El Gobierno anunció la suspensión de las extradiciones a Estados Unidos de guerrilleros que sean negociadores o miembros activos de los procesos de paz total, como parte de su estrategia para incentivar el sometimiento y la negociación con grupos armados. Según el nuevo ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, la medida se aplicará únicamente a quienes estén acreditados oficialmente en las negociaciones, no a quienes continúen delinquiendo, y se considera un beneficio condicionado para fomentar la desmovilización. También explicó que el Gobierno invocará el artículo 35 de la Constitución, que permite al presidente negar extradiciones cuando afecten la paz nacional. La decisión ha generado debate por su impacto en la cooperación judicial con Estados Unidos, mientras el Ejecutivo insiste en que es una herramienta legítima de política de paz.
En contraste con estas negociaciones, la situación de orden público en varias regiones se deteriora. En el Cauca, las disidencias de las FARC, especialmente el Estado Mayor Central, imponen control territorial, amenazas y restricciones de movilidad a la población civil. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana advirtiendo del riesgo de confinamiento, reclutamiento forzado y violencia generalizada, señalando que el conflicto se ha recrudecido tras el fin del cese al fuego con ese grupo. Mientras tanto, las fuerzas militares enfrentan ataques armados que afectan a la población, con desplazamientos y homicidios que agravan la crisis humanitaria.
