El expresidente boliviano, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS) fue aprehendido por su presunta vinculación con el caso Fondo Indígena, un mecanismo que, según funcionarios del gobierno actual, se había transformado en uno de los mayores casos de corrupción del Estado. Tras la detención, la Fiscalía imputó a Arce y solicitó a la justicia que se le dictara tres meses de detención preventiva en la cárcel de Qalahuma.

La acción judicial se ejecutó después de que el presidente Rodrigo Paz activara diez “comisiones de la verdad” con el objetivo de investigar supuestos actos de corrupción suscitados durante la gestión de los gobiernos del MAS. El presidente Paz, al comentar sobre el caso, había instado a la Fiscalía a ser diligente y a «evitar la fuga de responsables del daño económico al país», pidiendo a la justicia que los «responsables de corrupción no se escapen«. Esto posiciona a la detención de Arce como parte de una ofensiva sistemática y respaldada por el ejecutivo contra el masismo.

La detención fue inmediatamente celebrada por el vicepresidente Edmand Lara, quien, a pesar de su conocido conflicto con el presidente Paz, se alineó con la acción judicial y felicitó a la Policía por la captura. Lara reforzó la narrativa oficial anticorrupción al declarar que «los que han robado a la Patria van a devolver hasta el último centavo«.

La detención de Arce se utilizó como plataforma para intensificar los ataques políticos contra Evo Morales. Varios actores políticos oficialistas intentaron vincular directamente a Morales con la trama del Fondo Indígena. El expresidente Tuto Quiroga fue uno de los más duros, acusando a Morales de «liderar un andamiaje delincuencial», en un intento de criminalizar la estructura política del MAS. De hecho, esta ofensiva política recibió respaldo del Congreso, donde diputados bolivianos pidieron enjuiciar directamente a Evo Morales por el mismo caso.

Ante la magnitud de la avanzada judicial y las acusaciones políticas, los seguidores de Evo Morales respondieron centrándose en fortalecer la seguridad del líder indígena. Luego de la detención del expresidente Arce y las posibles repercusiones del caso en su contra, el evismo advierte que el cerco judicial se está cerrando en torno a las distintas fuerzas progresistas del país.