En el marco del incremento de la militarización de la seguridad ciudadana, Ecuador registra 31 denuncias de desapariciones forzadas atribuidas a las Fuerzas Armadas desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa. Este número supera los casos registrados en los tres años previos. Familiares de desaparecidos han llevado sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que las medidas de control militar han derivado en un aumento del uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos.

Por otro lado, la violencia ligada al narcotráfico se ha trasladado a las aulas. La Unión Nacional de Educadores (UNE) ha registrado 700 denuncias en menos de dos años por intimidación, amenazas, extorsión, violencia psicológica y secuestro contra maestros de escuelas públicas. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado advierte que uno de cada diez menores ha sido cooptado por bandas criminales. Los testimonios recogidos muestran que la presencia de estudiantes vinculados a estas organizaciones genera temor entre profesores y alumnos, quienes normalizan la violencia y el consumo de drogas en los planteles educativos.