La política migratoria de Estados Unidos continúa ocupando el centro del debate público, en medio de un creciente rechazo ciudadano. Según una encuesta de Reuters/Ipsos, la aprobación a la gestión migratoria del presidente Trump cayó al 41 %, el nivel más bajo registrado en su mandato. Las cifras reflejan el descontento frente a las redadas masivas y las deportaciones exprés que se intensificaron en los últimos meses, y que derivaron en protestas en numerosas ciudades como Los Ángeles, Houston y Chicago.

El gobierno de Trump, a través de un memorando interno de ICE del 8 de julio, ha puesto en vigor una nueva política que negará audiencias de fianza («bond hearings«) a los inmigrantes que ingresen ilegalmente a EE. UU. Esta estrategia busca retener a los inmigrantes en detención durante todo el proceso migratorio, sin opción de libertad condicional, y está respaldada por un reciente presupuesto aprobado por el Congreso que financia centros con capacidad para al menos 100 mil detenidos.

A esto se suma una fuerte controversia por la decisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de compartir con ICE los datos personales de más de 79 millones de beneficiarios de Medicaid. La medida busca cruzar información para localizar a migrantes sin estatus legal, pero ha desatado críticas de organizaciones de derechos civiles por posibles violaciones a las normativas de privacidad protegidas por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA).

Esta semana, el Pentágono anunció la retirada de dos mil efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, casi la mitad de los desplegados, tras semanas de disturbios. La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, atribuyó la retirada a la resistencia organizada de la población, mientras que el gobernador Gavin Newsom, quien mantiene una demanda contra el gobierno federal por el uso de tropas en tareas de seguridad civil, denunció que los soldados fueron utilizados como “peones políticos” y exigió el regreso completo de las fuerzas a sus comunidades.