La propuesta de Daniel Noboa para convocar a una Asamblea Constituyente mediante elección popular tuvo obstáculos legales ante la Corte Constitucional (CC). Inicialmente, ante un decreto ilegal de convocatoria a una Constituyente, la CC admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad, llevando a la suspensión temporal de la medida. En respuesta, el gobierno de Noboa optó por derogar el decreto, firmando uno nuevo y convocando nuevamente a la consulta popular, en un intento de sortear las objeciones legales y mantener viva la iniciativa.
El nuevo decreto fue analizado por la CC, organismo que pidió ajustes, especialmente en cuanto a la forma de elección de los constituyentes. Una vez que el gobierno realizó los cambios solicitados, el Tribunal dio finalmente luz verde al referéndum, permitiendo que la iniciativa de reforma avance al plano electoral. Con dicha aprobación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) asumió la potestad para iniciar el proceso, fijando la fecha de las elecciones para el 16 de noviembre y el inicio de la inscripción de las fuerzas políticas para la campaña electoral.
El debate en torno a la Constituyente ha trascendido la legalidad para centrarse en la composición y representación del posible nuevo órgano. Diversas organizaciones políticas han centrado sus críticas precisamente en la fórmula de representación y en el número de escaños planteados por el Ejecutivo, cuestionando la representatividad y la autoridad que tendría la nueva Asamblea. Esto sugiere que la campaña electoral se desarrollará no solo sobre la necesidad de una nueva Constitución, sino también sobre la viabilidad y legitimidad del modelo propuesto por el gobierno.
Además de la pregunta sobre la instalación de la nueva Asamblea Constituyente, la ciudadanía tendrá que definir si el país admitirá nuevamente la instalación de bases militares extranjeras y abandonar la responsabilidad estatal de financiar a los partidos políticos. Las preguntas marcan el inicio de una nueva etapa de debate político, centrada en la posibilidad de cambiar los cimientos del poder público.
