La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia de autorizar la integración entre Tigo y Movistar, pero bajo una serie de condiciones estrictas, reconfigura el panorama de las telecomunicaciones en el país. Según la SIC, la operación podría traer beneficios en eficiencia, calidad del servicio y ampliación de cobertura, aunque también reconoció que el operador resultante, junto con Claro, llegaría a concentrar cerca del 90 % del mercado de telefonía e internet móvil, lo que generó la necesidad de imponer salvaguardas para evitar un debilitamiento de la competencia. Entre las condiciones establecidas se incluye que el nuevo operador mantenga la continuidad de los planes actuales de sus usuarios y que no utilice su tamaño para desplazar a competidores, especialmente en el segmento de internet fijo o en la relación con los Operadores Móviles Virtuales, a quienes se les deberán ofrecer condiciones más favorables para acceder a la red y así evitar que la integración termine arrinconando a los actores más pequeños. También se exigió que no haya deterioro ni desmonte de infraestructura ni una reducción de cobertura, algo que la SIC consideró clave para que la operación no termine afectando zonas rurales o con servicios históricamente más frágiles.
Tanto Millicom, matriz de Tigo, como Telefónica Hispanoamérica, matriz de Movistar, expresaron satisfacción con la decisión. Aun así, no todas las voces del sector reaccionaron en la misma línea. WOM, uno de los competidores más jóvenes, criticó las condiciones impuestas y afirmó que podrían resultar insuficientes para contener los efectos de la concentración. La empresa incluso advirtió que, si la regulación no se aplica con firmeza, los usuarios podrían enfrentar incrementos tarifarios que rondarían el 22 %.
El contexto en el que ocurre esta integración también ayuda a entender su impacto. El mercado colombiano de telecomunicaciones enfrenta presiones por tarifas a la baja que reducen los márgenes, grandes exigencias de inversión por el despliegue de redes 5G y obligaciones regulatorias que algunos operadores han debido renegociar. En ese escenario, la unión de Tigo y Movistar aparece como una estrategia para ganar escala y competir con mayor fuerza frente a Claro, aunque a costa de aumentar el riesgo de concentración. La autorización de la SIC, entonces, funciona como una especie de equilibrio: permite que las empresas avancen en su integración, pero mantiene un marco de vigilancia destinado a evitar abusos de posición dominante y a preservar las condiciones necesarias para la competencia.
