump salió de la audiencia antes del cierre completo de los argumentos y luego volvió a cargar públicamente contra la idea de ciudadanía por nacimiento, pero el clima que dejó la Corte fue menos favorable a la Casa Blanca de lo que el oficialismo esperaba. El fallo se espera para junio de 2026 y su alcance podría ser decisivo no sólo para la política migratoria, sino también para la relación entre el Ejecutivo y la Corte en el segundo mandato de Trump.