Reporte Político Semanal

12 de octubre de 2025

CANADÁ

 

RELACIONES EXTERIORES | Encuentro entre Mark Carney y Donald Trump

El martes 7 de octubre Mark Carney se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca para intentar destrabar la escalada arancelaria que continúa afectando al acero, al aluminio y al sector automotor canadiense. En la antesala y durante la foto en el Despacho Oval, Trump alternó gestos conciliadores con advertencias sobre el T-MEC, mientras Carney buscó encauzar las conversaciones hacia acuerdos sectoriales rápidos.

 

En el contenido, Carney habló de un “meeting of minds” de sus equipos para explorar fórmulas de alivio por sectores (energía y automotriz, entre otros) que puedan traducirse en levantamientos o cupos a corto plazo. Trump, por su parte, dijo que han avanzado mucho y que ve posible llegar a un entendimiento, aunque evitó comprometerse sobre T-MEC. La lectura más sobria y con más matices la aportaron las agencias financieras: optimismo táctico, pero sin acuerdo cerrado y con riesgos políticos en ambos lados de la frontera.

 

En Ottawa, el gobierno canadiense sostuvo que la visita fue productiva y que seguirán las tratativas; incluso destacó una cena de trabajo con el vicepresidente JD Vance para coordinar agenda económica y de seguridad. La nota oficial del Primer Ministro y los voceros en Washington remarcaron el foco en acuerdos concretos más que en grandes marcos. En el Congreso y en la prensa, las críticas apuntaron a que Carney fue demasiado cauto ante la presión arancelaria, pero el balance general es que el canal político quedó abierto y con tareas específicas para los negociadores en las próximas semanas.

ESTADOS UNIDOS

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Continúan los conflictos por el despliegue de la Guardia Nacional en apoyo a ICE

ICE, la agencia federal de inmigración de EE. UU., volvió al centro de la agenda: protestas frente a instalaciones, choques políticos y un pulso legal sobre el uso de la Guardia Nacional para “proteger” propiedades y al personal federal. En Chicago, un giro decisivo vino de los tribunales. La jueza federal April Perry bloqueó por 14 días el plan de la Casa Blanca para federalizar y desplegar tropas alrededor del complejo de ICE en Broadview, al señalar que el gobierno no demostró una amenaza creíble y que la presencia militar podía “echar combustible al fuego”. El Departamento de Justicia apeló, mientras continuaron manifestaciones y detenciones puntuales en la zona. Un grupo de periodistas y manifestantes demandaron a la administración Trump por uso excesivo de la fuerza.

 

Mientras tanto, Memphis se convirtió en el primer gran test operativo: este viernes comenzaron patrullajes de la Guardia Nacional en tareas de apoyo junto a la policía local (con aval del gobernador Bill Lee) en medio de críticas de autoridades municipales y organizaciones civiles. El gobierno federal presentó la medida como parte de un despliegue gradual en ciudades con tensión alrededor de instalaciones federales y altos índices de criminalidad.

 

En la costa oeste, Portland fue protagonista. Hubo protestas nocturnas y acotadas frente a instalaciones de ICE. La Casa Blanca intentó federalizar a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregon para proteger edificios y personal; un tribunal de distrito bloqueó el despliegue por considerarlo desproporcionado. El caso pasó al Noveno Circuito (corte federal de apelaciones que cubre la costa oeste), que escuchó la apelación y dejó a los guardias federalizados pero sin desplegar hasta decidir.  Además de las protestas se mantiene un tenso pulso legal abierto que suspende la  presencia militar en el estado.

 

 

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | RELACIONES EXTERIORES | La ofensiva de Estados Unidos y el fin del diálogo con Venezuela

El domingo 5 de octubre, el presidente Donald Trump volvió a confirmar públicamente un nuevo ataque contra un buque frente a las costas de Venezuela. El anuncio se realizó durante un acto conmemorativo del 250.º aniversario de la Armada estadounidense. Se trata de la consolidación del uso de la fuerza militar directa contra presuntos narcotraficantes en aguas internacionales, sin procesos judiciales ni evidencia verificable.

 

En su discurso, Trump volvió a declarar que los ataques habían logrado “eliminar por completo” las embarcaciones vinculadas al narcotráfico y advirtió que, si los traficantes no podían ingresar por mar, Estados Unidos “empezaría a buscarlos en tierra”. Un discurso interpretado como una señal de que los ataques podrían expandirse hacia territorio venezolano. De manera simultánea, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó tener “toda la autorización necesaria” para continuar y profundizar los ataques que vienen realizando en el Caribe, basándose en la designación de los cárteles como grupos terroristas, lo que (según alega mediante un razonamiento peculiar, reñido con el derecho internacional) le otorgaría a Washington la facultad de realizar acciones “en defensa propia”.

 

El lunes 6 de octubre funcionarios estadounidenses aseguraron que Trump había ordenado cancelar cualquier esfuerzo de acercamiento diplomático con el gobierno venezolano, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a suspender cualquier negociación. Grenell mantenía una política de acercamiento con Caracas para buscar una salida diplomática, lo que lo había enfrentado con Marco Rubio, quien mantiene un enfoque más agresivo hacia la región.

 

La decisión coincidió con un incremento notable de la presencia militar en la región: más de seis mil 500 efectivos desplegados y una flota ampliada de buques de guerra y submarinos. Este despliegue, considerado por analistas como excesivo para operaciones de interdicción marítima, empezó a alimentar las sospechas de que Washington se prepara para una nueva fase de sus ataques en el Caribe.

 

El 7 de octubre surgió información adicional que reconfiguró el debate político en Washington. Fuentes legislativas revelaron la existencia de una opinión jurídica clasificada de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que otorgaría facultades al presidente para ordenar ataques letales contra una lista secreta de cárteles y presuntos narcotraficantes. Este documento, elaborado con la participación de múltiples agencias de seguridad nacional, interpretaba que los cárteles representaban una amenaza inminente a los Estados Unidos y, por tanto, justificaban el uso de la fuerza letal bajo los poderes presidenciales.

 

El contenido de esa opinión, aún no divulgado públicamente, generó preocupación en el Congreso y entre juristas, quienes advirtieron que consagra un poder ejecutivo casi ilimitado para conducir una guerra sin supervisión legislativa ni control judicial. Según especialistas, la doctrina contenida en el dictamen permitiría al presidente designar de manera unilateral a individuos como “combatientes enemigos”, legitimando su ejecución extrajudicial en cualquier lugar del mundo.

 

La controversia alcanzó su punto más alto el 9 de octubre, cuando el Senado estadounidense debatió una resolución para bloquear los ataques en el Caribe. La propuesta, impulsada por la oposición demócrata bajo la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, buscaba reafirmar la facultad constitucional del Congreso para autorizar el uso de la fuerza militar. Sin embargo, la medida fue rechazada por un estrecho margen de 51 votos contra 48, lo que permitió a la administración continuar con la campaña. La votación evidenció la profunda división política sobre los límites del poder presidencial y el papel del Congreso en la definición de conflictos armados.

 

Paralelamente, el conflicto adquirió una dimensión internacional más compleja. El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció que una de las embarcaciones destruidas por Estados Unidos podría haber transportado ciudadanos colombianos y exigió la publicación de los nombres de las víctimas. Su declaración puso de relieve la falta de transparencia de las operaciones y la posibilidad de que los ataques estuvieran afectando a personas no vinculadas con el narcotráfico.

 

A medida que se multiplicaban las críticas, la presencia militar estadounidense en el Caribe se expandió aún más, alcanzando los diez mil efectivos y consolidando una nueva zona de tensión regional. Al mismo tiempo, Qatar inició esfuerzos diplomáticos para mediar entre Washington y Caracas, aunque la Casa Blanca mostró escaso interés en una solución negociada. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro reiteró su disposición a “defender la soberanía venezolana”, denunciando los ataques como parte de una estrategia estadounidense orientada a su derrocamiento.

 

Lectura recomendada: «Trump aumenta la presencia militar cerca de Venezuela y Catar busca mediar» en New York Times.

COSTA RICA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | TSE de Costa Rica solicita levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica solicitó, este martes 7 de octubre, a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad constitucional del presidente Rodrigo Chaves para procesarlo por presunta beligerancia política, una falta que consiste en la participación indebida de funcionarios públicos en actividades o declaraciones con fines electorales. La decisión fue adoptada por la Sección Especializada del TSE tras analizar 15 denuncias acumuladas que acusan al mandatario de intervenir en la campaña para los comicios presidenciales programados para febrero de 2026. Según el tribunal, estas denuncias fueron consideradas admisibles y se enmarcan en la prohibición constitucional que impide al presidente, vicepresidentes y ministros mostrar parcialidad hacia agrupaciones políticas mientras ejercen sus cargos.

 

La solicitud se presenta apenas dos semanas después de que la Asamblea Nacional rechazará una petición anterior de la Corte Suprema de Justicia para levantar la inmunidad de Chaves por presuntos cargos de corrupción. Aquella votación, celebrada el 22 de septiembre, fue la primera de este tipo contra un presidente en funciones en la historia del país y no alcanzó la mayoría calificada necesaria. Este nuevo intento refleja la creciente tensión entre los poderes del Estado y el desgaste político que enfrenta el mandatario en un contexto nacional marcado por la fragmentación partidaria y la preocupación ciudadana por el aumento de la inseguridad ligada al narcotráfico.

 

El TSE sostiene que Chaves ha infringido reiteradamente la normativa electoral al utilizar su posición para favorecer al candidato de su partido y pronunciarse públicamente sobre temas políticos. Los magistrados recordaron que el 27 de junio el TSE ya había dictado una prohibición explícita al presidente para evitar su intromisión en la campaña electoral. De confirmarse las acusaciones, el procedimiento podría derivar en sanciones severas, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años, conforme al artículo 105 de la Constitución Política de Costa Rica.

 

Rodrigo Chaves, economista de 64 años y exfuncionario del Banco Mundial, ha negado las acusaciones y sostiene que es víctima de un proceso con motivaciones políticas. El mandatario ha acusado al TSE de actuar con sesgo y de intentar imponer una “mordaza” a su gobierno tras las órdenes que limitaron la difusión de propaganda oficial en medios tradicionales y plataformas digitales. Hasta el momento, ni el presidente ni la Casa Presidencial han emitido declaraciones oficiales sobre esta nueva solicitud.

ARGENTINA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | La Libertad Avanza irá con la cara de un procesado por narcotráfico en su boleta

Luego que estallará el escándalo que vincula a Jose Luis Espert con el narcotraficante Federico “Fren” Machado, el candidato ultraderechista se bajó de la primera candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. “Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no seguiré prestando”, expresó Espert en sus redes.

 

Sin embargo la situación judicial del ex candidato se fue complicando a medida que pasaron los días. El martes la Corte Suprema finalmente accedió a la extradición de Machado para que sea procesado por la justicia norteamericana, decisión que luego fue convalidada por el presidente Javier Milei. Por otro lado, Espert fue imputado por delitos de “lavado de dinero” en la denuncia realizada por el candidato a diputado de la oposición, Juan Grabois.

 

Ya entrado el miércoles, la Cámara de Diputados aprobó que la justicia pueda avanzar en el allanamiento del domicilio de Espert y su despacho en la legislatura. Espert solicitó licencia hasta que termine su mandato legislativo el 10 de diciembre de este año.

 

Este escenario complicó severamente la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA). En primer lugar, la fuerza oficialista intentó poner a Diego Santilli (perteneciente al PRO, el partido político del ex presidente Mauricio Macri) como cabeza de lista. El juez federal con incumbencia en lo electoral, Alejo Ramos Padilla, negó el pedido ya que, por sucesión, el puesto debía ser tomado por la segunda candidata, la conductora y figura mediática, Karen Reichardt. A su vez la Junta Electoral negó a LLA la posibilidad de reimprimir las boletas, ya que esto se ponía en tensión con los tiempos electorales y la opinión del resto de las fuerzas, sumado al abultado costo de la operación.

 

Es así que en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el oficialismo llevará la cara de un ex candidato imputado por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Un verdadero dolor de cabeza para las aspiraciones de revestir la aplastante derrota del 7 de septiembre en la misma provincia.

 

 

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | RELACIONES EXTERIORES | Estados Unidos y un insólito rescate al derrumbe del plan económico de Milei

El viernes de la semana pasada el gobierno de Javier Milei, y la gestión económica de Luis Caputo, se encontraban en serios problemas. A borde de una corrida cambiaria y con un consumo exorbitante de dólares, el Tesoro argentino tuvo que intervenir en repetidas ocasiones para evitar que el dólar aumentará.

 

El equipo económico argentino viajó de emergencia a reunirse con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Fueron días de mucha incertidumbre y nulas declaraciones por parte de la representación argentina. Sin embargo, el pasado jueves, un tweet del funcionario estadounidense bastó para calmar moderadamente a los mercados, como si fuese el mismísimo ministro argentino.

 

Tras la confirmación del acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos por 20 mil millones de dólares, el secretario elogió al presidente Javier Milei, destacando su compromiso de «sacar a China de Argentina». Bessent afirmó que Argentina es un aliado estratégico de Estados Unidos en América Latina, resaltó que el país está dejando atrás un ciclo negativo de cien años, y aseguró que la operación no implica pérdida para EE.UU., refiriéndose a la subvaluación del peso argentino y el apoyo al programa económico de Milei. Medidas que van a contrabando de lo reclamado por el Fondo Monetario Internacional que solicita a Argentina abandonar el control de cambio, comprar reservas y continuar un plan de ajuste fiscal.

 

El gobierno argentino, a través del jefe de gabinete Guillermo Francos, bajó el tono a la afirmación de Bessent, negando que el acuerdo incluya la exclusión de China de Argentina. Francos indicó que, aunque puede haber una relación más cercana con Estados Unidos en ciertos temas, no se planea alejar ni afectar el comercio con China. Además, adelantó reuniones para aclarar los términos finales del acuerdo y aseguró que el respaldo de EE.UU. está basado en la confiabilidad del programa económico argentino y su valor estratégico regional.

 

Video recomendado: El RESCATE de BESSENT para que MILEI llegue a las ELECCIONES | TENEMBAUM Y BERCOVICH

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Movimientos judiciales y políticos incentivan temores de suspensión de la segunda vuelta electoral en Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) alertó desde principios de mes sobre un intento de afectar la realización del balotaje y advirtió que no permitiría ninguna acción que buscara frenar el proceso. La advertencia surge tras la denuncia presentada por el activista Peter Erlwein Beckhauser ante la Fiscalía de La Paz, quien denunció una supuesta manipulación de al menos tres mil 600 actas en la primera vuelta.

 

Días después el senador Pedro Benjamín Vargas, que responde a Andrónico Rodríguez, presentó un un proyecto de ley que proponía cesar a los vocales electorales, suspender el proceso en curso y prorrogar el mandato del presidente, vicepresidente y parlamentarios electos en 2020.

 

En respuesta a estos movimientos, el presidente Luis Arce denunció que se estaba gestando un «golpe a la democracia» y solicitó al TSE convocar una cumbre para abordar la situación. Arce ya había advertido que desconocer las elecciones podía generar una convulsión social en el país.

 

De esta forma, el conflicto se insertó en la pugna interna del Movimiento al Socialismo (MAS). El gobierno interpretó que las acciones para desestabilizar el balotaje tenían una «sintonía» con las posturas del expresidente Evo Morales, aunque este negó categóricamente cualquier acuerdo para cesar a los vocales y defendió la realización del balotaje.

 

Luego de las críticas y reacciones de diversos actores, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se desmarcó de la iniciativa indicando que “se trata de una “iniciativa personal” y no se debe creer que es el Senado que busca perjudicar el proceso electoral. Finalmente, el senador que estuvo involucrado en esta controversia retiró el proyecto de ley.

 

A pesar de la incertidumbre institucional, la carrera electoral continuó su curso. Una nueva encuesta mostró una preferencia más alta para el candidato Jorge “Tuto” Quiroga (Libre) en la segunda vuelta. Quiroga concentra el 44.4% de las preferencias, frente al 36.2% de Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Lula amplía y consolida ventaja frente a Tarcísio para 2026

Una nueva encuesta de Genial/Quaest confirma la fuerte posición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a 2026: en un eventual balotaje Lula obtendría 45% frente a 33% de Tarcísio de Freitas, una diferencia de 12 puntos que refleja la estabilidad del mandatario en la intención de voto, según el sondeo realizado entre el 2 y el 5 de octubre. Los datos de Quaest también muestran a Lula liderando en todos los escenarios de primer turno (con rangos entre 35% y 43%), lo que sugiere una ventaja estructural difícil de revertir para la oposición.

 

El informe también destaca las límitaciones para Tarcísio, se trata del principal nombre de la derecha y cuenta con apoyo en el electorado conservador y en sectores empresariales, pero su influencia todavía es reducida fuera del Sudeste; en particular, el gobernador registra baja aceptación en el Nordeste, donde Lula conserva márgenes amplios. La encuesta Quaest/Genial muestra a Lula como favorito consolidado: liderazgo transversal en múltiples escenarios y sólida ventaja en un hipotético segundo turno frente a Tarcísio, mientras que la oposición enfrenta el desafío de ampliar la imagen y la cobertura geográfica de su candidato.

 

 

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Mayor rescate laboral del año: 586 trabajadores liberados de condiciones de esclavitud en usina de etanol en Mato Grosso

El Ministerio de Trabajo de Brasil realizó el mayor rescate de trabajadores en situación análoga a la esclavitud en 2025 cuando 586 personas fueron liberadas de una usina de etanol en Mato Grosso, tras descubrir condiciones de vida degradantes y sometimiento laboral. Este caso fue investigado luego de un incendio en los alojamientos de la planta, que puso al descubierto defectos graves en las instalaciones y alertó a las autoridades sobre la ausencia de derechos básicos como agua, ventilación y alimentación adecuada. Según la inspección laboral, los hechos reforzaron la necesidad de una investigación más amplia sobre el uso extendido de trabajo forzado en el sector agroindustrial.

 

La operación movilizó al Ministerio Público, la Policía Federal y la Inspección del Trabajo, y se integra al esfuerzo nacional contra las formas modernas de esclavitud laboral. Las víctimas eran sometidas no solo a jornadas extenuantes y condiciones insalubres, sino también a mecanismos de servidumbre por deuda, al pago de transporte descontado del salario y a relaciones laborales informales que eludían registros legales. El caso revive denuncias recurrentes sobre la persistencia del trabajo esclavista en regiones agrícolas remotas y subraya la vulnerabilidad de la mano de obra migrante y rural frente a redes de explotación encubierta.

 

Este rescate adquiere relevancia simbólica: demuestra que las autoridades brasileñas aún cuentan con capacidad operativa para intervenir en flagrantes violaciones de derechos laborales. Al mismo tiempo, evidencia que las políticas de fiscalización deben fortalecerse para prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Para los trabajadores liberados, el desafío ahora será garantizar reparación, reinserción laboral y el acompañamiento institucional que les permita reconstruir sus vidas con dignidad.

CHILE

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | El hijo de Pinochet expresa su apoyo al derechista y libertario Johannes Kaiser

Augusto Pinochet Hiriart, hijo mayor del dictador Augusto Pinochet, expresó su apoyo al candidato presidencial libertario Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, destacando su capacidad para tomar decisiones firmes y mencionando que tiene «los suficientes pantalones» para llevar a cabo lo que sea necesario para gobernar. Esta declaración fue parte de una entrevista realizada en el canal de YouTube “Fe con Razón”, y su respaldo adquirió relevancia debido a la controversia generada por Kaiser, quien en julio apoyó públicamente un nuevo golpe de Estado, defendiendo el alzamiento militar que derrocó a Salvador Allende en 1973 y proponiendo, además, la prohibición del Partido Comunista en Chile.

 

Kaiser, un diputado de 49 años que recientemente dejó el Partido Republicano para fundar su propio movimiento, el Partido Nacional Libertario, figura como uno de los tres candidatos de oposición en la elección presidencial del 16 de noviembre y ocupa el cuarto lugar en las encuestas con un 10,86% de las preferencias. Aunque el parlamentario desconoce el video del apoyo de Pinochet Hiriart, ha sido explícito en sus declaraciones acerca del golpe de Estado, que él llama «pronunciamiento militar», justificando su apoyo en el contexto de la violencia y la lucha de clases existentes en ese momento histórico.

 

Por otro lado, Augusto Pinochet Hiriart también se refirió a su padre y a la dictadura, afirmando que la obra del régimen fue un esfuerzo colectivo de los chilenos sin distinción política, aunque reconoció la existencia de «traidores» que alentaban a Pinochet solo para luego mostrarse en contra. Además, se menciona una disputa judicial entre los hijos de Pinochet por la herencia familiar, destacando un conflicto entre Jacqueline y Marco Antonio Pinochet relacionado con apropiación indebida y malos tratos, incluso impidiéndole a Jacqueline visitar la tumba de sus padres en una finca privada.

COLOMBIA

RELACIONES EXTERIORES | Petro llega a Bruselas para la cumbre de la CELAC y la Unión Europea

Gustavo Petro retomo su actividad internacional durante su participación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea en Bruselas. La gira del mandatario se enmarca en un esfuerzo diplomático previo a la cumbre birregional que Colombia organizará en Santa Marta. El gobierno colombiano intensificó sus gestiones para asegurar una participación amplia y de alto nivel en ese encuentro, su objetivo estratégico en este foro fue la construcción de un consenso regional para promover que el próximo secretario general de las Naciones Unidas sea un representante de América Latina o el Caribe, una posición que la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó como un acuerdo al interior de la CELAC.

 

En el desarrollo de la cumbre en Bruselas, el discurso de Petro se caracterizó por una crítica directa y frontal hacia las políticas internacionales de Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente colombiano cargó contra la administración de Donald Trump, a quien acusó de intentar «acabar con la Amazonía» y de ejercer una «política de genocidio» a través de sus decisiones. Asimismo, extendió sus críticas a la Unión Europea, señalando que su modelo económico actual es «genocida» y que su «proyecto de paz murió» al permitir la guerra dentro de su propio territorio, en alusión al conflicto en Ucrania. Petro argumentó que la actual arquitectura financiera global, impulsada por el capital estadounidense y europeo, condena a la muerte a millones de personas en otras regiones del planeta.

 

Petro continuó su gira en su intervención en el II Foro Global Gateway 2025, en su rol pro tempore al frente de la CELAC, Petro advirtió sobre los peligros globales actuales, haciendo referencia directa al genocidio en Gaza y destacó la división en Europa ante el conflicto Israel-Palestina, comentando que solo 15 países de la OTAN apoyan el reconocimiento del Estado Palestino. Subrayó que las movilizaciones masivas en varias regiones del mundo reflejan un rechazo global a la violencia y a las políticas de guerra.

 

Durante el foro, Petro planteó una ambiciosa propuesta para fortalecer la conectividad entre América Latina y Europa, además de África y China, mediante un proyecto de instalación de fibra óptica que atraviese ríos y océanos, incluida la selva amazónica. En este contexto, conversó con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para impulsar una mayor inversión europea en energías renovables en América Latina. Su discurso en el foro Global Gateway subraya un giro notable en la diplomacia colombiana hacia un liderazgo latinoamericano decidido a fortalecer alianzas estratégicas que respondan a las demandas del siglo XXI y balancear sus tensiones con Estados Unidos.

 

 

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES  | BIENES COMUNES | Tensiones por el suministro de gas en el Caribe durante el mantenimiento de la regasificadora SPEC

Durante el mantenimiento programado de la regasificadora SPEC en Cartagena, entre el 10 y el 14 de octubre, surgieron tensiones entre el gobierno, los gremios y las empresas del sector energético por el riesgo de desabastecimiento de gas en la región Caribe. Mientras las autoridades sostienen que no habrá racionamiento sino una priorización del consumo, los generadores térmicos y sectores industriales advierten que el margen operativo es limitado y que podrían presentarse afectaciones si la demanda supera la oferta disponible.

 

El Ministerio de Minas y Energía aseguró que el suministro está garantizado gracias a un plan de contingencia acordado con Ecopetrol, productores nacionales y generadores eléctricos. Este plan contempla una reducción temporal en la reinyección de gas, medidas de eficiencia energética y un esquema de incentivos para que grandes consumidores disminuyan su demanda de manera voluntaria. Además, se priorizará el abastecimiento de hogares y plantas térmicas estratégicas del Caribe para evitar interrupciones del servicio eléctrico.

 

Ecopetrol, por su parte, obtuvo autorización ambiental para importar gas natural licuado a través de una nueva infraestructura que conectará el Caribe con el sistema nacional. Este proyecto, que se espera inicie operaciones en 2027, busca fortalecer la seguridad energética y reducir la dependencia de la oferta interna en momentos de alta demanda o mantenimiento técnico.

 

 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | El Pacto Histórico confirma su consulta del 26 de octubre

La Registraduría confirmó que la consulta interna del Pacto Histórico se realizará el 26 de octubre, tal como había fijado el Consejo Nacional Electoral, y que la decisión se mantiene pese al reciente fallo que dejó sin efecto una medida provisional sobre la personería del movimiento. En su explicación, el registrador delegado subrayó que ningún juez ha ordenado a la Registraduría suspender las consultas y que, por tanto, la entidad está organizando la logística electoral para todo el territorio nacional (con habilitación para poco más de 39 millones de potenciales votantes, 13 mil 405 puestos de votación y alrededor de 20 mil 000 mesas, con excepción de Arauca y Vaupés). El martes hubo además una reunión en la Registraduría que, según fuentes del proceso, reforzó la decisión administrativa de mantener la jornada del 26 de octubre a pesar de la tutela interpuesta contra el Pacto Histórico. Políticamente, la consulta convoca a los sectores del petrismo que exhiben algunas tensiones internas: en el listado de precandidatos figuraban nombres de peso como Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, lo que ha generado debate sobre liderazgo, estrategia y adhesiones dentro del propio Pacto.  Pese a la confirmación de la Registraduría, analistas y actores políticos mantienen reservas sobre posibles impugnaciones y efectos jurídicos posteriores, la decisión administrativa despeja la fecha y la logística inmediata, pero no elimina la incertidumbre legal que podría trasladarse a los días posteriores al 26 de octubre. Por lo que la jornada se perfila como una prueba simultánea de movilización política y de resistencia procedimental en un contexto de alta polarización.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | El Paro Nacional lleva casi tres semanas y Noboa recrudece su respuesta autoritaria

El Paro Nacional, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en protesta por la eliminación del subsidio al diésel, continuó durante estas semanas, manteniendo la tensión en el país.

 

La CONAIE ratificó la continuidad de la medida de fuerza e incluso calificó la política de Daniel Noboa hacia las protestas como una «guerra», evidenciando la falta de voluntad de diálogo entre las partes. Las manifestaciones se sintieron en varias provincias, registrándose detenidos y vías cerradas en puntos neurálgicos. En este marco el presidente Daniel Noboa decretó un estado de excepción para intentar desmovilizar a las organizaciones y movimientos sociales.

 

Con el pasar de los días, el gobierno intensificó su discurso autocrático, con el presidente Noboa sosteniendo que quienes protestan generan acciones de “terrorismo” y advirtiendo que a los indígenas que decidieran marchar sobre Quito se les aplicaría la ley «como delincuentes». Las organizaciones respondieron acentuando la confrontación con cierres de vías de alto impacto en provincias clave, incluyendo Cañar, Cuenca, Imbabura, Pichincha y Otavalo, afectando también la circulación en Guayaquil, la ciudad más grande del país, incluso durante el feriado del 9 de octubre.

 

El clímax del enfrentamiento se produjo el 8 de octubre con las pedradas contra la caravana presidencial de Noboa. Este incidente fue interpretado como una evidencia del «cóctel de descontento y violencia que atraviesa las zonas rurales de Ecuador» y su rechazo a las políticas neoliberales del gobierno. El ataque generó un repudio internacional y diversos llamados al diálogo para desescalar la situación. Tras el suceso, el gobierno sostuvo que se trató de un intento de asesinato que debería ser tratado como tal por parte de la justicia.

 

Frente a la posibilidad de una escalada de las protestas hacia la capital del país, el ministro de Gobierno, John Reimberg, fue enfático al afirmar que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no permitirán la «toma de Quito» e impedirán el ingreso de manifestantes a la ciudad. Esta declaración oficializó la militarización del perímetro de la capital como medida preventiva, subrayando la línea dura adoptada por el Ejecutivo.

 

En el ámbito político más amplio, la CONAIE no solo ratificó la continuidad del paro nacional, sino que también fijó su postura respecto a la iniciativa gubernamental de reforma constitucional. La organización indígena anunció su posición contraria a la Consulta Popular y Asamblea Constituyente promovida por el gobierno de Noboa. Esta postura posiciona al movimiento indígena como un doble polo de oposición, rechazando tanto la política económica del Ejecutivo como su propuesta de reforma institucional.

PARAGUAY

SITUACIÓN Y CONFLICTO SOCIALES | RELACIONES EXTERIORES | Horacio Cartes celebra el levantamiento de sanciones de EE.UU. y reaparece con llamado a la unidad colorada

El expresidente paraguayo Horacio Cartes volvió al centro de la escena política tras el anuncio del levantamiento de las sanciones financieras que pesaban en su contra por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La medida, confirmada el lunes, fue interpretada como un gesto del nuevo gobierno de Donald Trump hacia Santiago Peña, con quien comparte afinidad ideológica y vínculos estrechos desde la Asociación Nacional Republicana (ANR).

 

Las sanciones, impuestas en 2023 bajo la administración de Joe Biden, respondían a acusaciones de “corrupción desmedida” y alcanzaban a varias de las empresas del exmandatario, entre ellas Tabacos USA Inc. y Frigorífico Chajha SAE. Su exclusión de la lista de “Nacionales Especialmente Designados” implica el fin de las restricciones financieras, aunque la prohibición de visado a EE.UU. sigue sin resolución. Según el Departamento de Estado, las sanciones “ya no resultaban necesarias para incentivar cambios de comportamiento”.

 

Cartes celebró la decisión agradeciendo “al gobierno de los Estados Unidos, liderado por el señor presidente Donald Trump, por actuar con objetividad y sentido de justicia”, y aseguró que “hoy mi nombre ha sido limpiado”. Su abogado, Pedro Ovelar, sostuvo que “se ha demostrado la trazabilidad de su vida pública y comercial” y que las acusaciones fueron “totalmente desestimadas”.

 

Tres días después, el también presidente del Partido Colorado reapareció en la Junta de Gobierno durante un homenaje al exvicepresidente Luis María Argaña. Allí llamó a “dejar de lado las banderías políticas” y priorizar la unidad de la ANR de cara a las elecciones municipales de 2026. “Las soluciones tienen que salir de nuestra Asociación Nacional Republicana”, afirmó, en un mensaje que consolidó su retorno pleno a la vida política paraguaya.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Dina Boluarte fue destituida por el Congreso

La presidenta Dina Boluarte fue destituida por una abrumadora mayoría en el Congreso, controlado por un grupo de partidos de derecha que la habían sostenido en el poder desde su asunción luego de la salida de Pedro Castillo. Por 121 votos de un total de 130, el Legislativo declaró su incapacidad moral permanente para enfrentar la creciente inseguridad y al crimen organizado que azotan al país. El derechista José Jeri es el nuevo presidente interino del país.

 

Entre los antecedentes que desencadenaron este resultado, en estos días el sector del transporte se movilizó a nivel nacional en rechazo al aumento de las extorsiones protagonizadas por el crimen organizado contra los conductores. Al respecto, se documentó que, en lo que va del año, las mafias asesinaron a 180 trabajadores de autobuses que se negaron a pagar las extorsiones demandadas por los criminales.

 

En respuesta, las declaraciones gubernamentales sobre este tema resultaron lamentables, como la del Ministro del Interior Carlos Maláver, quien minimizó el asesinato de un chofer por su nacionalidad, y las ideas absurdas como la de recomendar a la ciudadanía que «no contesten las llamadas de extorsión«.

 

En simultáneo, la crítica situación de inseguridad se agudizó drásticamente con el ataque a balazos contra la orquesta de cumbia Agua Marina en Chorrillos. Este atentado, parte de una serie de ataques contra grupos musicales, generó una reacción generalizada en agrupaciones musicales que reclamaron al gobierno de Boluarte por la falta de seguridad.

 

El grave atentado contra la orquesta Agua Marina catalizó una inmediata reacción política en el Congreso, donde congresistas y políticos se pronunciaron sobre la violencia. El ataque impulsó la presentación de una moción de vacancia contra Boluarte, siendo Renovación Popular el primer partido en comenzar a recolectar firmas. Esta moción se fundamenta en la incapacidad del gobierno para manejar la crisis de seguridad. El Congreso también tomó acciones contra los miembros del Ejecutivo, citando de urgencia al Consejo de Ministros.

 

Aún con Boluarte destituida, el descontento social se mantiene con un nuevo paro nacional anunciado para el 15 de octubre por diversas organizaciones sociales y gremios, consagrando así un escenario de presión social sumamente delicado para la ya endeble institucionalidad del país.

URUGUAY

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El Frente Amplio busca asegurar apoyos en el Senado tras una votación ajustada en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Presupuesto Nacional presentado por el Poder Ejecutivo, tras más de 14 horas de debate. La votación general culminó con 84 votos a favor y 14 en contra sobre 98 legisladores presentes, con el respaldo del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y parte de Cabildo Abierto (CA). El Partido Colorado (PC) se mostró dividido y tanto Identidad Soberana como el Partido Independiente (PI) votaron en contra.

 

El presupuesto pasa ahora a su tratamiento artículo por artículo y luego al Senado, donde deberá aprobarse antes del 17 de octubre, fecha límite establecida por la Constitución. El debate en la cámara alta estará centrado en la definición de nuevos impuestos y reasignaciones de recursos, que el oficialismo condiciona a la obtención de los votos cabildantes.

 

Durante la sesión, el diputado frenteamplista Mariano Tucci subrayó que el proyecto “atiende la situación fiscal más exigente de los últimos 35 años” y busca combinar responsabilidad macroeconómica con políticas de inclusión social, destinando el 40% de los nuevos recursos a infancia y adolescencia, el 15% a seguridad y el 22% a salud y vulnerabilidad social. También defendió el enfoque tributario progresivo, que incorpora el Impuesto Mínimo Global a las multinacionales, el IVA a las compras en el exterior, conocido como “impuesto Temu”, y gravámenes sobre rentas de activos fuera del país.

 

Desde la oposición, el nacionalista Pablo Abdala calificó el presupuesto de “pobre en ideas” y “poco expresivo”, señalando que “no hay nada nuevo ni original” y que incumple con las promesas electorales. En tanto, el colorado Gabriel Gurméndez cuestionó la creación de nuevos impuestos por considerarlos un freno a la inversión y al empleo, mientras Felipe Schipani sostuvo que “se cae el relato de los malla oro”, al mantener intacta la estructura de gasto heredada.

 

Cabildo Abierto, liderado por Guido Manini Ríos, condiciona su voto a aumentos salariales para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, en el marco de negociaciones con el FA. El desafío inmediato del oficialismo será garantizar esos apoyos para aprobar los artículos clave en Diputados y asegurar su ratificación final en el Senado.

VENEZUELA

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | RELACIONES EXTERIORES | Avanza asociación estratégica entre Venezuela y Rusia

El martes 7 de octubre el gobierno venezolano formalizó, en un encuentro realizado en el Palacio de Miraflores entre el presidente Nicolás Maduro y el embajador ruso Sergey Mélik – Bagdasárov, la firma del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con la Federación Rusa.

 

Este acuerdo, aprobado por la Asamblea Nacional, fue inicialmente suscrito el 7 de mayo y contempla mecanismos para el fortalecimiento del intercambio comercial entre ambos países, promoviendo las inversiones conjuntas en sectores estratégicos como el sector hidrocarburos, el gas y la minería. Así mismo se destaca el desarrollo de una nueva infraestructura financiera independiente que permita transacciones fuera de los sistemas tradicionales occidentales y una coordinación más profunda en foros multilaterales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Este tratado se enmarca en la búsqueda de ampliar los vínculos económicos y políticos entre Venezuela y Rusia, apuntando a una consolidación de la relación a largo plazo basada en intereses compartidos y en la búsqueda de alternativas dentro de un contexto global multipolar.

 

 

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | RELACIONES EXTERIORES | BIENES COMUNES | Estados Unidos autoriza a Shell la licencia de exploración en Venezuela

La agencia internacional Bloomberg publicó el miércoles 8 de octubre la posibilidad concreta de que el presidente de los Estados Unidos emita una licencia para permitir que la empresa Shell reanude sus operaciones en Venezuela, reactivando la realización de trabajos de explotación del yacimiento de gas “Dragón”, ubicado entre Venezuela y Trinidad y Tobago. El plan de la petrolera Shell tiene por objetivo suministrar gas al complejo de licuefacción y a las plantas petroquímicas de Trinidad, que actualmente enfrentan una escasez de materia prima.

 

El yacimiento había comenzado a funcionar en 2023, cuando el gobierno venezolano autorizó a la empresa estatal trinitense National Gas Co (socia de la británica Shell) a explorar zonas marítimas próximas al estado Sucre del oriente venezolano.

 

El portal señala que el otorgamiento de dicha licencia se otorgará de manera inminente, poniendo de manifiesto una clara ambigüedad por parte de la administración Trump hacia Venezuela, ya que por un lado genera situaciones de tensión militar y por el otro busca que empresas puedan realizar negocios en el país. Sin embargo, podemos observar las intenciones estadounidenses que estarían dispuestos a permitir la reactivación de operaciones energéticas en Venezuela, siempre que las empresas no paguen regalías ni impuestos al régimen venezolano en moneda extranjera.

 

Por su parte, el Departamento del Tesoro estadounidense, responsable de emitir las licencias a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, aún no ha comentado sobre el estatus de la solicitud.

 

 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Activado en todo el país Plan Independencia 200

El residente de Venezuela informó que este viernes 10 de octubre que con el despliegue de fuerzas en los estados Aragua, Falcón y Zulia se terminó de poner en activación la fuerza militar en todo el territorio nacional enmarcado en el plan Operación Independencia 200. Así mismo, el jefe de Estado indicó que, desde la madrugada, se activó a la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) y todas las fuerzas sociales de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en dichos estados venezolanos.

 

A través de la puesta en marcha de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) por parte del vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello el plan Operación Independencia 200 busca garantizar la paz y la soberanía de todo el territorio nacional en unión cívico-militar. Cabello denunció que, tras la narrativa de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos busca apoderarse de los recursos naturales de Venezuela y por eso el pueblo de manera voluntaria ha decidido alistarse en la milicia para defender a su país.

AMÉRICA DEL NORTE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE SUDAMÉRICA CANADÁCANADÁ RELACIONES EXTERIORES | Encuentro entre Mark Carney y Donald TrumpEl martes 7 de octubre Mark Carney se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca para intentar destrabar la escalada arancelaria que continúa afectando al acero, al aluminio y al sector automotor canadiense. En la antesala y …

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