La administración de Donald Trump abrió esta semana una nueva fase de su ofensiva arancelaria con dos investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El 11 de marzo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) lanzó una pesquisa sobre “exceso estructural de capacidad y producción” en 16 socios comerciales —entre ellos China, la Unión Europea, India, Japón y México—, y el 12 de marzo abrió otra sobre 60 economías por no prohibir o no hacer cumplir de manera efectiva vetos a importaciones producidas con trabajo forzado. La Casa Blanca y la USTR presentan ambas medidas como una defensa de la “reindustrialización” estadounidense: sostienen que la sobreproducción extranjera, los subsidios, la capacidad ociosa y los estándares laborales laxos distorsionan la competencia y perjudican a la industria y a los trabajadores de Estados Unidos. Estas investigaciones son el paso legal previo que puede desembocar en nuevos derechos aduaneros o restricciones de importación tras consultas formales, comentarios públicos y audiencias.

La nueva estrategia llega después de que la Corte Suprema, el 20 de febrero, anulara buena parte de los aranceles globales que Trump había impuesto invocando la ley de emergencias IEEPA, al considerar que el presidente había excedido su autoridad. Desde entonces, la administración busca reconstruir esa presión comercial usando otras bases legales que sí sobrevivieron al fallo. Washington intenta reemplazar los ingresos y la palanca política perdidos con el revés judicial: primero recurrió a un arancel general transitorio del 10% bajo la Sección 122, y ahora acelera la vía de la Sección 301 para darles sustento a los futuros gravámenes.

La investigación por sobrecapacidad apunta a sectores sensibles como acero, automóviles, baterías, semiconductores, paneles solares y maquinaria, mientras que la pesquisa por trabajo forzado cubre a 60 socios. Se abrió un calendario acelerado: para la investigación sobre sobrecapacidad estructural, la apertura de expedientes será el 17 de marzo de 2026, el plazo para comentarios y pedidos de comparecencia el 15 de abril de 2026, y la audiencia pública desde el 5 de mayo. Para la investigación sobre trabajo forzado, la audiencia pública será el 28 de abril y puede continuar hasta el 1 de mayo. Ya hubo respuestas defensivas: China rechazó la acusación de sobrecapacidad como una “proposición falsa”, y en Europa reapareció el temor a una nueva escalada que desborde los acuerdos comerciales ya negociados con Washington.