En la última semana, las tensiones entre el gobierno canadiense y varias Primeras Naciones se intensificaron a raíz de la aprobación de la Ley de Infraestructura Estratégica (Bill C‑5) y la Ley de Economía Canadiense (Bill C‑7). Estas normativas, impulsadas por el gobierno de Mark Carney, buscan acelerar la aprobación de proyectos considerados de “interés nacional” como minas, oleoductos, líneas eléctricas y carreteras. Según el Ejecutivo, el objetivo es reducir trámites burocráticos y atraer inversiones en infraestructura clave para el desarrollo económico del país.

Sin embargo, las comunidades indígenas denuncian que estas leyes vulneran sus derechos constitucionales a la consulta previa, libre e informada. Nueve Primeras Naciones de Ontario, entre ellas Alderville, Attawapiskat y Oneida del Thames, presentaron esta semana un recurso constitucional ante el Tribunal Superior de Ontario, argumentando que las nuevas normativas permiten al gobierno federal y provincial imponer proyectos en sus territorios sin un proceso real de participación. Entre las principales preocupaciones destacan el riesgo ambiental, el impacto en tierras ancestrales y la falta de beneficios tangibles para las comunidades locales.

En respuesta a la creciente oposición, el primer ministro Carney organizó una cumbre nacional con líderes indígenas, intentando calmar los ánimos y abrir un canal de diálogo. Durante el encuentro, Carney defendió que los nuevos poderes otorgados por las leyes no buscan excluir a las Primeras Naciones, sino al contrario: facilitar su participación económica, incluyendo posibles modelos de propiedad compartida en los proyectos. Sin embargo, figuras destacadas como Cindy Woodhouse Nepinak advirtieron que un solo encuentro no sustituye la necesidad de consultas auténticas, y que la reunión fue percibida por muchos como un gesto simbólico más que como un compromiso estructural de cambio.