El gobierno uruguayo se pronunció el 3 de enero sobre la situación en Venezuela a través de un comunicado oficial de Cancillería, en el que expresó su “seria preocupación” por los acontecimientos recientes, en particular por los “ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana”. El texto reiteró el rechazo histórico de Uruguay a “la intervención militar de un país en territorio de otro” y reafirmó la vigencia del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, así como el carácter de América Latina y el Caribe como “zona de paz y libre de armas nucleares”.

Días después, el presidente Yamandú Orsi se refirió públicamente a la situación venezolana y el secuestro de Nicolás Maduro. Consultado sobre si su salida sería positiva, sostuvo que lo sería “en la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia; si no, es lo mismo pero con otro color”. También afirmó que “el derecho internacional está pulverizado” y calificó como “de cobarde” condenar al gobierno venezolano en ese momento, señalando que un presidente no debe “salir a apuntar con el dedo”.

Las declaraciones generaron una respuesta inmediata desde Caracas. El canciller venezolano, Yvan Gil, afirmó que Orsi “carece de autoridad sobre la vida política de la República Bolivariana de Venezuela”, lo acusó de omitir que Maduro fue “secuestrado” en un ataque armado y lo invitó a “ocuparse de los asuntos de Uruguay”, reivindicando el principio de soberanía y no intervención.