José Luis Espert, candidato de La Libertad Avanza (LLA) al Congreso, está envuelto en un escándalo que sacude el mundo político argentino, vinculado al empresario Federico «Fred» Machado, acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude millonario. Machado, detenido en Argentina y bajo prisión preventiva domiciliaria en Viedma, es señalado como el principal financista opaco de la campaña presidencial de Espert en 2019. Según investigaciones y registros oficiales, el empresario no solo aportó sumas millonarias en dinero y logística —entre ellas una camioneta blindada y viajes en jet privado donde Espert voló al menos 35 veces— sino que también transfirió 200 mil dólares a nombre del diputado en 2020, operación vinculada a compañías pantalla destinadas a actividades ilícitas.

El vínculo entre Espert y Machado fue inicialmente negado por el candidato, quien sostenía que sólo se había cruzado una vez con el empresario antes de 2019. Sin embargo, tras la publicación de evidencia bancaria y testimonios, Espert reconoció haber recibido ese pago de 200 mil dólares por un supuesto trabajo de consultoría para una minera guatemalteca de la que Machado era intermediario. Según Espert, nunca fue financiado por Machado en 2019; sin embargo, ex aliados y documentos contradicen esa versión, señalando que los aportes a la campaña no fueron declarados y que el empresario controlaba mecanismos financieros claves en la operación electoral. El patrimonio de Espert evidencia un crecimiento inexplicable paralelo a esos movimientos, con la compra de una casa en San Isidro, la adquisición de un BMW 240i 0 km y la creación de una sociedad pantalla en 2019-2020, Varianza SA, que no registró actividad pública y pone en cuestionamiento posibles canales de blanqueo.

El entramado judicial también involucra a una red de abogados mutuos entre Espert, el presidente Javier Milei y Federico Machado, lo que añade un componente político al escándalo. El defensor de Machado es Francisco Oneto, abogado también de Milei, mientras que Espert está representado por un estudio vinculado al ministro de Justicia del gobierno actual. Esta conexión genera preocupaciones sobre interferencias judiciales, ya que la Corte Suprema demoró años en avanzar en una causa crucial contra Machado, y solo recientemente retomó el expediente tras la exposición mediática. Javier Milei, aún con presión interna y pública, respaldó públicamente la candidatura de Espert, denunciando una supuesta «operación para ensuciar al gobierno» mientras el escándalo crece con evidencias que apuntan a financiamiento oscuro y una amplia red de contactos vinculados a actividades ilícitas.

La cuestión más comprometida para Espert es la disparidad entre sus declaraciones públicas y los documentos oficiales: la Justicia investiga si fondos ligados a Machado, que podrían ascender a cinco millones de dólares destinados a financiar la candidatura de Espert, terminaron engrosando su patrimonio personal. Compras de inmuebles y vehículos de alta gama, realizadas con supuestos “ingresos propios,” desatan sospechas de blanqueo, así como operaciones financieras en Estados Unidos que no fueron reportadas en las declaraciones juradas del economista. Mientras el pacto político con Milei se sostiene, el escándalo amenaza con fracturas internas dentro de La Libertad Avanza y un serio desgaste en la imagen pública de un candidato estrella en las elecciones legislativas de 2025.

En resumen, el caso Espert-Machado es un entramado que combina financiamiento electoral no declarado, vínculos con una red acusada internacionalmente de narcotráfico y fraudes millonarios, un crecimiento patrimonial explosivo en corto tiempo y conexiones jurídicas y políticas que elevan la tensión en la campaña electoral. La investigación judicial sigue en marcha mientras se examinan pruebas bancarias, testimonios y movimientos societarios para esclarecer el alcance real del escándalo y sus responsables políticos.