La reforma de pensiones en Chile, promulgada en marzo de 2025, establece un aumento gradual en la cotización que deben realizar los empleadores para mejorar las pensiones actuales y futuras. A partir de agosto de 2025, los empleadores deberán aportar un 1% adicional sobre la remuneración imponible de cada trabajador, sumándose al 1,5% que ya aportan para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Este aumento proseguirá gradualmente hasta llegar a un 7% adicional en agosto de 2033, totalizando así un aporte patronal del 8,5%, el cual es exclusivamente a cargo del empleador y no afecta los sueldos de los trabajadores.
Este 1% inicial se distribuye en un 0,1% que se destina directamente a la cuenta individual del trabajador en la AFP, aumentando su ahorro previsional, y un 0,9% que se integra al nuevo Seguro Social Previsional, administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Este seguro financiará beneficios como la compensación por la diferencia de expectativa de vida entre mujeres y hombres, buscando corregir la brecha previsional debido a la mayor longevidad femenina. En etapas posteriores se incorporarán beneficios adicionales, como la cotización con rentabilidad protegida y la compensación por años cotizados.
Además, la reforma contempla la ampliación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que desde septiembre de 2025 llegará a 250 mil pesos mensuales para personas mayores de 82 años, con ampliaciones posteriores para otros grupos etarios. El nuevo esquema también asegura el cumplimiento y fiscalización del pago de estas cotizaciones por parte de empleadores, utilizando plataformas electrónicas como Previred para la declaración y pago oportuno. En conjunto, estas medidas buscan dotar al sistema chileno de pensiones de mayor sostenibilidad y equidad para las futuras generaciones de pensionados.
