El domingo 5 de octubre, el presidente Donald Trump volvió a confirmar públicamente un nuevo ataque contra un buque frente a las costas de Venezuela. El anuncio se realizó durante un acto conmemorativo del 250.º aniversario de la Armada estadounidense. Se trata de la consolidación del uso de la fuerza militar directa contra presuntos narcotraficantes en aguas internacionales, sin procesos judiciales ni evidencia verificable.

En su discurso, Trump volvió a declarar que los ataques habían logrado “eliminar por completo” las embarcaciones vinculadas al narcotráfico y advirtió que, si los traficantes no podían ingresar por mar, Estados Unidos “empezaría a buscarlos en tierra”. Un discurso interpretado como una señal de que los ataques podrían expandirse hacia territorio venezolano. De manera simultánea, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó tener “toda la autorización necesaria” para continuar y profundizar los ataques que vienen realizando en el Caribe, basándose en la designación de los cárteles como grupos terroristas, lo que (según alega mediante un razonamiento peculiar, reñido con el derecho internacional) le otorgaría a Washington la facultad de realizar acciones “en defensa propia”.

El lunes 6 de octubre funcionarios estadounidenses aseguraron que Trump había ordenado cancelar cualquier esfuerzo de acercamiento diplomático con el gobierno venezolano, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a suspender cualquier negociación. Grenell mantenía una política de acercamiento con Caracas para buscar una salida diplomática, lo que lo había enfrentado con Marco Rubio, quien mantiene un enfoque más agresivo hacia la región.

La decisión coincidió con un incremento notable de la presencia militar en la región: más de seis mil 500 efectivos desplegados y una flota ampliada de buques de guerra y submarinos. Este despliegue, considerado por analistas como excesivo para operaciones de interdicción marítima, empezó a alimentar las sospechas de que Washington se prepara para una nueva fase de sus ataques en el Caribe.

El 7 de octubre surgió información adicional que reconfiguró el debate político en Washington. Fuentes legislativas revelaron la existencia de una opinión jurídica clasificada de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que otorgaría facultades al presidente para ordenar ataques letales contra una lista secreta de cárteles y presuntos narcotraficantes. Este documento, elaborado con la participación de múltiples agencias de seguridad nacional, interpretaba que los cárteles representaban una amenaza inminente a los Estados Unidos y, por tanto, justificaban el uso de la fuerza letal bajo los poderes presidenciales.

El contenido de esa opinión, aún no divulgado públicamente, generó preocupación en el Congreso y entre juristas, quienes advirtieron que consagra un poder ejecutivo casi ilimitado para conducir una guerra sin supervisión legislativa ni control judicial. Según especialistas, la doctrina contenida en el dictamen permitiría al presidente designar de manera unilateral a individuos como “combatientes enemigos”, legitimando su ejecución extrajudicial en cualquier lugar del mundo.

La controversia alcanzó su punto más alto el 9 de octubre, cuando el Senado estadounidense debatió una resolución para bloquear los ataques en el Caribe. La propuesta, impulsada por la oposición demócrata bajo la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, buscaba reafirmar la facultad constitucional del Congreso para autorizar el uso de la fuerza militar. Sin embargo, la medida fue rechazada por un estrecho margen de 51 votos contra 48, lo que permitió a la administración continuar con la campaña. La votación evidenció la profunda división política sobre los límites del poder presidencial y el papel del Congreso en la definición de conflictos armados.

Paralelamente, el conflicto adquirió una dimensión internacional más compleja. El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció que una de las embarcaciones destruidas por Estados Unidos podría haber transportado ciudadanos colombianos y exigió la publicación de los nombres de las víctimas. Su declaración puso de relieve la falta de transparencia de las operaciones y la posibilidad de que los ataques estuvieran afectando a personas no vinculadas con el narcotráfico.

A medida que se multiplicaban las críticas, la presencia militar estadounidense en el Caribe se expandió aún más, alcanzando los diez mil efectivos y consolidando una nueva zona de tensión regional. Al mismo tiempo, Qatar inició esfuerzos diplomáticos para mediar entre Washington y Caracas, aunque la Casa Blanca mostró escaso interés en una solución negociada. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro reiteró su disposición a “defender la soberanía venezolana”, denunciando los ataques como parte de una estrategia estadounidense orientada a su derrocamiento.

Lectura recomendada: «Trump aumenta la presencia militar cerca de Venezuela y Catar busca mediar» en New York Times.