El gobierno de Rodrigo Paz avanza con la implementación de medidas económicas de ajuste estructural. El Ejecutivo anunció una reforma aduanera y una fuerte reducción del gasto fiscal como parte del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2026. La estrategia incluye reforma aduanera e, incluso, la eliminación de impuestos, con el declarado fin de reactivar la economía boliviana vía el incentivo a la inversión privada.
En este marco, Paz anunció que levantará los aranceles para celulares, computadoras y otras tecnologías que no se producen en Bolivia. Su objetivo es incentivar la apertura económica. Pero la reducción de los ingresos que percibe el Estado es incongruente con sus declaraciones sobre el fondo de pensiones. En efecto, el presidente afirmó a los jubilados que «no están sus aportes«, lo que levantó alarmas sobre la seguridad de los ahorros previsionales.
Para poder justificar estas decisiones de política económica, el gobierno viene sosteniendo una retórica anti corrupción, señalando a los mandatos del Movimiento al Socialismo (MAS) como responsable de hacer del Estado su propio botín. Paz ya había dicho que se había encontrado con una “cloaca”. De esta forma, sostiene que la intervención estatal en la economía, el gasto y el cobro de impuestos no sólo habría ocasionado la crisis actual, sino que tenía la intención de favorecer los intereses de un partido.
Este encuadre también le es útil para disciplinar al MAS como fuerza opositora. Al respecto, el gobierno anunció una serie de investigaciones por supuestos actos de corrupción en varias oficinas del Estado. Así, Paz expresó “preocupación” sobre la capacidad del sistema judicial para manejar el volumen de casos que avizora y que cree que la justicia «se saturará con tantos procesos por corrupción». Estas declaraciones salieron a la luz tras la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa estratégica en el manejo de los recursos naturales bolivianos. Se teme que estos movimientos deriven en un intento de privatización y extranjerización de la petrolera pública.
