ARGENTINA

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Masiva movilización en defensa de la salud pública

Miles de trabajadores, médicos, residentes y gremios del Hospital Garrahan se movilizaron desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo en una jornada marcada por la defensa de la salud pública y el reclamo de una recomposición salarial urgente. El núcleo del reclamo se centró en la parálisis presupuestaria dispuesta por la gestión de Javier Milei, sumando denuncias sobre la precarización laboral, la sobrecarga horaria y la falta de insumos críticos en el hospital pediátrico de referencia.

La convocatoria, promovida por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan y acompañada por gremios de la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales y políticas, culminó con la lectura de un documento en Casa Rosada donde se pidió la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones. Los manifestantes destacaron que los salarios se encuentran por debajo de la canasta básica y alertaron sobre despidos, deterioro salarial y las graves consecuencias de las recientes modificaciones al sistema de residencias médicas, las cuales consideran una disminución de derechos laborales.

Durante la protesta se realizó un paro de 24 horas, manteniéndose la atención de urgencias y pacientes internados. Los gremios resaltaron la realización exitosa de cinco cirugías de alta complejidad de manera simultánea, señalando el compromiso de los trabajadores con la salud de los niños y niñas, pese al contexto de ajuste y deterioro de las condiciones de trabajo. La movilización incluyó el reclamo de pase a planta permanente para el personal contratado y el rechazo al ajuste y vaciamiento del sistema sanitario.

En respuesta, el gobierno subrayó que rige una conciliación obligatoria y afirmó que el ámbito para discutir los salarios debe ser la paritaria nacional. El Consejo de Administración del hospital difundió una carta reafirmando el funcionamiento pleno del Garrahan y advirtiendo sobre la necesidad de que el hospital no sea usado como bandera política. Sin embargo, la tensión persiste y las autoridades confían en resolver progresivamente el conflicto mediante una “mayor eficiencia” en los procesos y posibles mejoras para el personal.

La jornada dejó un mensaje contundente: sin inversión en salud, no hay futuro. Los trabajadores del Garrahan exigen una recomposición salarial concreta, inversión real y respeto por sus condiciones laborales, advirtiendo que la salud pública y el bienestar de miles de niños dependen de estas decisiones políticas.

BOLIVIA

ELECCIONES | Fuego cruzado en la izquierda, dudas sobre el proceso electoral y consolidación de las opciones de oposición

A poco más de un mes de los comicios generales del 17 de agosto, el panorama electoral boliviano continúa marcado por la incertidumbre. Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que las elecciones están «totalmente garantizadas«, aún ningún partido ha completado sus listas de candidatos.

Sectores vinculados al evismo han radicalizado su discurso, amenazando con «perforar el proceso electoral» e incluso con que «en vez de contar votos, van a contar muertos«, lo que ha generado alarma en la opinión pública y ha motivado la apertura de procesos penales.

Distintos actores, incluyendo a la vocal del TSE Dina Chuquimia y al vocal Tahuichi Tahuichi Lara, alertaron sobre la posible imposibilidad de celebrar elecciones con normalidad si persisten las amenazas y la falta de condiciones políticas y logísticas. La propuesta de un «pacto democrático» lanzada por Edgar Vilca intenta recuperar confianza en el proceso, aunque sin resultados concretos por ahora.

Mientras tanto Evo Morales continúa reclamando al TSE la inscripción de su candidatura «para salvar la democracia» y afirmando que las elecciones «carecen de legitimidad» sin su participación. En ese marco, también acusó al oficialismo de preparar un «fraude electoral con apoyo extranjero«, involucrando directamente a Arce, Andrónico y otros actores. Según Morales, el actual gobierno ha promovido más procesos judiciales en su contra que los que enfrentó durante el periodo neoliberal, lo que considera una persecución política directa desde el Ejecutivo.

Mientras tanto, el oficialismo y sectores dentro del MAS buscan consolidar una estrategia para enfrentar la fragmentación política. Andrónico Rodríguez abrió la posibilidad de trabajar con Eva Copa y otros actores, en una lógica de reconstrucción interna y unidad táctica frente al ascenso de candidatos opositores. Sin embargo, el clima de confrontación interna se agrava con denuncias de Morales, quien acusa al entorno de Arce y Rodríguez de estar detrás de su inhabilitación por razones políticas.

En este marco, los estudios de opinión posicionan a Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga como principales contendientes opositores. Una segunda encuesta de El Deber muestra una competencia cerrada entre ambos, mientras que el propio Doria Medina aseguró que «van 7-0» a favor de su proyecto en las encuestas internas. Analistas coinciden en que la mayoría de los candidatos ya alcanzaron su «techo» electoral y que el desenlace dependerá de las alianzas de última hora.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Investigación por presunta corrupción en entorno presidencial

El Ministerio de Transparencia confirmó que el hijo del presidente Luis Arce está siendo investigado por una presunta compra irregular de terrenos por un valor millonario. El caso refuerza las críticas opositoras sobre el uso patrimonialista del poder y suma presión al entorno del mandatario en plena coyuntura electoral.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Bolsonaro es obligado a usar tobillera electrónica

En la mañana del viernes 18 de julio, la Policía Federal de Brasil ejecutó órdenes de allanamiento contra el ex presidente Jair Bolsonaro, en el marco de una operación autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF), que también alcanzó sedes del Partido Liberal (PL). Bolsonaro fue encontrado en su residencia en el barrio Jardim Botânico, en Brasilia, y trasladado a la sede de la PF, donde se le instalaron dispositivos de vigilancia electrónica. Entre las restricciones impuestas, no podrá utilizar redes sociales, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno (entre las 19:00 y las 7:00 horas), y se le prohíbe comunicarse con diplomáticos, embajadas o personas implicadas en la causa que investiga su intento de subvertir el orden constitucional tras perder las elecciones de 2022.

La decisión del STF responde a indicios de que el ex mandatario habría buscado asilo político en Estados Unidos, donde su hijo Eduardo Bolsonaro se encuentra actualmente intentando conseguir apoyo de sectores vinculados a Donald Trump. Las medidas coinciden con el tramo final del proceso en el que Bolsonaro es acusado de haber liderado una articulación entre civiles y militares para evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. La Procuraduría General de la República (PGR) lo identifica como el “principal articulador y mayor beneficiario” de un plan golpista que incluyó ataques al proceso electoral y a las instituciones. El procurador Paulo Gonet pidió su condena por cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado y formación de organización criminal armada, con penas que podrían superar los 40 años de prisión.

En este contexto, Bolsonaro intensificó su campaña por la amnistía, apoyándose en el discurso de Donald Trump, quien el 9 de julio impuso aranceles del 50% a exportaciones brasileñas, alegando que el STF brasileño estaría censurando a plataformas digitales estadounidenses. La familia Bolsonaro vinculó esa medida a la necesidad de una amnistía para revertir las sanciones económicas. El gobierno de Lula respondió con firmeza: en un discurso televisado el jueves 17 de julio, el presidente denunció cualquier intento de injerencia extranjera como “chantaje inaceptable” y calificó de “traidores a la patria” a quienes se alinean con intereses externos para desestabilizar la democracia brasileña. Reafirmó, además, su respaldo a un Poder Judicial independiente y comprometido con la legalidad democrática.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | MST alerta por retrocesos ambientales y criminalización del campesinado

La reciente aprobación del Proyecto de Ley 2.159/2021, conocido como “PL de la Devastación”, ha encendido las alarmas de los movimientos sociales brasileños, especialmente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). La norma, que desmantela el actual sistema de licenciamiento ambiental, fue aprobada en la Cámara de Diputados en la madrugada del 17 de julio, y es considerada por el MST como uno de los mayores retrocesos ambientales desde la dictadura militar. La dirigente nacional Renata Menezes señaló que esta legislación favorece a grandes empresas transnacionales interesadas en seguir perpetrando delitos ambientales con impunidad, gracias a su articulación con una mayoría parlamentaria dominada por el agronegocio.

Junto con esta amenaza ambiental, el MST también denuncia el avance del PL 8262/2017, que autoriza el uso de la fuerza policial para desalojos rurales sin orden judicial, lo que abre la puerta a un aumento de la violencia en el campo. Según Menezes, esta medida criminaliza no solo al MST, sino también a pueblos indígenas, quilombolas, ribeirinhos y otras comunidades tradicionales, al mismo tiempo que expone a estos grupos al riesgo de asesinatos y violaciones sistemáticas de derechos. El movimiento interpreta estas iniciativas como una reacción de la bancada ruralista tras la derrota sufrida en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) contra el MST en 2023, en un intento de rearticular el campo bolsonarista en el Congreso.

Ante este escenario, el MST exige que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vete por completo el PL 2.159. Aunque reconoce los avances democráticos bajo su gobierno, el movimiento mantiene una postura crítica y autónoma, reclamando mayor protagonismo estatal en la implementación de una reforma agraria efectiva. Menezes advirtió que, de no concretarse el veto presidencial o si este fuera parcial, las organizaciones populares recurrirán a mecanismos judiciales para frenar la legislación. Con más de 350 entidades en alerta, el MST llama a la movilización popular como herramienta decisiva para enfrentar estos retrocesos ambientales y agrarios, que reflejan la persistente correlación de fuerzas desfavorable a los sectores campesinos dentro del Congreso brasileño.

CHILE

RELACIONES EXTERIORES | Presidentes progresistas se reúnen en Santiago en defensa de la democracia

El próximo 21 de julio Santiago de Chile será epicentro de un encuentro histórico: la cumbre presidencial “Democracia Siempre”, convocada por el presidente Gabriel Boric y a la que confirmaron asistencia Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Pedro Sánchez (España). Este “retiro” de líderes progresistas tiene como propósito avanzar en una agenda común que fortalezca la democracia y el multilateralismo, haciendo frente a los desafíos globales que amenazan la estabilidad institucional y la justicia social.

La agenda de la cumbre se estructura en torno a tres ejes centrales: el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo, la reducción de desigualdades y la lucha contra la desinformación y la regulación de tecnologías emergentes. En un contexto de creciente polarización y cuestionamiento de los sistemas democráticos a nivel internacional, los mandatarios debatirán sobre políticas coordinadas que permitan proteger los derechos fundamentales, vigilar el impacto de las nuevas tecnologías y promover reformas orientadas a una mayor equidad social.

Las conclusiones y propuestas surgidas en Santiago serán presentadas en septiembre durante el 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El encuentro también se inscribe como continuidad de la iniciativa “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”, impulsada el año pasado por Brasil y España, ratificando el compromiso de estas naciones con una gobernanza mundial basada en el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Nueva Ley para la Paz Total, entre negociaciones y concesiones

El debate político en Colombia gira en torno al proyecto de Ley de “Paz Total” que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, una iniciativa destinada a ofrecer alternativas judiciales diferenciadas a grupos del crimen organizado, entre ellos el Clan del Golfo, en el marco de un intento por desarticular las estructuras armadas y reducir la violencia. Según el Ministerio de Justicia, este proyecto contempla un trato especial para bandas como el Clan del Golfo, que no serían sometidas a un proceso ordinario, sino a un esquema con enfoque transicional. El presidente Petro tendría un rol central, ya que le correspondería, mediante resoluciones, decidir quiénes podrían acceder a los beneficios legales, haciendo irreversible el acceso a derechos procesales incluso tras un eventual cambio de gobierno. La iniciativa también incluye la posibilidad de “segundas oportunidades” para quienes hayan sido excluidos de procesos previos, lo cual ha generado controversia por la amplitud de sus alcances y la concentración de facultades en el Ejecutivo.

El proyecto prevé dos rutas: una para bandas urbanas sometidas bajo un modelo clásico y otra para grupos como el Clan del Golfo, que por su unidad de mando y control territorial recibirían un tratamiento especial. Entre los beneficios sugeridos se encuentran rebajas de penas significativas, condenas de 5 a 8 años para cabecillas y de 2 a 5 años para integrantes rasos, la posibilidad de cumplir la pena en condiciones más flexibles y acceso a libertad condicional si ya han cumplido períodos de condena en la cárcel. También se señala la entrega de un porcentaje de bienes a quienes se sometan a la justicia, además de una nueva oportunidad incluso para reincidentes.

Este esquema ha provocado un intenso debate público. Por un lado, sectores defensores argumentan que facilitaría el sometimiento de grupos criminales y la desarticulación de su accionar, aportando a la pacificación de los territorios. Por otro, se han elevado múltiples críticas, especialmente sobre el riesgo de enviar mensajes de impunidad, la posible politización de los procesos y la insuficiencia de garantías para las víctimas. También preocupa el poder asignado al presidente y la posibilidad de tratamientos diferenciados a criminales de alto perfil.

La paz total ha puesto sobre la mesa problemáticas adicionales, reflejadas en hechos recientes como la imposibilidad de excombatientes de las FARC de viajar a Nueva York para la presentación del informe de cumplimiento del Acuerdo de Paz ante la ONU, debido a dificultades logísticas atribuidas a la Cancillería. En paralelo, la agenda internacional del gobierno ha mantenido su eje en la superación de la conflictividad fronteriza. La firma de un memorando de entendimiento con Venezuela fue celebrada tanto en Caracas como en Bogotá, sobre todo por la posibilidad de diseño de una zona económica especial binacional en la región del Catatumbo. La propuesta tiene como objetivo convertir el territorio en zona franca y de desarrollo compartido, en un área históricamente afectada por la violencia y la presencia del Clan del Golfo. Petro sostiene que esta política permitirá al Estado controlar la frontera, potenciar la economía local y contribuir a la construcción de paz, integrando a Venezuela y Colombia en proyectos conjuntos que van desde energía y transporte hasta turismo.

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Paro arrocero en Colombia, crece la tensión entre el agro y el gobierno

El paro arrocero que se desarrolla en Colombia desde hace varios días ha puesto sobre la mesa las tensiones persistentes entre los productores del campo y el gobierno nacional. Agricultores de al menos diez departamentos, entre ellos Meta, Huila, Casanare, Tolima y Caquetá, han iniciado bloqueos viales y concentraciones en distintos puntos del país, reclamando atención urgente a una serie de problemáticas que afectan la sostenibilidad de su actividad. Las manifestaciones, que ya han generado afectaciones en la movilidad y en el transporte de carga, se enmarcan en un contexto de reclamos económicos, demandas de control frente al contrabando y críticas por presuntos incumplimientos de compromisos oficiales.

Los arroceros señalan que atraviesan una situación crítica debido al aumento de los costos de producción, la baja en los precios de venta, la falta de apoyo técnico y comercial y la entrada de arroz de contrabando, especialmente desde Ecuador. En zonas como Nariño, productores de papa y arroz denuncian que el ingreso irregular de alimentos ha afectado los precios locales y reducido sus márgenes de ganancia. La inseguridad en el campo, según reportes del sector, también ha incrementado el riesgo para las inversiones a largo plazo y ha desincentivado la producción en varias regiones del país.

El Gobierno nacional ha propuesto la creación de una mesa de diálogo con representantes del gremio arrocero, cuya instalación tuvo lugar el jueves en Bogotá. Sin embargo, los primeros encuentros no generaron consensos inmediatos. Algunos voceros del sector expresaron que no hubo propuestas claras ni soluciones concretas por parte del Ejecutivo. A su vez, el Ministerio de Agricultura planteó la necesidad de revisar el control sobre las áreas de siembra para evitar una sobreoferta, lo que fue recibido con reservas por parte de los productores, quienes consideran que ese enfoque no responde a la urgencia de la situación.

Gobernadores de los departamentos afectados, como la mandataria del Meta, han solicitado mayor presencia del Estado y acciones concretas para aliviar el impacto económico que ya se percibe en sus regiones. A esto se suman los costos indirectos del paro, especialmente en el sector transportador, que reporta pérdidas acumuladas de más de 9 billones de pesos (más de 2 millones de dólares) por bloqueos desde 2023.

RELACIONES EXTERIORES | Colombia replantea su relación con la OTAN

El presidente Gustavo Petro sorprendió durante la cumbre internacional sobre Gaza, celebrada el 16 de julio en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, al anunciar que Colombia renuncia a su estatus de “socio global” de la OTAN, aludiendo a su postura en el conflicto de Medio Oriente. Petro sostuvo que “de la OTAN debemos salir, no hay otro camino”, y criticó a los gobiernos europeos por “ayudar a tirar bombas” en Gaza, calificándolos de “traición” al pueblo europeo. El mandatario expresó que no es coherente que Colombia mantenga un vínculo con ejércitos que disparan sobre civiles, especialmente niños, en conflictos como los de Gaza o Ucrania. Se preguntó, además, si no era hora de buscar otra alianza militar más alineada con esos principios.

Dirigentes opositores manifestaron su preocupación, según estos, la salida del estatus con la OTAN podría contravenir los intereses estratégicos y geopolíticos, debilitando mecanismos de cooperación en defensa y limitando oportunidades en modernización militar.

En su intervención, Petro también respaldó la suspensión de interacciones militares con Israel, en coherencia con una política exterior ética que rechaza la ocupación, el racismo y la violencia contra el pueblo palestino.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Continúa la crisis interna en la Revolución Ciudadana

La Revolución Ciudadana enfrenta una crisis interna agravada por múltiples salidas de sus asambleístas. Tras la renuncia de Jhajaira Urresta y la expulsión del asambleísta Joseph Díaz por acusaciones de violencia sexual, Luisa González confirmó que podrían haber más bajas, lo que generó una reunión de emergencia el 16 de julio en Quito para reforzar la cohesión del bloque. En ese encuentro, González lamentó que algunos asambleístas se estarían “reacomodando” políticamente, y atribuyó esas maniobras a intentos del Ejecutivo por “comprar legisladores”. A pesar de la tensión, la dirigencia mantiene que el partido sigue firme, aunque reconoce que enfrentarán una bancada más reducida y fragmentada.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Concurso de vocales de la Judicatura y pulso institucional

El proceso para elegir a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura (organismo encargado de la disciplina judicial), largamente truncado, se reactivó con la presentación de ternas por parte del Ejecutivo, la Asamblea y la Corte Nacional, tras una suspensión de 169 días. La Asamblea vetó una terna anterior por conflicto de intereses, introdujo nuevos nombres afines al Gobierno y designó como presidente del Consejo a Mario Godoy. A pesar de este avance, siguen las renuncias—como la de tres postulantes—en señal de presiones y cuestionamientos sobre transparencia. El pulso político se intensifica, con movimientos continuos que reflejan el interés del Ejecutivo por conformar una mayoría institucional clave a pocos meses de las elecciones.

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Protestas educativas y demanda gremial a la Constitución

Estudiantes universitarios realizaron una marcha en Quito, convocada por la FEUE, para exigir mayor inversión en educación superior, denunciar una deuda estatal de 712 millones de dólares y rechazar las reformas legislativas recientes. El rector de la FEUE advirtió que el presupuesto actual apenas llega a 310 dólares por alumno, lo que impide acceso y calidad académica.

De forma complementaria, gremios de salud y docentes anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, aduciendo que la Ley de Integridad Pública aumenta la judicialización laboral, amenaza la estabilidad y criminaliza la función pública. Estas medidas muestran un clima de presión social creciente contra las iniciativas del Gobierno y el Legislativo.

PARAGUAY

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | RELACIONES EXTERIORES | Negocios clave en disputa regional: el caso Taiwán – Paraguay

Paraguay y Taiwán reforzaron su vínculo estratégico con la visita oficial del canciller taiwanés Lin Chia-lung, acompañado por una comitiva de 28 empresarios de sectores como semiconductores, TIC, energías renovables y alimentos. En el marco del 68 aniversario de relaciones bilaterales, se destacaron proyectos como el Parque Tecnológico Inteligente en Minga Guazú, el sistema de información en salud HIS y la Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay.

Presentado oficialmente junto a autoridades paraguayas, el parque tecnológico se proyecta como un centro neurálgico regional de innovación, con la capacidad de atraer inversiones, impulsar la creación de industrias y fomentar la investigación aplicada. Este centro es considerado un hito en la estrategia de desarrollo tecnológico del país.

Además, los cancilleres reafirmaron la cooperación en áreas como salud, vivienda, movilidad urbana y la agenda de créditos de carbono, enmarcada en una visión conjunta de desarrollo sostenible. El sistema HIS ya está implementado en más de mil centros públicos, mientras que desde julio rige la eliminación de aranceles para la carne de cerdo paraguaya con destino a Taiwán.

La visita del canciller Lin coincidió con una licitación estratégica impulsada por Conatel para la incorporación de tecnología 5G. La embajada de Taiwán y la de Estados Unidos en Paraguay se pronunciaron a favor del proceso, en una clara señal de alineamiento político que excluye a empresas chinas del sector.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Arremetida política contra la fiscal de la Nación

El Congreso de la República ha intensificado la ofensiva contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta semana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite cuatro denuncias en su contra. Según los congresistas denunciantes, Espinoza habría archivado una denuncia contra el exfiscal Pablo Sánchez a cambio de su voto para la elección en el Consejo Nacional de la Magistratura.

La Fiscalía de la Nación ha negado estos señalamientos, apuntando que se trata de un intento por amedrentar y controlar el Ministerio Público. La arremetida parlamentaria se produce días después de que Espinoza denunciara públicamente su exclusión de la mesa de trabajo convocada por el Ejecutivo para tratar la formalización minera.

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Conflicto por la minería informal: enfrentamientos, muertos y una mesa técnica tensionada

Durante esta semana, el conflicto con los mineros informales cobró nuevas dimensiones. El 11 de julio se registró el primer fallecido en Arequipa producto de un enfrentamiento con la policía, en el marco del paro indefinido que mantenían bloqueadas varias vías en el sur del país. La presidenta Dina Boluarte y su ministro de Energía y Minas minimizaron las protestas, calificando los bloqueos como “ilícitos” y argumentando que los manifestantes están siendo usados con fines políticos por grupos de oposición.

En respuesta, el Ejecutivo convocó para el lunes 14 de julio una mesa técnica para discutir la formalización minera, pero la convocatoria ha estado rodeada de polémica. La Fiscalía fue excluida del diálogo, hecho que motivó una carta de queja de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien expresó su “preocupación y extrañeza” por no haber sido incluida en un tema tan crítico, ya que se advierte la penetración del crimen organizado en la actividad.

Además, el Ejecutivo dio un plazo de 15 días a los mineros para apelar su exclusión del REINFO, mecanismo clave en el proceso de formalización. Esta medida busca destrabar tensiones, pero también ha sido interpretada como una concesión política a los sectores movilizados.

URUGUAY

BIENES COMUNES | Orsi descarta el proyecto Neptuno y propone alternativas para solucionar disponibilidad de agua potable

El gobierno uruguayo resolvió descartar el proyecto Neptuno, una iniciativa impulsada en el período de Lacalle Pou para construir una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, San José, que extraería agua del Río de la Plata. El anuncio formal de la cancelación del proyecto fue comunicado por el gobierno este viernes 18 de julio, luego de encuentros entre las autoridades y representantes del consorcio. En su lugar, se propuso al consorcio privado adjudicatario una alternativa: la construcción de una planta potabilizadora en Aguas Corrientes, Canelones, que se abastecería del Río Santa Lucía y produciría 200 mil metros cúbicos de agua potable por día, sumándose a los 670 mil metros cúbicos que genera actualmente la planta ya existente en esa zona.

El consorcio Aguas de Montevideo, integrado por Saceem, Berkes, Fast y Ciemsa, tenía firmado un contrato por 20 años con el Estado. La decisión de dejar sin efecto el proyecto original llegó luego de amplias críticas desde la sociedad civil, sectores académicos y figuras del oficialismo, tanto por razones ambientales como económicas.

En abril de este año, 80 organizaciones socioambientales habían enviado una carta al presidente Yamandú Orsi solicitando la cancelación del proyecto. Desde esos espacios se celebró la medida como un “gran triunfo”, aunque persisten interrogantes respecto a las condiciones contractuales vigentes con el consorcio y las posibles consecuencias jurídicas de la anulación del proyecto original.

Por su parte, la vicepresidenta Carolina Cosse expresó su conformidad con la decisión del Ejecutivo. En rueda de prensa afirmó que “estamos volviendo al curso que las cosas tienen que tener en Uruguay”, y remarcó que la construcción de la represa en Casupá sigue en pie como parte de los compromisos asumidos en materia de infraestructura hídrica.

VENEZUELA

RELACIONES EXTERIORES | Firma memorándum Zona Económica Especial entre Venezuela y Colombia

El jueves 17 de julio la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez y la ministra de Comercio de Colombia, Diana Morales, firmaron un memorándum de entendimiento entre los dos países con el fin de establecer acuerdos para la creación de una Zona Económica Especial de Paz, Unión y Desarrollo Binacional. 

Este acuerdo tiene la finalidad de fortalecer a los sectores productivos de ambos países, abriendo una nueva etapa de cooperación con el objetivo de trasformar una de las zonas más conflictivas de la región en un motor de desarrollo.              Entre los sectores económicos priorizados para la inversión productiva se encuentran áreas como la gasífera e hidrocarburos, además de turismo, producción agroalimentaria y productos manufacturados, entre otros.

Este acuerdo llega luego de las negociaciones iniciadas como respuesta a la propuesta realizada por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro al presidente Petro como manera de dinamizar la economía binacional en las zonas de frontera. Este acuerdo abra una nueva etapa.

En declaraciones luego de la firma del memorándum celebrada en Caracas, la vicepresidenta Rodríguez destacó la importancia de este acuerdo que busca poder generar articulación e integración regional para pensar el desarrollo. Para ello se encuentran trabajando con los gobernadores de los estados fronterizos pensando en establecer un plan de acción conjunta.

Rodríguez informó como un elemento positivo el crecimiento del comercio binacional generado desde el comienzo de la presidencia de Petro en Colombia.

Por su parte, la ministra de Comercio de Colombia, Diana Marcela Morales, señaló que se comienza a trazar una ruta estratégica conjunta que permita la integración regional de dos naciones que históricamente han estado conectadas.

El presidente Nicolás Maduro calificó de histórica la firma de este documento, asegurando que permitirá incrementar las facilidades para el intercambio y así poder aumentar la balanza comercial entre estos países, la cual en 2024 alcanzó los mil 200 millones de dólares. Así como también destacó el interés de sectores empresariales internacionales de países como Rusia, China, India y Turquía entre otros.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Continúa crecimiento económico venezolano

El jueves 17 de julio el presidente Nicolás Maduro informó que, durante el segundo trimestre del 2025, el Producto Interno Bruto de país tuvo un crecimiento de más del 6%, recordando a su vez el alto crecimiento durante el primer trimestre, en torno al 9% marcando así, a pesar de la leve baja de este último trimestre, una senda de crecimiento de 17 trimestres consecutivos con un crecimiento pico en 2022 del 15%, luego de años de recesión ocasionada por la guerra comercial impuesta contra el país caribeño.  

Entre otras razones, este crecimiento puede explicarse por el relajamiento a ciertos controles cambiarios y de precios, que dinamizaron la industria nacional. Así como también el impulso de una política centralizada de reducción de importaciones fomentando al sector industrial venezolano.

ELECCIONES | Avanza el cronograma electoral previo a las elecciones del 27J

Entrando en la recta final de cara a las elecciones municipales del 27 de julio en todo el territorio nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó el miércoles 16 de julio que el cronograma electoral se encuentra cumplido en más de un 80 %.

El rector de dicha entidad, Conrado Pérez destacó la amplia participación de los diferentes sectores y partidos políticos del país para presentar sus candidaturas y programas políticos. Precisando que para las 335 alcaldías se inscribieron un total de 10 mil 594 candidatos, mientras que para los 982 concejos nominales existen 55 mil 898 aspirantes, para los 1420  concejales lista 81 mil 588 candidatos y 474 para concejales indígenas.

A su vez, informó que los procesos de auditorías de las herramientas electorales  también se encuentran en estado avanzado. Recordemos que estas auditorías se realizan antes, durante y después del proceso electoral. Asegurando que el voto generado en el cuarto de votación es el que efectivamente será contabilizado por el CNE en su recuento final.

Por último, el CNE notificó la puesta a disposición del pueblo venezolano del Sistema de Divulgación de Oferta Electoral. Esta es una página web en donde pueden consultarse las tarjetas electorales de los partidos políticos participantes, así como los candidatos en todos los municipios del país.