La relación entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional del Ecuador (CC) se volvió altamente conflictiva. La CC suspendió de manera cautelar artículos clave de las leyes de Inteligencia, Integridad Pública y Solidaridad recientemente aprobadas. Estas polémicas legislaciones otorgan amplios poderes al presidente y a las instituciones del orden para tomar decisiones en el marco del conflicto armado interno declarado por Noboa.
Entre algunos de los artículos suspendidos se encuentran la potestad del presidente de declarar por sí mismo la situación de conflicto armado e indultar a miembros policiales y de las fuerzas armadas por potenciales delitos cometidos en el marco del combate al crimen organizado, así como permitir a las fuerzas de seguridad el uso de fuerza letal o la obligación de las empresas de telecomunicaciones de entregar información de sus usuarios sin orden judicial.
En respuesta, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, el presidente de la Asamblea Nacional Niels Olsen y el «Bloque de seguridad«, instaron a la Corte a ser «sensible al clamor del pueblo» y a no obstruir las leyes que consideran vitales para la seguridad. Por su parte, el presidente Noboa convocó a una marcha a la sede de la CC para el 12 de agosto. Esta movilización es una muestra de presión política por parte del Ejecutivo para que la Corte apruebe sus proyectos de ley, en un contexto donde organizaciones como Human Rights Watch y la relatora especial de la ONU en materia de independencia judicial han expresado su preocupación por la independencia judicial en el país.
Finalmente, en un intento por consolidar su agenda, el gobierno también presentó un nuevo paquete de siete preguntas para una consulta popular y referendo a realizarse en el mes de diciembre. En esta oportunidad el presidente propone una pregunta para someter a los jueces constitucionalistas al control político de la Asamblea Nacional, habilitando su posible destitución. Adicionalmente, tres de estas preguntas ya habían sido sometidas a consulta en el pasado y habían sido rechazadas: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, reducir el número de legisladores y permitir el contrato por horas en el sector turístico. La misma CC será la responsable de aprobar o rechazar estas preguntas, antes que la ciudadanía decida por sí o por no.
