La matriz autocrática de gestión política del gobierno de Daniel Noboa se consolida contra la Corte Constitucional (CC) y el movimiento indígena. La CC mantuvo su curso en el trámite de las demandas contra las leyes de Inteligencia, Integridad y Solidaridad, fijando una fecha para la audiencia de debate de las mismas; en respuesta, el gobierno de Daniel Noboa escaló su posición, ordenando el desalojo de los jueces del máximo tribunal de la sede que ocupan, aunque tuvo que dar marcha atrás con la medida.
Este amedrentamiento continuo a los magistrados también se da en el marco del intento del gobierno por asegurar su agenda para la consulta popular, buscando la aprobación de sus preguntas. Entre ellas, se encuentra la propuesta para eliminar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), poder del Estado ecuatoriano que detenta la función de control y participación. Con esta pregunta el gobierno busca anular los concursos en marcha para el nombramiento de las autoridades de control, como el Fiscal General. Este movimiento se percibe como una estrategia para consolidar el control sobre el conjunto de las instituciones del Estado.
Esta situación ha sido objeto de atención internacional. La relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, alertó sobre las amenazas y la presión política a la que están siendo sometidos los jueces en Ecuador, lo que subraya la preocupación por la independencia judicial y la vigencia del estado de derecho.
Por otro lado, el ex presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, denunció un intento de asesinato en su contra, lo que desencadenó una fuerte reacción de la organización. La CONAIE y otros movimientos sociales calificaron el hecho como «persecución política» y acusaron directamente al gobierno de Noboa de estar detrás de la agresión. La denuncia de Iza se complementa con la afirmación de que el líder indígena ha sido objeto de espionaje ilegal, luego de que se publicaran unos chats en los que agentes del orden rastreaban sus actividades llamándolo “cuy” y “capibara”.
En este contexto de denuncia y confrontación, diversas organizaciones sociales se reunieron para analizar la «ruta a seguir» en rechazo a lo que consideran «leyes inconstitucionales». Los movimientos no descartan la posibilidad de convocar a una marcha a nivel nacional.
