ARGENTINA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Contundente derrota de Milei en provincia de Buenos aires y terremoto político

La Libertad Avanza, la fuerza política de ultraderecha liderada por Javier Milei, sufrió una verdadera paliza electoral en la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del padrón nacional. El resultado vaticina un mal escenario para las elecciones legislativas nacionales de octubre, mueve el tablero político y tensa el frágil plan económico de gobierno. El gran vencedor fue el gobernador Axel Kicillof, quien se erige como figura presidenciable de cara al 2027 y se posiciona como uno de los líderes indiscutibles de Fuerza Patria, frente electoral que comparte con figuras como la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner, el ex candidato presidencial, Sergio Massa,  y el dirigente político Juan Grabois.

Fuerza Patria se impuso por el 47% de los votos, contra el 33% de LLA en una jornada con el 63% de participación del padrón. En un ambiguo discurso de derrota, Milei asumió que se debían corregir errores, pero también ratificó el rumbo. Diferentes miembros del gobierno salieron en sintonía con el mensaje del presidente. Por su parte, Kicillof destacó el trabajo de su administración bonaerense para «ponerle un freno» al gobierno de Javier Milei. «No era una idea propia, era un mandato cuidar la salud, la educación, seguir la obra pública, cuidar el trabajo», sostuvo.

Fue una semana convulsionada para el gobierno luego del terremoto político que supuso una elección donde la misma gestión intentó plebiscitar su apoyo. Como primera respuesta el presidente hizo llegar a los medios que se ponía al frente de una nueva mesa política nacional, una mesa bonaerense y del equipo de campaña nacional, todas tareas que había delegado en su hermana, Karina Milei (envuelta en casos de corrupción).

Por otro lado, lanzó nuevamente el Ministerio del Interior para el diálogo con los gobernadores. No obstante, ni los más colaboracionistas con la administración libertaria confirmaron la asistencia en medio de críticas al destrato de la Casa Rosada. Hay fuertes reclamos y exigencias de los peronistas. Al llamado del presidente solo asistieron tres de los 24 gobernadores.

Finalmente, la furia después de la derrota se tradujo en un nuevo ataque contra la universidad pública. Milei volvió a empuñar la motosierra y vetó la Ley de Financiamiento Universitario y también la Emergencia en Pediatría, dejando en evidencia que la autocrítica prometida en el búnkermla noche en la que reconoció la estrepitosa caída en la provincia de Buenos Aires, nunca existió.

El montaje del diálogo se desvaneció rápido: el gobierno no sólo vetó una ley sancionada por una mayoría abrumadora en el Congreso, sino que también vetó la norma del reparto automático de los aporte para las provincias, avalado por los 24 gobernadores a los que busca seducir en medio de la crisis política más profunda desde su llegada a la Casa Rosada.

Es la segunda vez que el Presidente veta una ley que apuntala al financiamiento universitario. El Congreso se prepara para resistir y podría insistir con la Ley la próxima semana. Los gremios, rectores y estudiantes acompañarán la sesión con la «Tercera Marcha Federal», que se prevé masiva.

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«Un freno», el editorial de Alejandro Bercovich.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | De cara al ballotage presidencial: Lara genera polémica contra Paz y Quiroga denuncia campaña sucia

La campaña de la segunda vuelta ha evidenciado fracturas internas en la oposición boliviana. El candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, generó una fuerte polémica al declarar que tendría “más poder que Paz” en alusión a las atribuciones que tendría, como presidente de la Asamblea Legislativa. Declaró que, será por su rol, que las leyes se aprueben o no en el país. En ese marco, sostuvo: “Si yo no le apruebo, el Rodrigo no hace nada. ¿Ustedes creen que yo le voy a aprobar cosas para que sea el mal? No pues. Primero yo voy a analizar”, en un claro mensaje de posicionamiento frente a su eventual gobierno con Paz.

Estas afirmaciones fueron rápidamente cuestionadas por legisladores, quienes le recordaron que son los legisladores los que aprueban las leyes. Por su parte, el candidato presidencial de PDC, Rodrigo Paz, minimizó las declaraciones de Lara, pidiendo no generar polémica. Frente a los medios de comunicación dijo que Lara será el «capitán general del Parlamento».

Este escenario de polémica se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en el país, especialmente en Santa Cruz de la Sierra, donde se ha reportado una escalada de violencia con una ola de secuestros y sicariatos. El recrudecimiento de la violencia sugiere la presencia de mafias internacionales en Bolivia, una situación que, en buena medida, posiciona a Lara en la contienda nacional, dado que sus declaraciones y posturas políticas lo distinguen como un actor que aborda frontalmente los desafíos de la seguridad. Este ambiente de inestabilidad y descontento ciudadano se convierte en un factor clave para la campaña de Lara, que busca presentarse como la solución a estos problemas.

Además de la controversia en el binomio, las tensiones se extendieron a otros actores políticos. El candidato presidencial de la alianza Libertad y Democracia (Libre), Jorge Quiroga, cuestionó tanto a Paz como a Lara por su aparente desconocimiento de las funciones de la Asamblea. Quiroga también responsabilizó a Lara por la «guerra sucia» y los ataques que se han registrado en la campaña. En un intento por reducir la confrontación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a los candidatos a un pacto para garantizar el respeto a los resultados y promover una campaña limpia. A pesar de haber sellado un «pacto de no agresión», Paz y Quiroga continuaron con un tono de confrontación, polarizando el escenario de cada al ballotage.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Decisión histórica del STF condena a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión

La Primera Turma del Supremo Tribunal Federal (STF) dictó una sentencia histórica al condenar a Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, a 27 años y tres meses de prisión por liderar un intento de golpe de Estado y por otros delitos graves asociados con su estrategia para mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022. Esta decisión representa la primera condena en la historia del país a un ex mandatario por un intento deliberado de subvertir el orden democrático y constituye un hito en el fortalecimiento institucional del sistema judicial brasileño. La condena establece que Bolsonaro cumplirá inicialmente 24 años y nueve meses de reclusión en régimen cerrado, mientras que el tiempo restante de su pena se cumplirá en detención ordinaria, lo que subraya la severidad del fallo frente a los riesgos institucionales que sus acciones representaron.

El proceso judicial se centró en demostrar que Bolsonaro encabezó una organización criminal armada, organizada con el objetivo de alterar las instituciones democráticas y presionar a los mandos militares para implementar medidas de excepción que evitaran la posesión de Luiz Inácio Lula Da Silva como presidente electo. El STF identificó que estas acciones configuraron no solo un intento de golpe de Estado, sino también la abolición del Estado democrático de Derecho, un ataque directo a la estructura constitucional brasileña que había permanecido intacta durante décadas. Además, la corte lo responsabilizó por daños calificados al patrimonio público y la degradación de bienes históricos y administrativos, incluyendo sedes de los tres poderes, demostrando que sus acciones no fueron espontáneas ni aisladas, sino parte de una estrategia sistemática para consolidar el poder personal a expensas de la legalidad y el orden democrático.

La pena también incluye el pago de 124 días-multa, ajustada a dos salarios mínimos por día (3036 reales / 550 dólares), considerando la capacidad económica del ex presidente y los movimientos financieros atípicos detectados durante la investigación, incluyendo transacciones de grandes montos en cuentas personales y transferencias a familiares, señaladas como intentos de ocultación de patrimonio. Esta medida refleja la consideración del tribunal sobre la magnitud de los recursos disponibles para Bolsonaro y el impacto de su conducta sobre la sociedad y el Estado. Asimismo, el fallo establece un precedente sobre la responsabilidad penal de ex mandatarios y la posibilidad de que se apliquen sanciones significativas a líderes políticos que actúan fuera del marco constitucional.

El contexto político en que se produjo la condena es especialmente relevante. Bolsonaro se encontraba en prisión domiciliaria por orden del relator Alexandre de Moraes, mientras su hijo, Eduardo Bolsonaro, operaba desde el exterior para influir en sanciones internacionales contra Brasil, en un intento por presionar políticamente al país y a la administración del presidente Lula. La condena ocurre en medio de un debate intenso en el Congreso sobre la posibilidad de una amnistía que beneficiaría a Bolsonaro y a otros implicados en los hechos de 8 de enero y en el inquérito de las fake news, lo que evidencia la profunda polarización política que atraviesa Brasil y su influencia sobre los procesos judiciales y legislativos.

El fallo del STF refleja también la complejidad de las posiciones dentro del propio tribunal. Mientras Alexandre de Moraes presentó un voto contundente, describiendo a Bolsonaro como el líder de una trama golpista organizada que incluía la presión a los comandantes militares y la planificación de medidas que buscaban perpetuarlo en el poder, el ministro Luiz Fux se posicionó en forma opuesta, cuestionando la calificación de la conducta como organización criminal. Fux minimizó la gravedad de los hechos, calificando los actos del 8 de enero como manifestaciones desordenadas y reduciendo a “lágrimas de perdedor” las acciones de los involucrados, lo que evidencia tensiones internas sobre la interpretación de pruebas y la delimitación de la criminalidad política en Brasil.

Además de Bolsonaro, los otros siete miembros del núcleo central también fueron condenados por los mismos delitos, con penas que reflejan su grado de participación en la trama. Entre ellos se encuentran altos mandos militares y ex ministros, incluyendo a ex comandantes de la Marina y del Gabinete de Seguridad Institucional, así como a exministros de Defensa y de la Casa Civil. Las condenas varían de acuerdo con la evidencia presentada en cada caso y con el rol específico de cada individuo dentro de la organización. El delator Mauro Cid, cuya cooperación fue esencial para reconstruir la secuencia de hechos, recibió una pena en régimen abierto, considerando su colaboración con la justicia. La condena de estos actores refuerza el concepto de responsabilidad colectiva en estructuras criminales que buscan subvertir el orden democrático, un punto central en la jurisprudencia que el STF ha ido consolidando.

El fallo subraya también la relevancia de la prueba documental y testimonial, incluyendo registros de comunicación interna, actas militares y videos de declaraciones públicas, que evidencian la coordinación y la intención deliberada de subvertir la democracia. Alexandre de Moraes, en su intervención durante la discusión de penas, recalcó que no se trataba de acciones aisladas ni de comportamientos espontáneos de manifestantes, sino de un plan premeditado, organizado y ejecutado por una red de poder político y militar, con el objetivo de alterar el orden constitucional. Esta interpretación diferencia claramente la condena del mero castigo por desórdenes públicos, destacando la gravedad institucional de los hechos.

El proceso también tiene un profundo componente mediático y simbólico, ya que la condena de un ex presidente por tentativa de golpe de Estado establece un precedente en la historia política brasileña. Representa un mensaje claro sobre la independencia del Poder Judicial frente a presiones políticas y externas, reforzando la capacidad del STF para garantizar el cumplimiento de la Constitución frente a intentos de subvertir el orden democrático. La decisión también genera tensiones con sectores políticos que buscan una amnistía para Bolsonaro y sus aliados, lo que podría influir en las estrategias electorales y en las negociaciones parlamentarias de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Otro aspecto relevante de la condena se centra en el régimen de cumplimiento de la pena. Bolsonaro, debido a su edad y a las secuelas de un atentado con arma blanca durante la campaña de 2018, podría solicitar la permanencia en prisión domiciliaria, una decisión que dependerá de la valoración del STF y de la interpretación de su condición de salud. Esto refleja la complejidad del sistema penal brasileño frente a figuras de alto perfil, donde factores humanitarios y de seguridad institucional se entrelazan en la ejecución de la condena. La determinación sobre la ubicación física de la detención, ya sea en instalaciones penitenciarias o en celdas especiales de la Policía Federal, constituye un tema adicional de relevancia política y jurídica, dado el impacto simbólico y práctico que implica la detención de un ex mandatario en contexto de alta polarización.

El juicio y la condena también destacan la interacción entre justicia, política y opinión pública. Mientras que la narrativa de Bolsonaro y sus seguidores insiste en que se trata de persecución política, los argumentos del STF enfatizan la planificación criminal y la amenaza concreta a las instituciones democráticas. La tensión entre estos discursos refleja la polarización que atraviesa el país, donde la percepción de legitimidad del proceso judicial se convierte en un factor determinante para la estabilidad política y social. La condena, además, se da en un escenario de presiones externas, como las acciones emprendidas por aliados del ex presidente para involucrar a Estados Unidos en sanciones contra Brasil, lo que añade un componente internacional a la dimensión del fallo.

Finalmente, la condena representa un punto de inflexión en la historia política brasileña, consolidando la idea de que ningún líder, incluso un ex presidente, está por encima de la ley. Refuerza la protección de las instituciones democráticas y establece un precedente judicial de alto impacto para futuros casos de intento de subversión institucional. La resolución del STF, liderada por Moraes y apoyada por la mayoría de la Primera Turma, marca un precedente en el combate a la criminalidad política y en la afirmación de la independencia judicial frente a presiones de cualquier índole. Este fallo no solo define la responsabilidad penal de Bolsonaro y sus aliados, sino que también proyecta un mensaje firme sobre la centralidad del Estado democrático de derecho en Brasil y sobre la capacidad de las instituciones para resistir intentos de erosión del sistema democrático.

CHILE

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | RELACIONES EXTERIORES | Chile y Brasil firman acuerdo para impulsar el desarrollo tecnológico y la fabricación de equipo militar

El Ministerio de Defensa Nacional de Chile firmó un memorándum de entendimiento con Brasil para cooperar en la industria de defensa y apoyo logístico, orientado a impulsar el desarrollo tecnológico y la fabricación y modernización de equipamiento e infraestructura. El acuerdo fue suscrito por la ministra Adriana Delpiano y autoridades brasileñas, incluyendo al almirante Renato Aguiar Freire y el embajador Paulo Pacheco, y contempla la creación de un Comité Bilateral de Industria de Defensa para identificar áreas de cooperación.

Durante la ceremonia, Delpiano destacó a Brasil como un socio estratégico y la posibilidad de colaborar en industria naval, aeronáutica y terrestre, tanto en compras como en fabricación local, avanzando en el salto tecnológico chileno. Previamente, el almirante brasileño se reunió con el subsecretario chileno Ricardo Montero para abordar temas de seguridad regional, la experiencia brasileña en lucha contra el crimen organizado, y la política chilena de construcción naval y defensa antártica.

Este nuevo acuerdo se inserta en una agenda bilateral activa, que incluyó en abril la visita de Estado del presidente Gabriel Boric a Brasil, donde se firmaron otros dos convenios para profundizar la cooperación defensiva: uno para intercambio de oficiales instructores en operaciones de paz entre ambos países, y otro para fortalecer la cooperación académica en seguridad y defensa entre instituciones chilenas y brasileñas.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | RELACIONES EXTERIORES | Tensiones con Estados Unidos, descertificación antidrogas, crisis migratoria y defensa de la soberanía regional

Durante los últimos días se han intensificado las tensiones políticas entre Colombia, Estados Unidos, Venezuela y otros actores regionales con un foco especial en temas de seguridad, migración y cooperación internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha estado en el centro de estas relaciones, con expresiones que han generado debates y repercusiones mediáticas en a nivel regional.

Uno de los hechos más destacados fue el ataque estadounidense a una lancha en aguas posiblemente compartidas con Trinidad y Tobago, hecho sobre el que Petro manifestó sospechas afirmando que la acción pudo haber ocurrido en aguas jurisdiccionales distintas, solicitando además la recuperación de cadáveres. Esta situación pone en relieve la complejidad en temas de soberanía marítima y la cooperación en materia de seguridad y narcotráfico en el Caribe.

Paralelamente, Colombia enfrenta la amenaza de la «descertificación» por parte de Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas, una medida que ha generado gran preocupación en Bogotá. El gobierno colombiano defiende que lo justo sería mantener la certificación debido a sus esfuerzos y avances, aunque reconoce que hay desafíos. Para evitar la descertificación, las autoridades colombianas han implementado estrategias diplomáticas destinadas a consolidar la agenda bilateral y preservar la cooperación, reconociendo la importancia de esta relación para la estabilidad y ayuda en programas contra el narcotráfico.

En el ámbito diplomático y geopolítico, Petro ha expresado públicamente su preocupación sobre la tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela, destacando la importancia del diálogo para evitar un conflicto. A su vez, ha denunciado la situación de al menos 38 colombianos detenidos en Venezuela, lo que añade una capa más de complejidad a la relación entre ambos países vecinos.

Un episodio adicional que ha captado atención fue la repercusión de los mensajes del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, quien criticó al presidente Petro y a Colombia por la gestión de vuelos que repatrían migrantes expulsados de Estados Unidos. Las declaraciones de Kirk, difundidas en redes sociales y medios de ese país, fueron recogidas por la prensa colombiana generando un debate sobre la percepción y la influencia que tiene la opinión pública estadounidense en la agenda política colombiana.

Por otra parte, Petro defendió públicamente a Brasil frente a advertencias de Estados Unidos sobre posibles presiones económicas y militares relacionadas con un eventual juicio político contra el expresidente Jair Bolsonaro. En este contexto, Petro ha adoptado una postura que busca fortalecer la integración regional y reclamar respeto a la soberanía de los países latinoamericanos frente a intervenciones externas, enmarcando estas posiciones dentro de su visión de una política exterior soberana y diversa.

Estos eventos reflejan un panorama de alta complejidad donde la diplomacia colombiana debe equilibrar la relación con Estados Unidos, las tensiones regionales, la gestión de temas migratorios, las amenazas de descertificación y la defensa de posiciones soberanas e integracionistas.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Crisis y división en el Pacto Histórico por decisión del CNE: Colombia Humana excluida de la fusión electoral

El Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, enfrenta una crisis interna debido a una ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que aprueba la fusión de varios partidos de la coalición, pero excluye a Colombia Humana, el movimiento fundado por Petro. El CNE argumenta que Colombia Humana no cumplió con los requisitos estatutarios, debido a que solo mil 280 delegados participaron en la asamblea donde se aprobó la fusión, cifra muy inferior al quórum exigido de dos terceras partes de sus más de 114 mil afiliados. Esta exclusión implica que Colombia Humana no podría participar bajo la personería común del Pacto Histórico en las elecciones de 2026, debiendo competir por separado.

Esta decisión ha generado críticas internas y denuncias de maniobras políticas para dividir y debilitar a la coalición de izquierda. Gustavo Petro y otros dirigentes han cuestionado la actuación del CNE y expresan preocupación por el impacto que esta fragmentación podría tener en la fuerza política y electoral del Pacto Histórico. Se espera que el CNE tome una decisión definitiva el 17 de septiembre, momento crucial para la inscripción de candidaturas y la configuración electoral del bloque progresista. En paralelo, hay alertas por posibles infiltraciones políticas en Colombia Humana que complican aún más el proceso de avales para las legislativas. En síntesis, la unidad y futuro del Pacto Histórico dependen de una próxima resolución que podría redefinir el panorama político de la izquierda en Colombia de cara al 2026.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Noboa mide fuerzas de cara a su consulta popular y referéndum constitucional

El gobierno de Daniel Noboa impulsa la celebración de una consulta popular y referéndum para cambiar parcialmente la Constitución, con foco en reordenar el equilibrio del poder estatal y asentar su plan securitista de combate contra el crimen organizado. Sin embargo, en un primer intento, la Corte Constitucional (CC) vetó varias de las preguntas a ser puestas a consideración de la ciudadanía. Como resultado, Noboa envío a dicho Tribunal un conjunto de siete nuevas preguntas.

En el terreno de las reformas constitucionales, el gobierno propone cuatro iniciativas: crear un registro con los nombres de personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, con el fin de impedir su participación en actividades relacionadas con menores de edad; establecer que la CC sólo podrá declarar la inconstitucionalidad de leyes o decretos presidenciales si al menos seis de los nueve jueces lo aprueban; juzgar y sancionar a personas condenadas por extorsión, robo y mediante procedimientos expeditos, y; eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para designar autoridades, reemplazándola por un sistema de concursos públicos y meritocráticos bajo responsabilidad de la Asamblea Nacional.

En cuando a las preguntas a consulta, la primera plantea permitir el funcionamiento de casinos y salas de juego. La segunda busca prohibir que personas condenadas por delitos de corrupción usen su nombre, imagen o apoyo en campañas políticas. Otra pregunta propone expedir una nueva Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establezca de manera detallada la organización y procedimientos de la Corte Constitucional.

En este marco, y con los rechazos de la CC al primer set de preguntas, el 11 de septiembre Noboa lideró una «marcha por la paz» en Guayaquil, a la que asistieron funcionarios del gobierno y simpatizantes. En un intento por mostrar fuerza y apoyo ciudadano, Noboa instó a la Corte a «dejar que la gente decida«. También anunció que la pregunta ya aprobada sobre la posibilidad de instalar bases extranjeras en el país se llevará a consulta el 30 de noviembre de este año.

No obstante, el mismo 11 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales se movilizaron en rechazo al gobierno de Noboa y sus políticas, particularmente la minería. Adicionalmente, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, anunció que impulsarán el «no» en la consulta popular propuesta por el gobierno, argumentando que las preguntas «afectan al pueblo ecuatoriano«.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Boluarte apuesta a la fuerza para transitar el último tramo de su mandato

El gobierno de Dina Boluarte intensificó su confrontación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) a raíz de la Ley de Amnistía para las fuerzas del orden. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó su decisión de que las autoridades peruanas deben abstenerse de aplicar la ley, la cual considera violatoria a la Convención Americana. En respuesta, la presidencia calificó la postura de la Corte como «inaceptable».

La postura del gobierno peruano fue reiterada en foros internacionales. Durante su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Suiza, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, defendió la legalidad de la Ley de Amnistía y afirmó que Perú continúa evaluando su permanencia en el SIDH. Esta posición se mantiene a pesar del rechazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo Alto Comisionado sobre Derechos Humanos calificó la ley como un «paso atrás para la justicia y la verdad«.

Este conflicto con organismos internacionales y constante posicionamiento en favor de la impunidad de las fuerzas de seguridad dan cuenta de las intenciones de Boluarte de sostenerse en el poder haciendo potencial uso de la fuerza. Esto, en la medida en que su nivel de aprobación es de los más bajos de la región. De hecho, en este contexto, la presidenta hizo un llamado a evitar las movilizaciones sociales, declarando que «no hay por qué bloquear carreteras como en antaño, no hay por qué salir a las calles a generar caos». Esta declaración se da en un momento en que el gobierno enfrenta nuevas acusaciones y críticas, incluso en materia de obstrucción a la justicia en investigaciones por corrupción.

URUGUAY

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El Ejecutivo presentó su Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat

El Poder Ejecutivo uruguayo presentó su Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat en un acto realizado en el anexo de la Torre Ejecutiva, con la participación del presidente Yamandú Orsi y la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro.

El programa establece un total de 69 mil 334 soluciones habitacionales en los próximos cinco años, que abarcan la construcción de nuevas viviendas, el mejoramiento del stock existente, subsidios de alquiler y apoyos diversos dentro del Sistema Público de Vivienda (SPV). La población objetivo incluye hogares en emergencia habitacional y vulnerabilidad social, así como familias de ingresos medios y medios bajos con dificultades de acceso a una vivienda adecuada.

El plan se organiza en cinco lineamientos estratégicos: atención a hogares vulnerables y en emergencia crítica; acceso y permanencia en viviendas adecuadas; integración social y territorial en contextos urbanos y rurales; estrategias de acceso y permanencia al suelo; y fortalecimiento de la gestión del SPV para mejorar la articulación interinstitucional.

Uno de los ejes centrales es la creación de un sistema de alquiler social, que busca llegar a más de seis mil hogares en este quinquenio. Estará dirigido a familias que ya alquilan en condiciones inestables y que destinan gran parte de sus ingresos al arrendamiento. La propuesta contempla viviendas nuevas, existentes, mejoramientos y subsidios parciales, con el fin de generar una oferta que no comprometa otras necesidades básicas.

El MVOT señaló además que 66 mil 882 hogares del país, equivalente al 5,4%, presentan carencias críticas en materia de vivienda, como hacinamiento, deficiencias constructivas o falta de acceso a agua potable y saneamiento. El plan busca atender también a los más de 667 asentamientos identificados y a poblaciones específicas: niños y niñas, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y liberados del sistema penitenciario. Para estos casos se prevén respuestas rápidas con materiales, mano de obra y asistencia técnica, junto con soluciones a largo plazo.

VENEZUELA

RELACIONES EXTERIORES | DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Continúan las amenazas de Estados Unidos a Venezuela

El gobierno de Estados Unidos continúa con la escalada de tensión luego de iniciar un despliegue de fuerzas militares –que incluyen aviones caza, buques militares y submarinos– sobre la zona del Caribe semanas atrás.

El presidente estadounidense Donald Trump brindo una breve pero inquietante declaración. El domingo 7 de septiembre, al ser abordado por periodistas dejó abierta la posibilidad de intervenir militarmente en territorio venezolano para atacar supuestos carteles de drogas radicados en dicho país.

Sumado a estas declaraciones, el secretario de Defensa Pete Hegseth, visitó el lunes 7 de septiembre Puerto Rico, base de operaciones aéreas y al USS Iwo Jima, el mayor buque de asalto anfibio de la Marina norteamericana desplegado en el Caribe Sur, asegurando que este despliegue no se encuentra enmarcado en ejercicios sino en posicionamientos militares reales.

Así mismo, Hagseth  brindó el jueves 11 de septiembre una entrevista en la cadena Fox News en donde manifestó que continuarán e intensificarán la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe. Así mismo, manifestó que grupos como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua – asociados por Estados Unidos con Nicolás Maduro- serán enfrentados como narcoterroristas y tratados incluso con la severidad con que se trató a Al-Qaeda.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | RELACIONES EXTERIORES | DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Maduro activa Plan Independencia 200 para la defensa territorial

En la madrugada del  jueves 11 de septiembre fue activado el denominado “Plan Independencia 200” de Resistencia Activa y Ofensiva Permanente. Desde ciudad Caribia en el estado la Guaira –urbanismo creado y desarrollado por la Misión Vivienda Venezuela– el presidente Maduro anunció la activación de dicho plan, para lo cual se activaron un total de 284 frentes estructurados bajo tres orientaciones estratégicas: defensa integral en unión popular-militar; resistencia activa y lucha integral por la patria.

El primer mandatario informó que el despliegue de los frentes se encuentra en todo el territorio nacional desde las costas hasta los llanos y la cordillera, enfatizando la acción conjunta entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana para la seguridad y defensa de la nación. A su vez, el jefe de Estado llamó a continuar el alistamiento de la población en las milicias populares enfatizando en que Venezuela nunca se arrodillará ante nadie.

RELACIONES EXTERIORES | ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Venezuela participa en la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China (CIFTIS)

Venezuela estuvo presente en la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China (CIFTIS) inaugurada el miércoles 10 de septiembre en la ciudad de Beijing. Esta importante feria reúne a 113 empresas de 85 países, en la cual se presentan más de 200 nuevos productos desarrollados mundialmente.

Venezuela contó con la participación de la ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior, Coromoto Godoy, el viceministro de Política Comercial Internacional, Johann Álvarez, y el superintendente Nacional de las Zonas Económicas Especiales, Johann Álvarez Márquez. Quienes reafirmaron el compromiso del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, al decidir adherirse a la iniciativa de Gobernanza Global, ratificando la voluntad de consolidar una cooperación bilateral establecida en la justicia social y la defensa de un nuevo orden internacional, a través de la alianza “A Toda Prueba y Todo Tiempo” establecida entre China y Venezuela.

El objetivo de esta participación es continuar estableciendo alianzas de cooperación, fomentando el desarrollo de las exportaciones no petroleras a través de más de 600 acuerdos bilaterales con la nación asiática.