El debate sobre la reforma al sistema de salud en Colombia se intensificó hacia el cierre de 2025, marcado por el estancamiento legislativo del proyecto impulsado por el gobierno y por medidas administrativas orientadas a atender las dificultades del sector. En ese marco, el Ministerio de Salud expidió una resolución que da inicio a la construcción de un Plan Inmediato de Acción en Salud, concebido como una respuesta a problemas estructurales como el desabastecimiento de medicamentos, las fallas en la prestación del servicio y las tensiones financieras del sistema. La iniciativa, presentada como un primer paso en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional, no fija aún plazos concretos para su implementación.
En el Congreso, la reforma a la salud fue archivada en la Comisión Séptima del Senado, lo que impidió su avance durante el periodo legislativo de 2025. Aunque el gobierno presentó una apelación para que el proyecto sea discutido en la plenaria del Senado, esta no pudo tramitarse antes del cierre de las sesiones, por lo que el futuro de la iniciativa quedó aplazado para 2026. Desde el oficialismo se cuestionó la decisión de los senadores que votaron por el archivo, mientras que sectores opositores argumentaron que la propuesta carecía de consensos políticos, claridad técnica y garantías financieras suficientes.
El Ejecutivo ha señalado que insistirá en la apelación como mecanismo para reabrir el debate en la próxima legislatura, aunque este escenario estará condicionado por el inicio de las campañas electorales de 2026, un factor que introduce incertidumbre sobre las prioridades del Congreso. Analistas sostienen que el sistema actual presenta fallas estructurales, especialmente en la situación financiera de las EPS y en la gestión de los recursos, y plantean a la reforma como una respuesta necesaria frente a un modelo considerado insuficiente para garantizar el derecho a la salud.
Las reacciones políticas también han vinculado el hundimiento del proyecto con el contexto electoral, la senadora Angélica Lozano atribuyó la caída de la reforma a la falta de acuerdos amplios y señaló que la crisis del sistema se refleja en el desabastecimiento de medicamentos y en el aumento del gasto de bolsillo de los pacientes, temas que, según afirmó, deberán ocupar un lugar central en la agenda legislativa del próximo periodo. De este modo, el cierre de 2025 deja un escenario en el que coexisten intentos de respuesta administrativa a la crisis sanitaria y un bloqueo político que posterga la definición de la reforma estructural para 2026.
