Las tensiones entre Colombia y Ecuador se han intensificado a partir de una combinación de episodios recientes en la frontera, decisiones económicas y un fuerte cruce político entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. En el plano de seguridad, el gobierno colombiano denunció que una bomba hallada en su territorio habría sido parte de una operación militar ecuatoriana realizada a comienzos de marzo, lo que fue respaldado por el Ministerio de Defensa. A su vez, Petro sostuvo que se comprobó el origen ecuatoriano del artefacto, elevando el tono de la acusación. Estas afirmaciones se producen en un contexto sensible, atravesado también por el hallazgo de 27 cuerpos calcinados en zona fronteriza, un hecho que el mandatario vinculó con dinámicas de violencia asociadas al conflicto armado y al narcotráfico.

El cruce de mensajes entre ambos gobiernos profundizó la disputa. Mientras Petro señala responsabilidades del lado ecuatoriano en operaciones militares y en el deterioro de la situación humanitaria en la frontera, Noboa ha cuestionado la eficacia de Colombia en el control del narcotráfico y la seguridad en la zona limítrofe. Estas diferencias se trasladaron al plano político interno colombiano, donde distintos sectores reaccionaron con posiciones divididas frente a la postura del Ejecutivo, reflejando el impacto doméstico de la controversia.

Este cruce se enmarca en una guerra comercial iniciada por Ecuador con aranceles del 30% elevados al 50% sobre productos colombianos desde enero, justificados por Noboa en el fortalecimiento de controles fronterizos contra narcotráfico, minería ilegal y crimen organizado. A pesar del choque entre Petro y Noboa, ambos países avanzan en diálogos para desescalar: delegaciones se reunirán en Lima entre el 23 y 24 de marzo con mediadores peruanos y brasileños, y retomarán conversaciones en la Comunidad Andina para frenar la escalada arancelaria, en presencia del secretario general Gonzalo Gutiérrez.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, alertó sobre impactos en la seguridad regional y la política de Paz Total, especialmente en mesas con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB, disidencia de las FARCF) y Comuneros del Sur, ambos activos transfronterizos. Sectores señalan que el conflicto podría generar varios riesgos en el proceso de Paz Total, menor incentivo para el desarme ante presión militar ecuatoriana, dilemas entre extradiciones y negociaciones (como el caso de Geovanny Rojas ‘Araña’), posible fragmentación interna de grupos, impactos humanitarios en comunidades con desplazamientos, y un choque estratégico entre la confrontación directa de Ecuador (apoyada por EE.UU. vía el Escudo de las Américas y reactivación de la base de Manta) y el enfoque negociador colombiano. Estas dinámicas transfronterizas complican la viabilidad de Zonas de Ubicación Temporal y generan fragilidad a un proceso que depende de estabilidad territorial, en un contexto donde el 80% del tráfico de cocaína egresa por puertos ecuatorianos. Mientras las investigaciones prosiguen y las reuniones diplomáticas se aproximan, la frontera sur ilustra las complejidades de la seguridad regional en medio de economías ilegales y prioridades geopolíticas divergentes.