CANADÁ
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DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Canadá confirma una nueva agencia de defensa para optimizar la adquisición de armamento
Ottawa anunció el 2 de octubre la creación de la Defence Investment Agency (DIA), un nuevo organismo federal para centralizar y acelerar las adquisiciones militares y de la Guardia Costera. Según el comunicado de la Oficina del Primer Ministro, la DIA buscará corregir un sistema de compras “fragmentado y lento”, recortando pasos administrativos, concentrando la pericia técnica y acortando los plazos para entregar “el equipo que necesitan, cuando lo necesitan” las Fuerzas Armadas Canadienses (CAF) y la Canadian Coast Guard.
El lanzamiento reactivó un debate de fondo: adquisición (comprar en el mercado) versus producción (ordenar y gestionar fabricación nacional por razones de seguridad). Análisis recientes —incluido un “Policy Perspective” del Canadian Global Affairs Institute— sostienen que, sin un giro explícito hacia producción doméstica, la DIA podría quedar en una mera reorganización burocrática. Voces del ecosistema de defensa han puesto el acento en la necesidad de fijar prioridades industriales, señales claras a proveedores y stocks críticos (repuestos, munición).
Lo cierto es que, en la actualidad, el único programa en producción local a escala sigue siendo la Estrategia Nacional de Construcción Naval (NSS), con los Arctic and Offshore Patrol Ships (AOPS) ya en serie y el proyecto de destructores de clase River en desarrollo industrial bajo el NSS; ambos concentrados en astilleros canadienses y con encadenamientos locales.
ESTADOS UNIDOS
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ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Trump envía tropas a Oregón mientras agita a la cúpula militar con una “guerra desde adentro”
El sábado 27 de septiembre el presidente estadounidense anunció que enviará fuerzas a Portland (Oregón) para “proteger” instalaciones de ICE y autorizó el “uso de toda la fuerza si fuera necesario”, aduciendo peligro de terrorismo doméstico. Al día siguiente, el Pentágono activó bajo autoridad federal a unos 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón, mientras el gobierno y funcionarios de Oregon demandaban para frenar el operativo. En paralelo, también se planearon despliegues en Memphis, anunciados hace algunas semanas; y esta semana se inició el entrenamiento de guardias para manejo de disturbios en Portland.
El movimiento ocurre en un marco legal controvertido. Un mes atrás, un juez federal en California determinó que Trump violó la Ley de Posse Comitatus al usar a la Guardia Nacional en Los Ángeles sin base constitucional ni autorización del Congreso; esa norma prohíbe emplear militares en funciones de orden interno salvo excepciones específicas. El fiscal general de Oregon ha presentado una moción de emergencia para evitar el nuevo despliegue, en el cual se informa de la capacidad del Estado para controlar las protestas.
En Illinois, el gobernador JB Pritzker dijo que la Casa Blanca pidió enviar 100 efectivos al estado tras choques entre ICE y manifestantes; el alcalde de Chicago prometió proteger a las comunidades migrantes. La narrativa de la Casa Blanca insiste en el control del crimen y la seguridad de instalaciones federales como las de ICE, pero los litigios estatales y los fallos recientes anticipan semanas de pulso judicial y político sobre los límites al uso doméstico de tropas.
Como parte de su programa político e ideológico, Trump describió la coyuntura como una “guerra desde dentro” ante la cúpula militar en Quantico el 30 de septiembre. El presidente estadounidense sugirió usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para las fuerzas.
MÉXICO
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ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Claudia Sheinbaum cumple su primer año de gobierno con altos índices de aprobación
Al cumplirse un año de su asunción como primera mandataria de México, Claudia Sheinbaum continúa exhibiendo niveles de aprobación que se encuentran entre los más altos de América Latina y el mundo. El respaldo ciudadano se sitúa de manera consistente en un rango que se ha mantenido entre el 70 y el 80 por ciento, de acuerdo con diversas casa encuestadoras.
Los datos proporcionados por las más recientes encuestas publicadas por El Financiero, Enkoll-El País y Demoscopia Digital-La Jornada refuerzan este panorama de consenso. La cifra más alta de aprobación para la presidenta mexicana corresponde a las últimas mediciones de Enkoll-El País y Demoscopia Digital-La Jornada, siendo ambas coincidentes al asignarle un 78 por ciento. Por su parte, la encuesta de El Financiero le otorga a Claudia Sheinbaum un nivel de aprobación que se ubica en el 73 por ciento.
En resumen, este sostenido respaldo ciudadano consolida su posición en el primer tramo de su sexenio y refleja, según varios analistas, la continuidad de la confianza en el gobierno de la Cuarta Transformación por parte de una contundente mayoría social, lo que subraya la estabilidad de su liderazgo a doce meses de haber asumido el cargo.
HAITÍ
HAITÍ
DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | ONU aprueba nueva Fuerza de Supresión de Pandillas para combatir la violencia en Haití
La ONU aprobó una resolución para transformar la misión de seguridad internacional en Haití en una fuerza más grande y equipada, denominada “Fuerza de Supresión de Pandillas”. La medida, impulsada por Estados Unidos y Panamá, fue respaldada por 12 miembros del Consejo de Seguridad, mientras que Rusia, China y Pakistán se abstuvieron. La votación se da tras el aumento de la violencia en el país caribeño, especialmente tras la expansión de las pandillas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
La nueva misión tendrá un máximo de cinco mil 500 efectivos, entre policías y militares, superando ampliamente a la actual fuerza liderada por Kenia, que apenas cuenta con mil efectivos y ha enfrentado problemas de financiamiento y logística. La misión anterior ha tenido resultados limitados en los últimos 15 meses, sin lograr frenar la creciente inseguridad en Port-au-Prince y otras zonas controladas por pandillas.
A diferencia de la fuerza previa, la nueva unidad estará autorizada a realizar operaciones ofensivas de manera independiente (sin necesitar la autorización de la policía haitiana). Entre sus objetivos se incluyen la neutralización de pandillas, la protección de infraestructuras críticas —como aeropuertos, puertos, escuelas y hospitales— y el apoyo en la lucha contra el tráfico ilícito de armas y materiales relacionados. La operación contará con un liderazgo conformado por los países que aporten personal, con Estados Unidos y Canadá como miembros destacados.
La resolución también contempla la creación de una oficina de apoyo de la ONU, sugerida por el secretario general António Guterres, que proporcionará respaldo logístico y financiero a la nueva fuerza. No obstante, la operación no se considerará una misión oficial de mantenimiento de la paz de la ONU y dependerá de contribuciones voluntarias para su financiación y despliegue.
El contexto de la decisión refleja la grave situación de Haití, donde las pandillas controlan actualmente alrededor del 90% de la capital y han extendido sus actividades al resto del país, cometiendo asesinatos, secuestros, robos y violaciones. Laurent Saint-Cyr, presidente del Consejo Presidencial Transitorio de Haití, calificó la aprobación de la resolución como un “punto de inflexión decisivo” en la lucha contra la violencia y la criminalidad que paraliza al país.
Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas. China cuestionó que la resolución podría agravar la situación compleja del país y señaló el incumplimiento de Estados Unidos en compromisos financieros previos. Rusia también expresó su preocupación por la eficacia de la operación, citando experiencias anteriores de la ONU en Haití que no lograron resultados sostenibles. A pesar de estas reservas, Estados Unidos y Panamá defienden que la nueva fuerza es clave para restablecer la seguridad, facilitar la reconstrucción política y económica y permitir la celebración de elecciones.
ARGENTINA
ARGENTINA
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Un escandaloso vínculo con el narcotráfico envuelve a principal candidato de Milei
José Luis Espert, candidato de La Libertad Avanza (LLA) al Congreso, está envuelto en un escándalo que sacude el mundo político argentino, vinculado al empresario Federico «Fred» Machado, acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude millonario. Machado, detenido en Argentina y bajo prisión preventiva domiciliaria en Viedma, es señalado como el principal financista opaco de la campaña presidencial de Espert en 2019. Según investigaciones y registros oficiales, el empresario no solo aportó sumas millonarias en dinero y logística —entre ellas una camioneta blindada y viajes en jet privado donde Espert voló al menos 35 veces— sino que también transfirió 200 mil dólares a nombre del diputado en 2020, operación vinculada a compañías pantalla destinadas a actividades ilícitas.
El vínculo entre Espert y Machado fue inicialmente negado por el candidato, quien sostenía que sólo se había cruzado una vez con el empresario antes de 2019. Sin embargo, tras la publicación de evidencia bancaria y testimonios, Espert reconoció haber recibido ese pago de 200 mil dólares por un supuesto trabajo de consultoría para una minera guatemalteca de la que Machado era intermediario. Según Espert, nunca fue financiado por Machado en 2019; sin embargo, ex aliados y documentos contradicen esa versión, señalando que los aportes a la campaña no fueron declarados y que el empresario controlaba mecanismos financieros claves en la operación electoral. El patrimonio de Espert evidencia un crecimiento inexplicable paralelo a esos movimientos, con la compra de una casa en San Isidro, la adquisición de un BMW 240i 0 km y la creación de una sociedad pantalla en 2019-2020, Varianza SA, que no registró actividad pública y pone en cuestionamiento posibles canales de blanqueo.
El entramado judicial también involucra a una red de abogados mutuos entre Espert, el presidente Javier Milei y Federico Machado, lo que añade un componente político al escándalo. El defensor de Machado es Francisco Oneto, abogado también de Milei, mientras que Espert está representado por un estudio vinculado al ministro de Justicia del gobierno actual. Esta conexión genera preocupaciones sobre interferencias judiciales, ya que la Corte Suprema demoró años en avanzar en una causa crucial contra Machado, y solo recientemente retomó el expediente tras la exposición mediática. Javier Milei, aún con presión interna y pública, respaldó públicamente la candidatura de Espert, denunciando una supuesta «operación para ensuciar al gobierno» mientras el escándalo crece con evidencias que apuntan a financiamiento oscuro y una amplia red de contactos vinculados a actividades ilícitas.
La cuestión más comprometida para Espert es la disparidad entre sus declaraciones públicas y los documentos oficiales: la Justicia investiga si fondos ligados a Machado, que podrían ascender a cinco millones de dólares destinados a financiar la candidatura de Espert, terminaron engrosando su patrimonio personal. Compras de inmuebles y vehículos de alta gama, realizadas con supuestos “ingresos propios,” desatan sospechas de blanqueo, así como operaciones financieras en Estados Unidos que no fueron reportadas en las declaraciones juradas del economista. Mientras el pacto político con Milei se sostiene, el escándalo amenaza con fracturas internas dentro de La Libertad Avanza y un serio desgaste en la imagen pública de un candidato estrella en las elecciones legislativas de 2025.
En resumen, el caso Espert-Machado es un entramado que combina financiamiento electoral no declarado, vínculos con una red acusada internacionalmente de narcotráfico y fraudes millonarios, un crecimiento patrimonial explosivo en corto tiempo y conexiones jurídicas y políticas que elevan la tensión en la campaña electoral. La investigación judicial sigue en marcha mientras se examinan pruebas bancarias, testimonios y movimientos societarios para esclarecer el alcance real del escándalo y sus responsables políticos.
BOLIVIA
BOLIVIA
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | A dos semanas de la segunda vuelta, se pelea voto a voto
La segunda vuelta electoral en Bolivia se acerca rápidamente, prevista para el 19 de octubre, y enfrenta a dos candidatos de derecha: Rodrigo Paz, representante de una «derecha moderna», y Jorge «Tuto» Quiroga, ex vicepresidente y figura de ultraderecha vinculada al legado militar de Banzer. Desde la primera vuelta, Paz ha recibido el apoyo del empresario Samuel Doria Medina y busca atraer los votos nulos que Evo Morales impulsó en la previa, aunque desde el entorno de Morales se niega cualquier acuerdo y se afirma que no respaldarán a ningún candidato, pues ambos representan el mismo modelo neoliberal. La campaña ha estado marcada por ataques y discursos más folclóricos que debates profundos sobre programas de gobierno y modelos económicos, con la notable presencia del candidato a vicepresidente de Paz, Edmar Lara, un ex policía que realiza una activa y mediática campaña en redes sociales, mientras Quiroga ha intensificado sus lazos internacionales con el gobierno de Trump y organismos como el FMI y el Banco Mundial.
En paralelo, el Tribunal Electoral boliviano ratificó la realización del debate entre candidatos a la vicepresidencia, pese a la ausencia de uno de los postulantes, reforzando la importancia del proceso democrático en esta etapa crucial del balotaje. La Unión Europea también ha regresado a Bolivia con una misión de observación electoral para acompañar la segunda vuelta, con el objetivo, según la organización, de garantizar la transparencia y fortalecer la institucionalidad democrática en el país. Más allá de la coyuntura electoral, la Unión Europea mantiene una alianza estratégica con Bolivia, enfocada en cooperación para asuntos ambientales, desarrollo sostenible, derechos humanos, gobernanza y energías renovables. En el último Diálogo de Alto Nivel celebrado en Bruselas, la UE reafirmó su apoyo al país con un compromiso de inversión de 800 millones de euros entre 2025 y 2027, incluyendo fondos importantes para la transición energética y la explotación responsable de recursos estratégicos como el litio. La agenda bilateral también abarca comercio, biodiversidad, seguridad y lucha contra el narcotráfico.
BRASIL
BRASIL
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Cámara de Diputados aprueba por unanimidad la exención del Impuesto a la Renta
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó de forma unánime, con 493 votos favorables y ninguno en contra, el proyecto de ley que establece la exención del Impuesto a la Renta para quienes perciban hasta cinco mil reales mensuales (aproximadamente 870 dólares). La medida, considerada una de las principales promesas de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comenzará a regir a partir de 2026, siempre que reciba también el aval del Senado.
El proyecto contempla además un descuento progresivo en el impuesto para quienes perciben entre cinco mil y siete mil trescientos cincuenta reales mensuales (entre 870 y mil 280 dólares). Según cálculos oficiales, la medida beneficiará a dieciséis millones de contribuyentes, con un costo fiscal estimado de treinta y un mil doscientos millones de reales (aproximadamente cinco mil 400 millones de dólares) en 2026.
Para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y evitar un desajuste presupuestario, el gobierno incluyó en el mismo paquete la creación de un impuesto mínimo de diez por ciento sobre la alta renta. Este tributo alcanzará a unas ciento cuarenta y un mil personas físicas con ingresos anuales superiores a seiscientos mil reales (alrededor de 104 mil dólares), quienes hoy pagan en promedio una alícuota efectiva de apenas 2,5 por ciento. El nuevo esquema asegura que quienes obtengan más de un millón doscientos mil reales al año (unos 208 mil dólares) tributen al menos un diez por ciento, corrigiendo distorsiones que favorecían a los sectores de mayores ingresos.
El presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), celebró el resultado como “un día histórico para Brasil y para esta casa”, mientras que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, afirmó que la votación marca el inicio de un proceso de justicia tributaria frente a la “inaceptable desigualdad” del país. Desde el Ejecutivo, Lula agradeció a Motta y al relator Arthur Lira (PP-AL) por la aprobación y expresó confianza en que el Senado respaldará también la propuesta.
El relator Lira incluyó ajustes en el texto final para garantizar compensaciones a estados y municipios con pérdidas de recaudación, mantener la exención de dividendos distribuidos hasta diciembre de 2025 y preservar beneficios a programas como el Prouni. También excluyó del nuevo impuesto a ciertos instrumentos de inversión y a los aportes obligatorios de los cartorios al Poder Judicial.
La unanimidad en la votación fue interpretada por el gobierno y la dirigencia de la Cámara como un hecho político de gran relevancia, dado que reunió en apoyo común a la base aliada, al centrão y a la oposición. La aprobación, tras meses de debate y resistencias a la tributación de las altas rentas, refuerza la estrategia del gobierno de Lula de combinar alivio fiscal para la base de la pirámide con una mayor carga impositiva a los más ricos, buscando al mismo tiempo impacto social y equilibrio de las cuentas públicas.
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Boulos a la Secretaría General de la Presidencia
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ya había anticipado a sus colaboradores que Guilherme Boulos (PSOL-SP) sería designado como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia en reemplazo de Márcio Macêdo. La decisión se enmarca en una reforma ministerial orientada a reforzar la base social de izquierda con miras a 2026 y a dar protagonismo a dirigentes con capacidad de enfrentar la ofensiva bolsonarista en redes y en las calles. Para Boulos, que había visto debilitado su capital político tras la derrota en las elecciones municipales de 2024 en São Paulo, la llegada al gobierno representa una oportunidad de reposicionamiento.
Este 30 de septiembre Brasil 247 confirmó que el diputado comunicó a sus aliados la decisión de integrarse al Ejecutivo, tras reunirse con el grupo Revolução Solidária. Aunque enfrenta resistencias internas en el PSOL, Boulos argumentó que sería incoherente disputar espacio por la izquierda y rechazar un ministerio en un momento clave. Su incorporación consolida la estrategia de Lula de acercar movimientos sociales al Planalto y ampliar la visibilidad del gobierno en la mayor plaza electoral del país, al tiempo que se prevén nuevas modificaciones en el gabinete de cara a las elecciones de 2026.
El gesto positivo que quedó como saldo del encuentro entre Lula y Donald Trump en el marco de la 80° Asamblea General de la ONU también permitió profundizar este contexto propositivo del gobierno brasilero. Sectores del centrão, que habían anunciado una salida de la alianza de gobierno para encolumnarse en una posible candidatura de Tarcísio Freitas en 2026, comenzaron a reconsiderar su distancia del gobierno. Este impulso político beneficiaría la capacidad de Lula para tender puentes con partidos moderados y consolidar apoyos regionales mientras refuerza su base electoral.
CHILE
CHILE
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Silvio Rodriguez visitó Chile y se reunió con referentes políticos
El cantautor cubano Silvio Rodríguez visitó el Palacio de La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric y la portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo, en un encuentro privado que reflejó la estrecha relación que mantiene con Chile desde hace más de cinco décadas. Durante su visita, Rodríguez destacó que venir a Chile «siempre es maravilloso» y calificó a Boric como un «amigo». Esta visita se enmarca en la gira sudamericana que el músico realiza para promocionar su último álbum, y coincide con sus cuatro conciertos masivos programados en el Movistar Arena de Santiago.
El acercamiento de Silvio Rodríguez con la escena política chilena no es nuevo; durante su estadía, también se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet, quien asistió como espectadora a uno de sus conciertos en el Movistar Arena. En ese contexto, Rodríguez le obsequió presentes y destacó la importancia de sus vínculos con Chile, país que ha seguido de cerca a lo largo de su historia, incluso en tiempos difíciles, como durante la dictadura de Augusto Pinochet. Rodríguez recordó anécdotas de encuentros anteriores con figuras políticas chilenas y subrayó su interés por la situación política actual en el país, especialmente en relación con el gobierno de Boric.
A pesar del éxito de los conciertos, la serie de presentaciones de Silvio Rodríguez en Chile no ha estado exenta de polémica, ya que la justicia chilena ordenó retener toda la recaudación debido a una deuda que la productora arrastra desde hace más de 10 años por el pago de derechos de autor. Aun así, el cantautor ha logrado conectar con miles de seguidores en Santiago y prepara clases gratuitas de música para jóvenes, demostrando su compromiso con el arte y la cultura más allá de la esfera política y comercial. Esta mezcla de música, historia y política revela la profunda influencia que Silvio Rodríguez sigue teniendo en Chile y su pueblo.
COLOMBIA
COLOMBIA
RELACIONES EXTERIORES | Crisis en Gaza y tensiones diplomáticas reconfiguran la agenda política de Petro
En los últimos días la agenda internacional del presidente Gustavo Petro estuvo marcada por la crisis humanitaria en Gaza y por un choque directo con Estados Unidos e Israel que reconfiguran tanto la narrativa política como las tensiones diplomáticas del Gobierno. Petro criticó con dureza el plan presentado por Donald Trump para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina, señalando que no habrá paz si la gente muere de inanición, una postura que lo sitúa en la primera línea de la condena a medidas que consideran insuficientes para garantizar la protección civil. Paralelamente, el gobierno colombiano anunció la expulsión de personal diplomático israelí y el reclamo por la detención de ciudadanas colombianas que participaban en la flotilla de ayuda Global Sumud, exigiendo su liberación inmediata. Situación que llevó además a tensiones prácticas en la Cancillería sobre cómo repatriar a las personas afectadas, en un contexto en que las relaciones con Israel fueron descritas por fuentes oficiales como “rotas”.
Por otro lado, la decisión estadounidense de revocar la visa del presidente Petro produjo consecuencias políticas y administrativas internas: varios ministros anunciaron que renuncian al uso de la visa estadounidense como gesto y respaldo al presidente. Es el caso de la canciller Rosa Villavicencio que renunció al uso de la visa y se determinó que no viajaría a la presentación del informe sobre el Acuerdo de Paz ante la ONU en Nueva York. Al mismo tiempo, la gestión presidencial recibió reclamos internos por focalizar su discurso en la crisis de Gaza mientras en la agenda local persisten demandas sobre seguridad y reaprovisionamiento de las fuerzas armadas. En lo operativo, el presidente hizo un llamado público a acelerar contratos y mejorar el armamento, mencionando la demora en la firma del contrato para los aviones Gripen.
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | La reforma a la salud, entre el archivo en el Senado y la amenaza de una constituyente
La discusión sobre la reforma a la salud en el Senado atraviesa en estos días una fase de alta incertidumbre política y técnica: la Comisión Séptima pospuso su última sesión mientras crecen las maniobras para consolidar una ponencia de archivo que ya tendría al menos cinco votos, aunque también persisten intentos del oficialismo por sumar apoyos para evitar el hundimiento del proyecto. El ministro del Interior dijo públicamente que, si la reforma no supera el trámite en el Congreso, el Ejecutivo impulsaría la vía de una constituyente para resolver los cambios estructurales del sistema, una salida que eleva la apuesta política y polariza el debate.
En la comisión hay varias ponencias, la de archivo liderada por senadores del Centro Democrático y Conservador, la positiva de sectores de la izquierda y una ponencia alternativa impulsada por senadoras como Norma Hurtado, pero hasta ahora “nadie tiene los votos”. Ninguna de las propuestas reúne mayorías claras, lo que convierte cada negociación en un paso clave. A esto se suma la controversia generada por declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que introdujo dudas sobre la viabilidad técnica y el aval fiscal de las distintas propuestas, ese debate técnico-financiero es central porque las cuentas sobre cómo pagar las deudas de las EPS (entidades promotoras de salud) y garantizar la sostenibilidad del sistema no convencen a muchos congresistas.
Gustavo Petro y miembros del Ejecutivo han vuelto a cuestionar la ponencia alternativa, señalando que podría legitimar mecanismos que no resuelven el problema de la deuda del sistema de salud, argumento que profundiza la división entre quienes piden una discusión en la comisión y quienes contemplan vías extraordinarias si el Congreso fracasa. Por el momento la reforma que alcanzaría a 50 millones de usuarios queda subordinada a la discusión técnica o la posibilidad de una constituyente aparece como la alternativa de presión del Ejecutivo si las negociaciones legislativas no prosperan.
RELACIONES EXTERIORES | Petro abre el debate sobre la reforma del TLC con Estados Unidos
El presidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente de discusión al instruir a su gabinete para explorar una reforma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, argumento que enlazó con la idea de que la relación comercial sería desproporcionadamente dependiente de productos minero-energéticos y que otros rubros “están en decadencia”, aludiendo al lado ambiental del debate “el comercio no esta por encima de la vida”. Además de anunciar la intención de dar por concluido el tratado con Israel. La propuesta, formulada en medio de la revocación de su visa estadounidense, generó reacciones inmediatas y es cuestionada tanto por su factibilidad técnica como por su diagnóstico económico.
La iniciativa se enmarca en un clima tenso con Washington y provocó críticas desde distintos sectores del espectro político y gremial, que advierten riesgos para la estabilidad de relaciones comerciales y la confianza de inversionistas; por su parte, el presidente defendió la propuesta subrayando que no busca rupturas diplomáticas sino una renegociación que corrija lo que considera asimetrías. La propuesta de Petro estaría funcionando hoy más como un mensaje político y simbólico, un llamado a replantear prioridades comerciales y ambientales, que como una ruta práctica de política pública inmediata.
ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Colombia cancela línea de crédito con el FMI
El gobierno nacional anunció la cancelación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional, una decisión que las autoridades explicaron por la “liquidez internacional” sostenida en las reservas (reportadas en torno a 65 mil 500 millones de dólares) y por la rentabilidad acumulada del portafolio, y que según el Banco de la República no altera el cronograma del pago pendiente ligado al desembolso de diciembre de 2020, cuyo único pago restante seguiría programado para diciembre de 2025. El presidente Gustavo Petro celebró la decisión en redes sociales, afirmando que “hemos cumplido con el crédito que tomó Duque de manera irresponsable con el FMI” y que, según su gobierno, alrededor de cinco mil millones de dólares se pagaron en los tres años siguientes a ese acuerdo, el Ejecutivo además afirmó haber saldado totalmente la deuda asociada y señaló el fin del “sobreendeudamiento” vinculado a subsidios anteriores. La decisión abrió críticas de sectores de la oposición que interpretan la salida como un gesto político con posibles costos reputacionales y de confianza en los mercados, han llegado a plantear inquietudes sobre la voluntad de pago futuro de la deuda externa, una acusación que instala incertidumbre y alimenta el debate público sobre sostenibilidad fiscal y prioridades económicas. En términos prácticos, la cancelación reduce la dependencia formal de una línea contingente del FMI y subraya la apuesta del gobierno por reservas y cobertura propia.
ECUADOR
ECUADOR
SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | El movimiento indígena mantiene movilizaciones
El paro nacional en Ecuador se mantiene firme tras once días consecutivos de protestas y bloqueos en varias provincias, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). La medida que detonó esta movilización fue la eliminación del subsidio al diésel decretado por el presidente Daniel Noboa, lo que provocó un fuerte aumento en el precio del combustible y afectó especialmente a comunidades rurales e indígenas. En respuesta, la CONAIE resolvió mantener el paro de forma indefinida, demandando la derogatoria del decreto, la reducción del IVA del 15% al 12%, el fortalecimiento de los servicios públicos, y el respeto a los derechos colectivos, tras un contexto marcado también por la muerte de un manifestante y numerosas detenciones.
Las protestas han generado un paralelismo entre la resistencia social y la respuesta estatal, con enfrentamientos y actos represivos. Destacan episodios como la retención de militares por parte de manifestantes en la provincia de Imbabura, quienes fueron liberados luego de varios días en condiciones deplorables, con evidentes signos de maltrato. El gobierno ha denunciado los bloqueos en vías esenciales que obstaculizan el transporte de insumos médicos vitales hacia hospitales, mientras la CONAIE ha habilitado corredores humanitarios y asegura que su lucha no va contra el pueblo sino en defensa de la dignidad y la vida.
Esta crisis social pone en evidencia la profunda conflictividad política y económica interna, pues aunque el gobierno ha ampliado feriados y ha mantenido un discurso firme negándose a revertir el decreto, la presión de diversos sectores continúa creciendo. Las movilizaciones concentran su fuerza en provincias clave como Imbabura, Cotopaxi y otras regiones andinas y amazónicas, afectadas por bloqueos que dificultan las actividades cotidianas y la circulación general. El llamado a la unidad nacional para enfrentar las consecuencias del paro se contrapone con la creciente demanda de diálogo y cambios sustanciales por parte del movimiento indígena.
PARAGUAY
PARAGUAY
SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Masivas protestas contra la corrupción
En Paraguay, decenas de personas se manifestaron a fines de septiembre de 2025 en contra del gobierno del presidente Santiago Peña, en un clima de creciente rechazo a la corrupción generalizada. Las protestas, convocadas principalmente por jóvenes que se identifican como la «Generación Z», se centraron en exigir transparencia y el fin de los escándalos de corrupción que afectan a la administración pública, incluidos casos recientes como el hallazgo de grandes sumas de dinero en la residencia presidencial. Los manifestantes también reclamaron mejores políticas públicas para la educación y la salud, sectores que consideran seriamente afectados por la mala gestión y la corrupción.
Estas movilizaciones se desarrollaron en medio de un despliegue policial masivo en el centro de Asunción, con miles de agentes desplegados para contener a los manifestantes que recorrieron las calles hasta el Congreso. A pesar de un ambiente tenso y algunos enfrentamientos, la mayoría de las protestas fueron pacíficas. Los jóvenes dejaron claros sus mensajes con pancartas y consignas como «Somos el 99,9%. No queremos corrupción», señalando que su lucha no pertenece a ningún partido político, sino a un sector social cansado de la impunidad. Los manifestantes denunciaron excesos en el uso de la fuerza y pidieron la liberación de quienes fueron detenidos durante las acciones.
Paralelamente, las demandas de los pueblos indígenas también generaron tensiones en Paraguay: tras protestas indígenas relacionadas con la gestión del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el titular del organismo renunció, evidenciando un descontento profundo con el manejo institucional y la falta de atención a las comunidades originarias. Así, Paraguay enfrenta un momento de convulsión social que une a sectores amplios de la sociedad en pedidos de cambios estructurales para combatir la corrupción, mejorar los servicios públicos y respetar los derechos de pueblos históricamente marginados. Estos movimientos sociales presionan al gobierno para que adopte reformas profundas en un escenario político y social muy crítico.
PERÚ
PERÚ
SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Continúan las protestas y se intensifica la represión
Las protestas de transportistas en Perú se intensificaron durante los primeros días de octubre de 2025, con un paro convocado en Lima y Callao el 2 de octubre que afectó a cientos de conductores y usuarios. Los gremios del transporte exigían al Congreso y al gobierno medidas concretas para enfrentar la ola de extorsiones, sicariato y violencia que ha cobrado la vida de varios trabajadores del sector este año. La movilización incluyó marchas hacia el Congreso y fue acompañada por reclamos de mayor seguridad y la creación de una unidad especializada para combatir el crimen organizado que afecta a los choferes.
La respuesta policial incluyó detenciones y enfrentamientos, generando al menos 17 arrestos entre manifestantes durante las protestas, según reportes oficiales. Las autoridades fueron criticadas por algunas intervenciones consideradas excesivas frente a los manifestantes, lo que alimentó la tensión en la capital. A pesar de los incidentes, el paro logró visibilizar el grave problema de inseguridad que viven los transportistas, quienes representan un sector vulnerable y fundamental en la logística y movilidad urbana.
Tras la jornada de protestas, se concretó una reunión entre los dirigentes de los gremios y las autoridades del Congreso para buscar una solución a los conflictos. El presidente del legislativo peruano se comprometió a impulsar un Grupo de Élite integrado por Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial para atacar la extorsión y la violencia criminal, poniendo en marcha la principal demanda de los transportistas. Esta negociación llevó a la suspensión del paro, con esperanzas de que las medidas contribuyan a mejorar la seguridad y condiciones laborales de los trabajadores.
VENEZUELA
VENEZUELA
DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Avanza la firma del decreto de Conmoción Exterior
En contestación ante las agresiones estadounidenses en la zona del mar Caribe, el presidente Nicolás Maduro afirmó el lunes 29 de septiembre tener listo el decreto para establecer el estado de Conmoción Exterior, dando inicio al proceso de consulta nacional sobre esta medida, informando la necesidad de tomar estas medidas para hacer frente a situaciones de amenaza a la seguridad nacional por parte de fuerzas extranjeras. Maduro informó en su programa semanal Con Maduro+ que la medida busca proteger y dar seguridad al pueblo venezolano frente a cualquier situación. Destacando además el gran apoyo recibido por parte de las Naciones Unidas en la denuncias por agresiones emitidas por parte del gobierno venezolano ante el organismo.
Este decreto establecido en el artículo 338 de la Constitución nacional cuenta con el respaldo de organismos de los poderes públicos, tanto de la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. De formalizarse este decreto, se contempla la toma de decisiones extraordinarias para garantizar la defensa del país. Si bien podrían restringir ciertos derechos civiles y darse un control de los medios de comunicación, quedan prohibidas las restricciones a los derechos a la vida, así como la tortura o el derecho al debido proceso y demás derechos humanos intangibles.
RELACIONES EXTERIORES | ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Reunión del comité ministerial de la OPEP
El miércoles 1 de octubre la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, participó vía videoconferencia en la 62° reunión del Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Con la participación de los Estados miembros de la OPEP y OPEP+ se revisaron las diferentes acciones emprendidas por la organización en el mercado petrolero mundial, así como también se evaluaron los informes de producción de crudo para los meses de julio y agosto de 2025 y la supervisión del cumplimiento de los ajustes de producción decididos en la 38ª reunión ministerial de la OPEP.
A pesar de las situaciones de tensiones comerciales y geopolíticas, así como de las sanciones unilaterales, Venezuela continúa con su compromiso de sostener un mercado petrolero equitativo y justo, pensando en el beneficio de los pueblos.
En relación al tema hidrocarburos, la petrolera estatal PDVSA informó que las exportaciones de petróleo promediaron 1, 09 millones de barriles diarios (bdp) en septiembre, siendo el nivel más alto registrado desde febrero de 2020.
Según PDVSA, el promedio de septiembre fue 13% superior en comparación con el mes anterior y un 39% de aumento si tomamos como referencia el mismo mes del 2024. El principal destino de las exportaciones petroleras continúa siendo la República Popular China quien absorbe alrededor del 84% de dichas exportaciones.
ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Inicio de la cosecha cafetalera y acuerdo de precios de referencia del sector
El miércoles 1 de octubre se realizó una jornada de trabajo técnica en Caracas en donde se acordaron precios referenciales del café verde para la cosecha 2025-2026. En esta reunión se encontraban presentes representantes del sector cafetalero, tanto pequeños y medianos productores como representantes de la agroindustria. Estos precios de referencia estarán diferenciados según la calidad del grano. A su vez este encuentro permite avanzar en la consolidación de acuerdos entre los distintos actores del sector cafetalero para el establecimiento de precios justos que reconozcan el esfuerzo del campesinado y estimulen la calidad del producto fortaleciendo la cadena de valor del café venezolano según directivas de políticas productivas impulsadas por el gobierno.
En relación al impulso de la producción cafetalera nacional, el gobierno nacional anunció que se dio inicio a la cosecha cafetalera 2025-2026, la cual abarca una superficie de 237 mil 879 hectáreas distribuidas en 136 municipios de 20 estados del país. Con la participación de más de 58 mil caficultores se observa un fortalecimiento del rendimiento por hectárea, el cual pasó de 18 a más de 20 quintales por hectárea proyectando al café como motor económico de Venezuela tanto para el mercado interno como para la exportación.

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