La megaoperación policial en Río de Janeiro contra la facción Comando Vermelho, con más de cien muertos —la más letal de la historia del país—, produjo una crisis política que trascendió el ámbito local. Aunque la seguridad pública es competencia de los gobiernos estatales y municipales, el episodio obligó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva  a intervenir ante el riesgo de que la oposición lo responsabilizara por omisión y capitalizara el tema en clave electoral.

El gobernador Cláudio Castro acusó al Ejecutivo de no haber prestado apoyo federal, lo que abrió una disputa pública de narrativas. Desde el Palácio do Planalto, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski y el propio Lula respondieron que la acción fue “cruenta” y que el combate al crimen debe centrarse en las redes financieras y logísticas del narcotráfico, no en operaciones de exterminio.

En paralelo, Lula ordenó acelerar el envío al Congreso del proyecto de ley “antifacción”, que actualiza la Ley de Organizaciones Criminales, endurece penas hasta 30 años e introduce el Banco Nacional de Organizaciones Criminales. Con esta medida, el Planalto busca mostrar autoridad e iniciativa política, equilibrando el discurso humanitario con la presión por mayor control estatal sobre el crimen. La Secretaría de Comunicación lanzó además una campaña pública contra la “lógica del enfrentamiento”, destacando que “matar no es solución” y promoviendo el combate financiero y estructural a las facciones. Este reposicionamiento intenta neutralizar el discurso punitivista de la derecha y reforzar la imagen de un Lula comprometido con el orden, pero bajo la legalidad democrática.

La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, intervino públicamente al día siguiente de la megaoperación policial en Río de Janeiro, calificando como insuficientes las “acciones aisladas de los estados” y señalando que la tragedia evidencia la urgencia de avanzar la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Seguridad Pública del gobierno federal. Según Hoffmann, la operación “pondrá de manifiesto” la necesidad de una coordinación nacional de seguridad, con participación reforzada de la Polícia Federal y otros órganos federales en el diseño y ejecución de acciones conjuntas, más allá del envío de tropas o recursos materiales.

El episodio de Río expuso una de las principales fragilidades del tercer mandato de Lula: la falta de una política de seguridad pública federal articulada. La oposición intenta asociar la tragedia con supuesta inacción del Planalto, mientras el gobierno busca reconvertir la crisis en una oportunidad para retomar el control narrativo y proyectar autoridad. El movimiento simultáneo de Lula endureciendo el marco legal contra las facciones y Guilherme Boulos recuperando el protagonismo social del gobierno revela un esfuerzo coordinado para reencuadrar la seguridad como política de Estado con base democrática, evitando que el bolsonarismo imponga su retórica de “guerra interna”.