El partido União Brasil confirmó su salida del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y otorgó un plazo de veinticuatro horas para que sus afiliados abandonen los cargos públicos que ocupaban. La decisión, adoptada de forma unánime por la conducción partidaria, se dio tras la publicación de una investigación periodística que vincula a su presidente, Antonio Rueda, con el uso de aviones por parte de la organización criminal conocida como Primer Comando de la Capital (PCC). Según el comunicado oficial de la fuerza, la coincidencia entre la difusión de la noticia y el apartamiento de funcionarios del gobierno alimenta la percepción de un uso político del aparato estatal.

El principal referente del União Brasil dentro del Ejecutivo era el ministro de Turismo, Celso Sabino, mientras que la decisión también afecta a secretarios y a funcionarios de segunda línea. Figuran además los ministros Waldez Góes (Partido Democractico Laborista – PDT), de Desarrollo Regional, y Frederico Siqueira, de Comunicaciones, que habían sido propuestos por la sigla aunque sin militar en ella, lo que abre dudas sobre su permanencia en el gabinete. La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, rechazó las acusaciones y calificó la nota partidaria como “infundada”, negando que el gobierno tuviera injerencia en la cobertura periodística que salpicó a Rueda.

La crisis política se enmarca en un proceso previo: en agosto, União Brasil ya había anticipado su alejamiento del gobierno tras sellar una federación con el partido Progresistas, pieza clave del centrão, con la mirada puesta en las elecciones de 2026. El desenlace se precipitó después de que el portal ICL Notícias y el medio UOL publicaran reportajes que señalaban a Rueda como propietario de aeronaves utilizadas por redes de lavado de dinero ligadas al PCC. El malestar se agudizó porque algunos autores de la investigación también conducen programas en la TV Brasil, canal público federal, lo que para la sigla reforzó la sospecha de intencionalidad política.

El denunciante central, el piloto Mauro Caputti Mattosinho, de treinta y ocho años, declaró ante la Policía Federal que Rueda figuraba entre los verdaderos dueños de cuatro de los diez jets ejecutivos operados por una empresa de taxis aéreos. Según su testimonio, el dirigente era considerado el líder de un grupo “con mucho dinero para gastar”, que financió la adquisición de aeronaves valuadas en decenas de millones de dólares. En entrevista con ICL Notícias, Mattosinho relató que en la compañía existía un clima de auge impulsado por inversiones atribuidas directamente a Rueda.

El líder partidario negó categóricamente esas acusaciones mediante un comunicado en el que afirmó “repudiar con vehemencia cualquier intento de vincular su nombre a personas investigadas o involucradas con ilícitos”. Reconoció haber utilizado vuelos privados en calidad de pasajero o fletador ocasional, pero aseguró que nunca participó en la compra de aviones y que normalmente viaja en vuelos comerciales.

El trasfondo político añade tensión a la disputa. En semanas recientes, Rueda había calificado la gestión de Lula de “débil” y llegó a sugerir que el presidente debería dialogar con Donald Trump, mandatario estadounidense, para tratar la cuestión arancelaria. Lula replicó con un llamado a la lealtad de los ministros en una reunión interna, señalando la incomodidad creciente con la conducción de União Brasil. Además, el partido proyecta lanzar como candidato presidencial en 2026 al gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, lo que reduce todavía más la posibilidad de apoyo a una eventual reelección de Lula, que Rueda ya había calificado en julio como “remota”.